Reforma fiscal ambiciosa, que englobe a la totalidad de las figuras impositivas y recorte la brecha que separa a España de la media europea. Es el objetivo de los cambios que prepara el Ministerio de Hacienda que califica de “sólo un aperitivo” las subidas que recogen los Presupuestos de este año y que ya están en vigor. Así que Montero se ha puesto manos a la obra y le va a pedir al comité de expertos que empiece a trabajar en un borrador que debiera estar listo en los próximos seis meses para presentar sus conclusiones antes de que acabe el año. Lo que salga de ese grupo de trabajo no será vinculante pero sí tenido en cuenta por el Ejecutivo en el diseño de su política fiscal.
La ministra de Hacienda quiere que la reforma fiscal que tiene pendiente desde que llegó al Gobierno, eche a andar en este 2021, si es que, como no podía ser de otra manera, la crisis sanitaria lo permite.
Así que, se ha puesto manos a la obra, y le ha pedido al comité de expertos en la materia que empiecen a trabajar en un borrador que debiera estar listo en los próximos seis meses.
Mª Jesús Montero tiene claros los ejes sobre los que debe girar esta reforma: el impuesto de Sociedades y la armonización fiscal autonómica
En el primer caso, Hacienda planea reducir las deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. Y para ello pondrá en revisión los más de 3.500 millones de euros en beneficios fiscales vinculados a este impuesto.
Para Montero, el Impuesto de Sucesiones no tiene el rendimiento esperado y es preciso revisar los beneficios fiscales y realizar un análisis de la utilidad de algunas de sus deducciones. Opina que las actuales ya no tienen efecto
Sociedades ya ha experimentado una subida desde el 1 de enero de este año en los Presupuestos, que han introducido un gravamen del 5% a los dividendos y a la venta de participaciones empresariales y que Hacienda ha cuantificado en 1.520 millones y que califica de “retoques”.
Lo que se va a intentar poner en marcha es lo que aparece en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos. Es decir, la imposición de un tipo mínimo del 15%, del 18% para la banca y petroleras, que l reforma fiscal volverá a analizarse.
Para Montero, el impuesto no tiene el rendimiento esperado y es preciso revisar los beneficios fiscales y realizar un análisis de la utilidad de algunas de sus deducciones. Opina que las actuales ya no tienen efecto y que otras están totalmente “obsoletas” y no cumplen con la utilidad para la que fueron creadas. Sin embargo, hay otras que faltan y que están relacionadas con el medio ambiente o con los procesos de digitalización.
Análisis de gasto: AIReF
En este replanteamiento del impuesto, no solo va a contar la opinión de los expertos, sino que se tendrá en cuenta el Spending Review o análisis del gasto de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la eficiencia de tres deducciones de Sociedades: a la I+D+i, que pide reformar; a las donaciones, que propone recortar, y los tipos reducidos de Sicav y Socimi, cuyas condiciones plantea endurecer, que superan los 1.400 millones.
Este estudio, realizado cuando presidía la Autoridad José Luis Escrivá, servirá de modelo, pero el Ministerio prepara su propio modelo.
María Jesús Montero, ha declarado que hay “margen para nuevas medidas fiscales” y que el Gobierno “quiere estudiar a fondo el Impuesto sobre Sociedades” para «ver si las empresas realmente están usando los incentivos para la igualdad o la contratación de personas con discapacidad”, entre otras cosas.
Pero además de revisar la fiscalidad de Sociedades, Hacienda ultima la creación de un impuesto a los residuos que prevé recaudar 861 millones en 2021. Gravará la entrega de residuos en vertederos e incineradoras públicos y privados, el almacenamiento y su abandono, quema e incineración en lugares no autorizados por cada instalación con hasta 50 euros por tonelada métrica. Será un impuesto estatal cedido a las comunidades, que tendrán competencia sobre gestión, recaudación, liquidación y capacidad normativa. Sin embargo, en línea con los planes de Hacienda de ‘armonizar’ Sucesiones y Patrimonio, las autonomías sólo podrán subirlo más que la horquilla estatal, no bajarlo. Además, se va a crear un impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso, que pretende captar 744 millones este año y que grava la fabricación, importación y adquisición intracomunitaria de estos envases con 0,45 euros por kilogramo.
