El Gobierno central y Xunta de Galicia apuran las horas para presionar a Alcoa para que frene el ERE que tiene previsto aplicar esta misma semana. Ambas Administraciones coinciden en la necesidad de acudir a la vía judicial para parar el despido colectivo y garantizar la continuidad de la producción de aluminio primario en San Cibrao. Lo adelantaba la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el Senado: “El Gobierno sigue comprometido con la factoría de Alcoa en A Mariña y estamos analizando en estos momentos todos los instrumentos disponibles dentro del ordenamiento jurídico y del marco de la Comisión Europea para garantizar un futuro industrial”. Mientras los trabajadores de Alcoa San Cibrao y de las empresas auxiliares continúan la huelga indefinida que comenzaron hace más de una semana con guardias las 24 horas para impedir que salga de la factoría el aluminio elaborado (sí dejan salir producto esencial destinado a farmacias y a plantas depuradoras de diversos puntos de España). Alcoa tiene hasta el martes, día 13, para tomar una decisión, que al cierre de esta edición, no se ha producido. Inicialmente su intención, de continuar el plan establecido, es aplicar un ERE, un despido colectivo para unos 500 trabajadores de la planta de aluminio primario que tendría efecto sobre centenares de empleados de las auxiliares. Los trabajadores esperan que ambas Administraciones “cumplan su palabra”.