Nuria Díaz
Los accesos y las conexiones a la red eléctrica que demandarán los ganadores de la reciente subasta de renovables pueden incrementar el cuello de botella que ya hay si, previamente, no se resuelven varios problemas. El primero, el de las cerca de 200 causas abiertas en la CNMC por discrepancias entre las empresas eléctricas que controlan las redes de transporte y los titulares de centrales renovables que necesitan tener accesos de conexión, pero también entre quienes han visto denegadas sus peticiones y REE. El segundo, que funcione con éxito la nueva regulación puesta en marcha por el Ministerio de Transición Ecológica y el organismo que preside Cani Fernández y que persigue evitar la litigiosidad y pinchar una burbuja que lleva años cogiendo tamaño.
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, advertía hace solo unos días que la institución afronta una «auténtica marea» de conflictos abiertos en el mercado de acceso y conexión a la red de transporte de energía eléctrica, que le ha puesto en riesgo de «paralización». En su participación en el Encuentro del Sector Energético organizado por IESE y Deloitte, Fernández indicó que la CNMC ha estado recibiendo más de 180 conflictos anuales en este sentido, lo que «puede acabar desbordando sus medios y su capacidad de actuación». Prácticamente todas las semanas se registra y/ se resuelve alguno y, de hecho, ya hay ocho nuevos en lo que llevamos de año, seis en enero y dos en febrero, al cierre de esta edición.
La presidenta de la CNMC, Cani Fernandez, señala que el organismo ha estado recibiendo más de 180 conflictos anuales en este sentido, lo que puede acabar desbordando sus medios y su capacidad de actuación
Un cuello de botella que irá a más. Fuentes de la CNMC explican que “aunque el nuevo Real Decreto de acceso aprobado el pasado mes de enero, elimina la figura del interlocutor único del nudo y, previsiblemente, la conflictividad en este sentido desaparecerá, todas las peticiones anteriores a la aprobación del Real Decreto han de resolverse con la normativa anterior, por lo que por al menos durante este año es de esperar que sigamos recibiendo conflictos de este tipo”.
Además, está a punto de levantarse la moratoria para conceder permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas a nuevos proyectos de renovables que el Gobierno instauró en junio del año pasado, que se extinguía en diciembre, pero que se prorrogó tres meses más, por lo que la lista puede incrementarse.
Avales perdidos
Si algo sorprende, es el ritmo de peticiones cuando son muchos los MW adjudicados en la subasta de 2017 que no han llegado a ponerse en marcha. De los aproximadamente 3.500 MW eólicos adjudicados entre 2016 y 2017, estarían instalados un 60%. En el caso de los MW fotovoltaicos, se habrían instalado cerca del 90% de los algo más de 4.000 MW subastados. “En total, señala José María González Moya, director general de la Asociación de Empresarios de Energía Renovable (APPA), estaría instalada alrededor de un 80% de la potencia adjudicada en las subastas del 2016 y 2017. El resto, en su mayoría eólicos, ha perdido sus derechos de subasta, es decir sus avales, lo que no quiere decir que finalmente no se ejecuten. “Parte se puede perder, pero también puede ocurrir que los adjudicatarios acudan a una nueva subasta”, señala González Moya.
El pasado mes de octubre, tres años después de haber sido adjudicados, el Ministerio de Transición Ecológica canceló 22,19 MW adjudicados en 2016 iniciando los procedimientos de ejecución de las garantías de las subastas de 2017 por importe de 101,6 millones. La mayor parte de estos procedimientos de ejecución de las garantías corresponden a las subastas de 2017, con un importe estimado de 101,6 millones. Las empresas tuvieron que depositar una garantía financiera de 60.000 euros por cada MW de potencia de los proyectos, que se devolvería progresivamente según se cumplieran hitos administrativos.
Está a punto de levantarse la moratoria para conceder permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas a nuevos proyectos de renovables que el Gobierno instauró en junio del año pasado, que se extinguía en diciembre, pero que se prorrogó tres meses más
Ahora acaban de adjudicarse un total de 3.000 MW en la subasta del pasado 26 de enero y algunos expertos, como Javier Revuelta, Principal en AFRY Management Consulting, señalan que “no creo que vaya a construirse todo los subastado”.
