La vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anticipado que «probablemente» el Gobierno rebaje de forma temporal la fiscalidad aplicada a la electricidad, suspendiendo alguno de sus impuestos, para rebajar la factura, en línea a lo realizado en otras ocasiones. Al poco de llegar al Gobierno, en 2018, Ribera decidió suspender la aplicación del Impuesto sobre la generación de la electricidad del 7% que pagan las empresas para fomentar una rebaja de la factura en unas fechas en las que se produjo una escalada de precios.
«No es descartable que haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento, la suspensión de unos elementos fiscales con carácter excepcional y provisional», ha dicho Ribera, sin mencionar concretamente ningún tipo impositivo. Pero no es el único.
A las pocas horas de las declaraciones de la ministra Ribera, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, luego confirmado por el ministerio de Hacienda, avanzaba que también se estudia la reducción del IVA del 21% al 10%. Por otra parte, Garzón ha asegurado también que el Gobierno estudia «acelerar la entrada en vigor» el recorte a la sobrerretribución que reciben las centrales nucleares e hidráulicas por los dividendos de CO2 vía decreto de ley urgente «justificado por la situación actual de la factura de la luz», una petición que había hecho precisamente unos minutos antes su compañero de partido, Juantxo López de Uralde, en la Comisión para la Transición Ecológica.
En estos días los precios mayoristas, que marcan el precio del consumo para los clientes de la antigua tarifa PVPC y que ya tienen la nueva factura de electricidad, están disparados. Se rozan cifras cercanas a máximos anuales -94,63 euros por MWh por los casi 95 récord del temporal Filomena- por el coste de los derechos de emisión de CO2, la poca aportación renovable y nuclear y una mayor demanda por la ola de calor.