Mercedes Cobo ■
La propuesta de Yolanda Díaz no pasaría por topar el precio de determinados productos por ley, sino que pretende propiciar un acuerdo entre las asociaciones de consumidores y las grandes empresas distribuidoras de nuestro país. Una medida que chocaría con el Artículo 38 de la Constitución, que protege la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.
La última propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz de topar el precio de algunos alimentos básicos, ha provocado división de opiniones en el Gobierno. La pregunta es si es legal y si se podría hacer, en principio, no es viable ya que la legislación no lo permite. Aunque si se han producido excepciones, como el caso de las mascarillas, cuyo precio se limitó porque lo permitía el marco legal del Estado de Alarma, o las bombonas de butano, porque forman parte de los sectores regulados en los que sí se puede intervenir.
Realmente la propuesta de Yolanda Díaz no pasaría por topar el precio de determinados productos por ley, sino que pretende propiciar un acuerdo entre las asociaciones de consumidores y las grandes empresas distribuidoras de nuestro país. Una medida, que chocaría con el Artículo 38 de la Constitución, que protege la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado.
Discrepancias en el Gobierno
La propuesta morada ha provocado un nuevo choque entre los ministros del PSOE y Podemos, el ministro de Agricultura Luis Planas ha rechazado de plano la medida y ha la llegado a tachar de ilegal en una entrevista a Europa Press y además ha señalado que “tampoco es deseable”.
En la entrevista, Planas indica que la intervención de precios es una “medida excepcional” que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha rechazado de plano la medida y la ha llegado a tachar de ilegal
“No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena”, ha asegurado.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, también considera la propuesta de “dudosa legalidad”
En una entrevista en Antena 3, López ha indicado que lo más conveniente es actuar en otros campos como en la ley de cadena alimentaria, que hace que agricultores y ganaderos no tengan que vender sus productos por debajo de los costes. López ha subrayado que los socialistas ayudan «de la manera que pueden ayudar y no cometiendo algo que pudiera ser ilegal».
Sin embargo, la oposición de miembros del ala socialista del Gobierno no ha hecho retroceder a la ministra de Trabajo que ha asegurado buscará un acuerdo entre las asociaciones de consumidores y las distribuidoras alimentarias para fijar el precio de alimentos básicos. «La alimentación está siendo un enorme problema para nuestro país hoy», ha dicho la también la vicepresidenta segunda antes de explicar que su intención es lograr un pacto en torno al precio de 20 o 30 alimentos que compongan una lista de la compra básica, variada y saludable.
La solución que buscará la vicepresidenta, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, es reunir a las asociaciones de consumidoras y a las grandes productoras para que alcancen un acuerdo y fijar el precio de una «cesta de la compra básica».
Rechazo de la patronal
El líder de la patronal, Antonio Garamendi, también ha rechaza de plano la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, «¿Por qué en vez de 20 o 30 no lo hacemos con 200? Lo digo porque cada día oigo algo nuevo», ha ironiza el presidente de la CEOE, para quien esta idea «recuerda a programación soviética». A su juicio, «si queremos regular absolutamente todo acabamos teniendo una economía intervenida, un Estado intervenido» y «una falta de libertad».
Francia ya hizo algo parecido en el año 2011, el Gobierno de Nicolas Sarkozy acordó con las cadenas de supermercados una cesta de la compra con productos básicos a un precio asequible
«Lo que a corto plazo puede parecer una medida buena se convierte al final en un problema para todos porque conseguiríamos que la economía fuera, en vez de para adelante, para atrás», advierte Garamendi, que se alinea con la postura del ministro Luis Planas.
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) se ha sumado a las críticas señalando que no entrar a valora las declaraciones de Luis Planas, pero ha incidido en que lo que tienen «claro» es que en España el consumidor “se beneficia de una enorme capacidad de elegir, lo que se traduce en una gran competencia”.
“En momentos como estos, los márgenes de las empresas de distribución se ajustan más que nunca porque, si no, los clientes, simplemente, cambian de acera y buscan otro establecimiento más barato”, aseveran.
Asimismo, la patronal ha señalado que llevan “muchos meses” alertando sobre su “enorme preocupación por el incremento de los precios de los alimentos”, que, a su juicio, se han producido por el alza del precio de las materias primas importadas, fundamentalmente de los cereales, “que se aceleró con la guerra de Ucrania”, de los precios de los carburantes y, “sobre todo, de los precios de la energía”.
Los precedentes de los topes a los alimentos
La propuesta de poner un tope al precio de ciertos alimentos no es nueva: otros países la han adoptado con resultados diversos.
No faltan ejemplos de gobiernos que han adoptado una cesta de la compra básica, con el objetivo de que las familias con menos recursos puedan manejar la elevada inflación. En 2011, en medio de la llamada Gran Recesión, se vivieron tasas de inflación elevadas, especialmente en los alimentos.
Francia 2011
Mientras que la alimentación general acumulaba un encarecimiento del 2% anual en Francia, otros productos básicos como el café, la harina o la pasta se elevaban hasta el 20%. La receta del presidente Nicolas Sarkozy fue reunirse con las grandes superficies para que propusieran una lista de alimentos que los consumidores pudieran adquirir a un precio reducido.
Aquella propuesta estaba compuesta de 10 productos que mantuvieran una buena relación entre calidad y precio. Asimismo, se incluyeron productos variados, como una pieza de carne, pescado, fruta, verdura, un lácteo y alguna bebida. El hipermercado Carrefour incluyó en su cesta de la compra básica, por 19 euros, dos piezas de carne (ternera y pollo), una de pescado, patatas, zanahorias, calabacines, pan, queso fresco y zumo de naranja.
Esa misma cadena adoptó un año después, en 2012, una nueva política: bonificar el IVA a las familias numerosas, así como ya lo hacía con los mayores. Seleccionó una serie de productos frescos que representaban el 53% de las compras de alimentación. El ahorro total se estimó entre 230 y 260 millones de euros al año.
Argentina 2016
En mayo de 2016, Argentina sufría un aumento de precios que también afectaba a los alimentos. La campaña, llamada «Precios Claros», tenía como razón de ser combatir esa inflación por medio de la transparencia. La primera medida era crear una plataforma web en la que se indicaran los precios de los productos de los supermercados.
El gobierno de Mauricio Macri, presidente por entonces del país, elaboró una lista de 500 productos cuando llegó al poder. Una vez pasó el tiempo, la lista quedó en 400 alimentos que incluían carne, frutas, verduras y pan. Esos alimentos, que alcanzaban hasta 23.000 productos, congelaron sus precios durante cerca de cinco meses, hasta principios de septiembre.
Entre otros alimentos se incluían arroz, pan, harinas, patatas, azúcar, dulce de leche, salsa de tomate, leche, yogur y carnes. Asimismo, se incluían otros productos como artículos de librería, limpieza e higiene personal.
