Nuria Díaz ■
Cuando parecía que el ‘apagón’ estaba a la vuelta de la esquina con una Europa en plena transición ecológica, la guerra de Rusia en Ucrania y los problemas de suministro han vuelto a poner sobre la mesa a la nuclear. Tanto es así que no sólo Europa está en pleno proceso para que se la considere una energía ‘verde’, sino que son varios los países de nuestro entorno que ya han modificado sus planes. Francia, pero también Bélgica, Finlandia o Suecia, planean construir más centrales, Alemania baraja alargar la vida útil de las suyas y en España son cada vez más las voces que piden al Gobierno que revise su Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para alargar los plazos. Movimientos todos ellos que se producen mientras la UE quiere que la nuclear sea etiquetada como ‘verde’. La nueva crisis energética ha dado un golpe al tablero.
Hasta Greta Thunberg ha dicho en una entrevista en la cadena pública alemana ARD, que es “un error” que Alemania cierre sus tres nucleares si eso supone quemar más carbón: “Si ya las tenemos en funcionamiento, creo que es un error cerrarlas para centrarnos en el carbón”. Puede parecer una anécdota, que lo es, pero si demuestra que el debate ‘nucleares si, nucleares no’, como si fueran los años 70, vuelve a estar sobre la mesa.
Alemania quiere alargar la vida de sus tres últimas centrales, que proporcionan cerca de un 11% de la electricidad que consume el país, y tenían previsto cerrar este 2022
El pasado 10 de febrero, el presidente francés Emmanuel Macron hacía público que pensaba construir seis centrales nucleares de nueva generación que se pondrán en marcha en 2035 y también que su Gobierno preveía ocho reactores adicionales, hasta alcanzar un total de catorce. Añadió también su intención de extender la vida útil de las centrales eléctricas, más allá de los 50 años, si es posible. El país galo, en palabras de Macron, aspira a «la independencia y la libertad» en materia energética pero lo cierto es que significa un importante cambio de rumbo sobre sus planes iniciales en materia nuclear puesto que en 2017 afirmó querer reducir en un 50% la cuota de esta energía en Francia.
Pero no es el único. Alemania también quiere alargar la vida de sus tres últimas centrales, que proporcionan cerca de un 11% de la electricidad que consume el país, y tenían previsto cerrar este 2022.
En julio, el Gobierno de Bélgica y Electrabel -empresa subsidiaria de Engie en el país-, llegaban a un principio de acuerdo para prorrogar por diez años adicionales la operación de las centrales nucleares Doel 4 y Tihange 3. En la actualidad Bélgica cuenta con siete reactores nucleares en operación (Doel 1, 2 y 3 y Tihange 1, 2 y 3) que en 2021 generaron más del 50% de la electricidad del país.
Más casos. Suecia es el tercer país europeo, tras el Reino Unido y Francia, con más reactores nucleares, operados en su mayoría por Vattenfall AB. Cuenta con ocho plantas, si bien dos de ellas, la de Barsebäck y Oskarshamn tenían previsto su desmantelamiento. Y ahora el nuevo Gobierno, de mayoría conservadora, le pedirá a Vattenfall AB que agregue centrales nucleares a medida que la economía se electrifique. En Finlandia, por su parte, que tiene cinco reactores nucleares en funcionamiento, está prevista la construcción de un nuevo reactor. Polonia, sin centrales nucleares en la actualidad, tiene planificado construir seis unidades con entre 6.000 y 9.000 MW de potencia instalada conjunta.
¿Y en España?
