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Yolanda Díaz: cinco acuerdos en nueve meses

A la espera de la prrórroga de los ERTEs, ha pactado la subida del SMI, el permiso retribuido recuperable, la prestación para autónomos y la ley de teletrabajo

Por El Nuevo Lunes
28 de septiembre de 2020
in Economía
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La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / EUROPA PRESS

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / EUROPA PRESS

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Ana Sánchez Arjona

 

La Ley del Teletrabajo, cuya negociacion calificaba la ministra de especialmente compleja, es el quinto acuerdo que se firma en la Mesa de Diálogo Social desde que Podemos llegó al Ministerio. Yolanda Díaz ha demostrado tener mano tejiendo pactos en esta etapa de Gobierno de coalición y la pandemia ha propiciado el caldo de cultivo para resucitar el diálogo con patronal y sindicatos, ante una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Ahora, lo más urgente es acordar la nueva prórroga de los ERTEs que vencen el próximo 30 de septiembre.

 

“Cinco son los acuerdos que ya hemos alcanzado con los agentes sociales en estos meses, lo que refleja el enorme esfuerzo, las horas de diálogo y reuniones que hay detrás del Real Decreto-ley que hoy aprobamos. Una vez más, agradezco su trabajo”.
Es lo que tecleaba en twitter la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al explicar que, el último pacto firmado con los agentes sociales había supuesto realizar un gran esfuerzo por parte de todos y, sobre todo, realizar concesiones. “Quizá esta ha sido la negociación más difícil y más compleja de las que hemos realizado porque es una norma que técnicamente es compleja y me consta que todos los agentes sociales, sindicatos y patronales, han hecho una aportación teórica y práctica de primer nivel….Gracias a los agentes sociales porque se han dejado la piel con sus equipos en el desarrollo de esta norma”.

Desde el inicio de la XIV Legislatura el pasado mes de enero, el diálogo social ha conseguido cerrar su quinto acuerdo con la regulación del teletrabajo, que se ha plasmado en la Ley de Trabajo a Distancia que el Consejo de Ministros aprobó el martes pasado. La negociación “más difícil», pese a que la mayoría de los pactos anteriores se alcanzaron igualmente en plena pandemia.
Durante los últimos 9 meses, el Gobierno, los sindicatos y patronal se pusieron de acuerdo en la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros en febrero y, en plena pandemia, en la flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la puesta en marcha del permiso retribuido recuperable, en la prestación extraordinaria para autónomos, y la ley de teletrabajo, este mes de septiembre.

La crisis económica, de consecuencias aún inciertas, que está ocasionando la pandemia en España y en el resto del mundo ha apremiado a los agentes sociales a negociar y pactar acuerdos en el menor tiempo posible

La dirigente de Unidas Podemos ha demostrado que su mano tejiendo acuerdos es sinónimo de que el pacto se está convirtiendo en la norma en esta etapa de Gobierno de coalición, a pesar de las reticencias manifiestas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi que, cuando Yolanda Diaz asumió la cartera de trabajo dijo que a la patronal le daba “miedo” la batería de propuestas de socialistas y morados al llegar a Moncloa.

La covid-19 es el aceite que ha engrasado la máquina de los acuerdos. La crisis económica, de consecuencias incalculables, que está ocasionando la pandemia en España, y en el resto del mundo, ha apremiado a los agentes sociales a negociar. Lo reconocía el propio Pedro Sánchez: “Estamos lanzando acuerdos sólidos con regularidad, como estamos viendo en estos últimos meses, vinculados con la emergencia sanitaria”.

En la mesa de diálogo la ministra de Trabajo tiene, en determinadas ocasiones, un compañero de gabinete, José Luis Escrivá. Y dicen que las discrepancias entre la ministra Díaz y el ministro Escrivá, son evidentes. La última que se ha escenificado es la distintas percepciones sobre la jubilación. El titular de Seguridad Social es partidario de alargar la jubilación incluso fomentarla, mientras la titular de Trabajo considera que esa opción perjudicaría especialmente a los más jóvenes, colectivo al que le cuesta especialmente encontrar empleo.