Parte del colectivo de trabajadores autónomos también serán objeto directo de la reforma fiscal que prepara el Gobierno, concretamente aquellos que cotizan por módulos. Un régimen especial que desde algunos sectores viene siendo criticado en los últimos años y para el que Montero ultima cambios. Hacienda considera que sería conveniente ir avanzando hacia una tributación por los beneficios reales que se obtengan, ya que cuando se tributa por módulos es muy difícil “afinar”, y cree que el proceso actual de digitalización de las pymes permite cada vez más saber cuáles son los beneficios reales.
Sin embargo, desde ATA, reclaman que no se elimine el sistema de módulos, porque implicaría cargar de burocracia a los pequeños autónomos en una situación delicada, y con especial impacto en aquellos del medio rural, con un menor nivel de digitalización en sus negocios.
En resumen, y como ha explicado la ministra en varias ocasiones, lo que se pretende es introducir en las próximas cuentas públicas una reforma fiscal más ambiciosa, que englobe a la totalidad de las figuras impositivas y recorte la brecha que separa a España de la media europea.
Armonizar impuestos, asunto pendiente desde que era consejera en Andalucía
Al grupo de expertos que está reclutando Hacienda, la ministra también les va a pedir su opinión sobre los aspectos esenciales de la reforma de la financiación autonómica y, en concreto, sobre la armonización de los impuestos autonómicos lo que tendrá como resultado la previsible subida de Sucesiones y Donaciones pero sobre todo de Patrimonio
En línea con lo anunciado, esta vez, por la vicepresidenta Calviño, se confirma la voluntad de aprobar la reforma de la financiación autonómica en 2021: algo que también es urgente y necesario.
En este sentido, hay que remitirse a la Comisión constituida en 2017 y el trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiero para tener los datos técnicos suficientes para abordar los cambios
Las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras a la hora de gravar y establecer impuestos se colaron en el debate político en los últimos meses de 2020. Con Madrid como uno de los territorios acusados de ‘dumping fiscal’. Hasta el punto de que ERC condicionó su apoyo a los primeros presupuestos de Sánchez a vetar esta licencia fiscal. Armonizar los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, en concreto el de sucesiones y donaciones, y el de patrimonio, es otro de los objetivos.
Lo que quiere evitar Hacienda, que insiste en que no se trata de ir contra ninguna comunidad, es que regiones que tienen una menor capacidad recaudatoria se vean obligadas a subir mucho la presión fiscal para tener la misma recaudación que otras que sí se pueden permitir bajar impuestos porque tienen más empresas o una mayor riqueza.
Lo cierto es que si observamos el mapa de impuestos de las comunidades se palpa cierta ideología. Las autonomías donde más tiempo ha gobernado el partido socialista suelen tener los impuestos más elevados, porque los Gobiernos de izquierdas, en teoría, consideran prioritario reforzar el estado de bienestar. Por el contrario, las autonomías donde más tiempo han gobernado los populares suelen tener los impuestos más reducidos. En el PP creen que la baja fiscalidad ayuda a estimular la economía y el crecimiento. Por eso Madrid hace bandera de tener los impuestos más reducidos. Pero el debate es si esta comunidad se beneficia además de acoger la sede de las grandes empresas y de ser el corazón de la administración pública estatal, lo que le confiere más riqueza y, sobre todo más margen para poder bajar impuestos. Algo que otras autonomías no pueden hacer. Expertos en finanzas autonómicas como Ángel de la Fuente, director de Fedea, defiende que Madrid no se beneficia del efecto sede. Recuerda que el actual sistema de financiación tiene mecanismos para corregir estos posibles desequilibrios de renta entre territorios.
“Yo he sido también consejera autonómica y por tanto comprendo ese sentimiento”, explicaba la ministra de Hacienda, en una reciente entrevista con un medio de comunicación. “Comunidades mejor financiadas pueden tener más capacidad de bajar impuestos que comunidades que están peor financiadas. Es una cuestión que por supuesto hay que corregir”.