En España el calendario se mantiene, pero lo cierto es que la oposición, PP, Cs, Vox y PNV llevan tiempo pidiendo que se revise el Plan Nacional de Energía y clima (PNIEC) al menos en lo que respecta a la prolongación de la vida útil del parque nuclear español. Pero también algunos presidentes autonómicos socialistas como Ximo Puig, que ha planteado una prórroga de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) por la crisis energética agravada por la situación entre Rusia y Ucrania, y cuyo cierre estaba inicialmente previsto para 2030. También la Junta de Extremadura, presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara, apoyaría una prórroga de la vida útil de Almaraz, cuyo desmantelamiento está previsto para 2027 en caso de la Unidad I y para 2028 en el de la Unidad II. En el PNIEC se especifica que las labores previas al fin de la explotación deben iniciarse entre tres y, preferentemente, cinco años antes de la fecha de cese definitivo. Después, las tareas de desmantelamiento se desarrollarán durante unos diez años.
Desde el Foro Nuclear sacan pecho. “A pesar de que seis de las siete centrales nucleares en operación tuvieron que realizar paradas de recarga de combustible programadas -más largas de lo habitual por las medidas preventivas frente a la Covid-19-, el 20,8% de la electricidad producida en España en 2021 tuvo origen nuclear. Concretamente, la energía eléctrica neta producida por los siete reactores nucleares operativos fue de 54.040 GWh. La energía nuclear, con medio siglo de operación en España, es la única tecnología que lleva más de diez años consecutivos produciendo una quinta parte de la electricidad consumida”. “Teniendo en cuenta que la potencia nuclear instalada en nuestro país es de tan solo el 6,3% del total, continúan, la nuclear volvió a ser, un año más, la que produjo durante más horas equivalentes a plena potencia. Además, evitó la emisión de cerca de 20 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y la producción nuclear supuso el pasado año el 30,36% de la electricidad libre de emisiones de nuestro país, por lo que “resulta esencial en la lucha contra el cambio climático”, asegura Ignacio Araluce, presidente de Foro de la Industria Nuclear Española.
En España, aunque desde 1997 no existe moratoria nuclear, ningún Gobierno ha aprobado la construcción de nuevas centrales ni parece que las compañías tengan interés en ello
Pero lo cierto es que, aunque desde 1997 no existe la moratoria nuclear, ningún Gobierno ha aprobado la construcción de nuevas centrales ni tampoco parece que las compañías tengan ningún interés en ello. “Ninguna eléctrica tiene voluntad de cambiar el protocolo de calendario de cierre de las centrales. Ninguna lo ha transmitido ni directa ni indirectamente en nuestras reuniones, ni tampoco lo han dicho públicamente”, subrayaba recientemente el presidente de Enresa, José Luis Navarro, durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados. “El debate es económico, no sobre viabilidad técnica. Las centrales pueden seguir funcionando más tiempo desde un punto de vista técnico, pero con grandes inversiones para renovarlas”, añadía. Desde el sector nuclear se ha criticado de manera persistente las cargas fiscales que soportan las centrales para operar y se han limitado a declaraciones generales como la de Ignacio Galán señalando que las nucleares “están preparadas para funcionar durante el tiempo que sea necesario”, pero advirtiendo que eso “requerirá más inversiones y costes que habría que retribuir». Y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que si fuera necesario retrasar el cierre de las nucleares “cuatro o cinco años” para garantizar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 “no debería ser un problema”.
Comienzan las denuncias por la ‘etiqueta verde’ para la nuclear y el gas
Luxemburgo acaba de sumarse a la denuncia que Austria presentó hace unas semanas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la clasificación “verde” de la energía nuclear y el gas, aprobada por el bloque comunitario. La nueva clasificación europea de las inversiones consideradas “sostenibles” -llamada formalmente “taxonomía“- incluye las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil. El objetivo es etiquetar aquellas actividades consideradas auténticamente verdes para facilitar que se canalicen inversiones a fines sostenibles en sectores como el energético, la agricultura, el transporte o la industria, pero en la práctica no obliga ni prohíbe invertir en ellas. Mientras que Francia y algunos países nórdicos respaldaron la clasificación, que entrará en vigor el primero de enero de 2023, otros como Austria, Dinamarca, España y Luxemburgo se han opuesto.
