Ana Sánchez Arjona
Ucrania suma una vuelta de tuerca a la negociación que acaban de iniciar patronal y sindicatos. Si la escalada de precios estaba ya sobre la mesa, los efectos colaterales del conflicto añaden más tensión a las partes. Hay un riesgo concreto sobre el que llaman la atención los empresarios, que se resisten a aplicar subidas salariales que sigan la senda de los precios. Se trata de la denominada inflación de ‘segunda vuelta’, es decir, el bucle de precios al alza que se extenderá desde los sectores concretos como la energía y materias primas a otros sectores económicos lo que implicaría, aseguran los expertos, graves problemas para el país. Los sindicatos defienden que no se debe estrangular el poder adquisitivo de los trabajadores para que puedan consumir y animar así a la recuperación, aunque matizan que están dispuestos a reconsiderar su posición siempre y cuando se firmen “cláusulas de garantía del poder adquisitivo” para los próximos años.
Lo decía Antonio Garamendi el mismo día en que patronal y sindicatos comenzaban la negociación de los convenios colectivos: “no veo razonable pactar un incremento salarial del 5%” mientras apostaba por hacer un ejercicio de «contención y moderación» ante la elevada tasa de inflación y el impacto que puede tener la guerra en Ucrania sobre la economía española.
La batalla por la subida salarial está servida por la oposición empresarial, el contexto de escalada de precios al que se suma un nuevo factor con la guerra en Ucrania.
Y hay un efecto colateral seguro: que la inflación no se moderará como estaba previsto sino todo lo contrario, y el conflicto supone un nuevo foco de incertidumbre. Dos aspectos fundamentales que tendrá sobre la mesa el debate sobre las subidas salariales que abordan sindicatos y patronal.
En 2021, las subidas salariales recogidas en convenio alcanzaron el 1,47%, mientras que el IPC interanual terminó con diciembre en el 6,5% y con una inflación media del 3,2%
Ha sido el 3 de marzo cuando se ha producido la primera reunión para empezar a negociar el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, un acuerdo estatal entre los agentes sociales que sienta las bases de la negociación en los diferentes sectores y empresas del país para los próximos años.
El último pacto tenía vigencia hasta 2020 y ahora, pasado con, al parecer, los últimos coletazos de la pandemia, los agentes sociales afrontan el reto de volver a pactar el camino a seguir en los próximos tres años.
Los acuerdos para el empleo tocan muchos temas laborales pero los salarios son asunto prioritario y de los más concluyentes por lo que implica en las relaciones entre las empresas y los trabajadores sobre todo en el escenario actual marcado por la pérdida de poder adquisitivo del pasado año. En 2021, las subidas salariales recogidas en convenio alcanzaron el 1,47%, mientras que el IPC interanual terminó con diciembre en el 6,5% y con una inflación media del 3,2%.
Inflación, ‘segunda vuelta’
En este 2022, la situación no podía arrancar peor ya que se ha visto alterada por una guerra en Europa que prácticamente nadie se esperaba. El IPC bajó hasta el 6,1% en enero, pero volvió a las andadas en febrero y subió hasta el 7,4%, la cota más alta en 30 años.
Y lo más importante es que el conflicto en Ucrania ha enterrado las previsiones de unos precios más contenidos prevista para esta primavera. La guerra impacta sobre el mercado energético que es lo que más está disparando la inflación.
Ante este aumento sostenido de los precios, las empresas tienen que decidir, mediante acuerdo, en qué porcentaje subirán los salarios para este año y los que vienen.
CEOE y Cepyme ya mostraban resistencia a finales del año pasado a subidas excesivas por los daños que ha provocado la crisis sanitaria, posición que se ha visto reforzada por la incertidumbre que supone el conflicto y los efectos que se deriven de las sanciones a Rusia. y las sanciones derivadas.
Hay un riesgo concreto sobre el que han llamado la atención no solo los empresarios sino también el Banco de España o el Consejo General de Economistas, que no recomiendan subidas importantes y generalizadas de salarios que sigan la senda de la inflación.
Advierten en este sentido sobre la inflación de segunda vuelta, un bucle de precios al alza que se extenderá desde los sectores concretos afectados como la energía y ciertas materias primas a otros sectores económicos lo que implicaría graves problemas para el país.
Una espiral salarios-inflación que España ya ha experimentado y que, según los expertos, nos hace perder bastante competitividad.
Los acuerdos para el empleo tocan muchos temas laborales pero los salarios son prioritarios por lo que implican en las relaciones entre empresa y trabajador
Así que, para evitar el riesgo a quien apuesta por no tener en cuenta los precios energéticos en las negociaciones y tomar como referencia la inflación subyacente, del 3% en febrero, y no el índice de precios interanual.
Pero, CCOO y UGT argumentan que los trabajadores se ven especialmente perjudicados por coste de los carburantes y de otras fuentes de energía, como la electricidad y quieren pactar incrementos más elevados para que los ciudadanos no vea tan deteriorado su poder de compra y pueda consumir.
No obstante, y para evitar la espiral inflacionista podrían acordar subidas por debajo del IPC siempre y cuando en los próximos dos o tres años, se firmen “cláusulas de garantía del poder adquisitivo”.
Un gran ‘pacto de rentas’ para afrontar los efectos de la guerra
El Gobierno se reunirá el próximo lunes con patronal y sindicatos para tratar de impulsar un pacto bilateral de rentas entre los agentes sociales, que servirá como factor de «confianza y estabilidad» para los ciudadanos y empresas. Lo ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
La intención del Gobierno es facilitar e impulsar el encuentro entre los agentes sociales para cubrir tres temas fundamentales, según ha desgranado la vicepresidenta. Se trata, en concreto, de abordar la evolución de salarios, de los beneficios y dividendos empresariales y las medidas de apoyo a los colectivos vulnerables.
En este sentido y durante su comparecencia en el Congreso, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha sugerido que el Ejecutivo mediará en la negociación que han abierto empresarios y sindicatos para intentar firmar un V Acuerdo de Negociación Colectiva que, entre otras cosas, deberá recoger las recomendaciones salariales que se harán en las negociaciones de los convenios colectivos de más de 11 millones de trabajadores asalariados.
La intención del Gobierno es que los interlocutores sociales sellen un pacto de avance moderado de los salarios que no presione al alza los precios que han tocado máximos de 30 años. Lo que se busca es evitar el efecto adverso de segunda ronda de la inflación que llevarían a enquistar el aumento del IPC y, con toda seguridad, a lastrar la recuperación económica
Volviendo a las palabras de Calviño y sobre una posible horquilla para subir salarios, la vicepresidenta ha preferido no pronunciarse y ha abogado por escuchar primero a los agentes sociales, que ya están teniendo encuentros para tratar este tema. «Vamos a ver por dónde orienta ese diálogo bilateral y desde el Gobierno queremos impulsarlo y ayudar porque sería un factor de confianza y estabilidad para ciudadanos y empresas».