Las peticiones están además muy por encima de lo que prevé ser instalado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. La página web de Red Eléctrica de España (REE) señala que la generación eólica y solar fotovoltaica en servicio es de 37,4GW. Además, hay 130,4 GW que no están operativos pero que ya tienen permiso de acceso.
Otros 45,3 solicitados, en curso, sin que aún hayan obtenido el permiso. Y, 118,3 GW, casi tantos como los que han obtenido permiso, a los que les ha sido denegado. “Es una burbuja, sobre todo, fotovoltaica”, señala una fuente del sector. La potencia solar fotovoltaica prevista es de 26.134 MW hasta 2030. Hay 96.775 MW de potencia con acceso. El diferencial es de más de 70.000 MW. Las cifras hablan por si solas.
Además, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que, a lo largo del año, se celebrarán nuevas subastas de capacidad renovable para poder cumplir con el compromiso de adjudicar un mínimo de 20 GW de renovables hasta 2025. La fotovoltaica, con un mínimo de 10 GW y la eólica con 8,5 GW serán las dos tecnologías dominantes.
Nueva regulación
Pese a todo, el Gobierno ya ha establecido normas jurídicas para tratar de evitar más litigiosidad en los tribunales. La propia Cani Fernández así lo explicaba destacando que el Real Decreto aprobado por el Gobierno a finales del año pasado y la propia circular de la CNMC que vio la luz el pasado mes de enero, ambas con el fin de regular los nuevos permisos de acceso y conexión para la instalación de plantas renovables, deben ayudar a «reducir y prevenir el riesgo de litigiosidad».
El pasado mes de octubre, tres años después de haber sido adjudicados, el Ministerio de Transición Ecológica canceló 22,19 MW adjudicados en 2016 iniciando los procedimientos de ejecución de las garantías de las subastas de 2017 por importe de 101,6 millones
En este sentido, apuntó a la figura del interlocutor único de nudo (IUN), eliminado en ese Real Decreto aprobado por el Ejecutivo, como «una fuente de problemas y conflictos considerables», ya que hay casos en que los operadores integrados «se han aprovechado de ello para adelantar sus promociones o retrasar la de sus competidores, en un entorno de rápida disminución de la capacidad disponible». En diciembre el organismo regulador revelaba, por ejemplo, que había abierto una investigación a Enel Green Power, perteneciente a Endesa, por supuestas conductas contrarias a la competencia en el mercado de generación eléctrica. Según informó, se trataría de un abuso de posición dominante en el mercado de acceso y conexión a la red de transporte de energía eléctrica en determinados nudos, con efectos en el mercado de generación de energía eléctrica.
Los fotovoltaicos ya piensan en la siguiente subasta
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha pedido una subasta específica de renovables para proyectos pequeños de menos de 10 megavatios (MW), que equivalga al 20% de la potencia que se adjudique, así como otra específica para proyectos de almacenamiento. Esta es una de las posibles mejoras para la subasta que planteó la asociación en el webinar ‘Análisis y resultados de la subasta REER’, que contó con la participación del director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, así como del director general de UNEF, José Donoso, o el consejero delegado de Antuko, Olivier Potart.
UNEF hizo un balance «muy positivo» de los resultados de la última subasta, celebrada el pasado 26 de enero, destacando el aspecto híbrido de la misma con algunas partes de la potencia adjudicada tecnológicamente neutral y otras no neutras, así como el hecho de que no haya plantas muy grandes –de 67 empresas, solo 5 eran plantas de más de 50 MW–, ni concentración en pocas empresas -27 empresas adjudicatarias, la mayor de la misma ha recibido solo el 15% de la potencia subastada-, informó la asociación. Además, la patronal valoró el que el 70% de las ofertas adjudicatarias sean de empresas es españolas y más del 80% de ellas, socias de UNEF, destacando la competitividad mostrada por la tecnología fotovoltaica.