La patata caliente, la promesa pendiente, la contrareforma laboral. Yolanda Díaz ha insistido en que se hará cuando llegue el momento, pero siempre con diálogo social. “Me gustaría que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo”

Escrivá manifestó que había que prolongar la vida laboral y retrasar la jubilación efectiva, ahora en 64,6 años, endureciendo la jubilación anticipada y fomentado la demorada. No tardó Díaz en replicar que no le parece el camino correcto porque, a su juicio, “entorpece la capacidad de incorporar a los jóvenes al mercado laboral”. “Nuestro análisis no valida ese diagnóstico, hay que mirar a largo plazo, estamos hablando de 25 años en adelante y ahí de verdad caerán las personas en edad de trabajar”.

 

Negociación de los ERTEs

Pero sobre todo las distintas formas de enfocar los asuntos que tienen sobre la mesa se ha hecho evidente en la negociación de los ERTEs la controversia se centra en los gastos. Bien es cierto que Díaz está más curtida en lo que se refiere a negociar con los agentes sociales, mientras su compañero de gobierno, no. Contra él van dirigidos principalmente los ataques de la CEOE sobre la falta de transparencia y de los sindicatos, en concreto de UGT: “la cerrazón de Seguridad Social impide que se pueda cerrar un acuerdo amplio y beneficioso”. El principal escollo radica en las exoneraciones que los agentes son partidarios de que se distribuyan directamente a las empresas y Escrivá prefiere que sean sectoriales.

No hay que olvidar que el Ministerio de Trabajo es fruto de la segregación de este departamento al comienzo de la legislatura…, dicen que porque Pedro Sánchez no quiso dejar la joya de la corona, la Seguridad Social, en manos de su socio que con el añadido de Inclusión y Migraciones. calló en manos de Escrivá, un tecnócrata sin filiación a ningún partido político, de tendencia socioliberal.

 

Los asuntos pendientes del Diálogo Social

La patata caliente, la promesa pendiente, es la contrareforma laboral. Díaz ha insistido en que se hará cuando llegue el momento, pero siempre con diálogo social. «Me gustaría que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo. Las legislaciones de la austeridad han demostrado que no sirven para esta crisis social. Por tanto, sosiego, buena mano y mucho diálogo social».

El Gobierno y los agentes sociales afrontan otras cuatro negociaciones sobre los principales temas pendientes en materia laboral, como son una nueva prórroga de los ERTEs, la derogación de varios aspectos de la reforma laboral, la regulación sobre los falsos autónomos y la reforma de las pensiones.

La ministra se ha mostrado «esperanzada y convencida» de que habrá acuerdo con sindicatos y empresarios para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 30 de septiembre.

«Estoy convencida de que no saldremos de la mesa sin un acuerdo». Díaz ha querido mandar un «mensaje de confianza» en que los ERTE tendrán continuidad a partir de octubre, aunque ha reconocido que el mecanismo que se ideó para los llamados ‘ERTE de rebrote’ «puede no servir» para situaciones como la que se está viviendo en Madrid.

En todo caso y pese a mostrarse confiada en que habrá acuerdo para la prorroga ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para hacerlo posible.

Las discusiones en el seno del diálogo social respecto a la ampliación están siendo complejas, debido al rechazo de patronales y sindicatos a centrar las ayudas en sectores concretos y al hecho de que los afectados por ERTE que ya hayan recuperado su empleo gocen de más exenciones en su cotización que los que todavía siguen bajo ese régimen.

Más complicada aún se presenta la derogación parcial de la reforma laboral, uno de los puntos principales del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidos Podemos para esta legislatura. El Gobierno ha asegurado que es una de sus prioridades, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, calificó de «hecatombe» cualquier cambio en esta norma, mientras que los sindicatos defienden derogarla por completo y no solo sus medidas más polémicas para dar paso a «una legislación más justa».

Por último, la regulación sobre falsos autónomos, una de las prioridades de la ministra, que se anunció en febrero y que se presenta igual de complicada que otras negociaciones que afronta el diálogo social.

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