Ana Sánchez Arjona
Moncloa toca a rebato. La correcta ejecución de los fondos europeos es decisiva para la remontada de la economía española. Así que el objetivo de todo el Gobierno es que, por mandato expreso del presidente, los 27.000 millones de fondos europeos presupuestados para 2022 se transformen en grandes proyectos estratégicos que previsiblemente dotarán de capacidad de despegue a la economía y al empleo. El impacto de los fondos sobre el PIB debe alcanzar el 2,5%, muy por encima de lo ocurrido en 2021 cuando apenas supuso el 0,2%. Pero ya hay noticias que confirman que la maquinaria está engrasada porque Bruselas avalaba en diciembre la llegada de 10.000 millones tras bendecir el cumplimiento de los primeros 50 compromisos incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia.
El presidente Pedro Sánchez se enfrenta a la recta final de legislatura con un objetivo concreto y nada despreciable: la remontada de la economía española inmersa todavía en una de las mayores crisis de su historia. Y esa remontada pasa, indudablemente por el reto de que los 70.000 millones que Europa ha puesto en su disposición sean la palanca definitiva del cambio de ciclo.
Sobre la mesa están los cerca de 27.000 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno ha presupuestado para 2022, con la iniciativa de los grandes proyectos estratégicos que previsiblemente dotarán de capacidad de arrastre para la economía y el empleo, los llamados PERTEs del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hasta ahora se han comunicado siete y tres tienen ya el visto bueno: vehículo eléctrico, sanidad y energías renovables.
Las expectativas generadas sobre el impacto que ya en 2021 tendrían que tener estas ayudas en la economía española no se han cumplido. La burocracia de la administración comunitaria, estatal y autonómica han provocado que el año termine sin un impacto claro de los fondos europeos en la economía española
Sin embargo, las expectativas generadas sobre el impacto que ya en 2021 tendrían que tener estas ayudas en la economía española no se han cumplido. La burocracia de la administración comunitaria, estatal y autonómica han provocado que el año termine sin un impacto claro de los fondos europeos en la economía española.
De tal manera que los fondos europeos apenas aportaron 0,2% al crecimiento en 2021 lo que da idea de que su gestión no fue la mejor. En contra juega la fórmula elegida por el Gobierno para gestionarlos y que ha supuesto delegar en las comunidades autónomas gran parte de la ejecución del Plan. Esto provocó un enorme retraso en el primer año. El Banco de España estima que de los 26.600 millones presupuestados para 2021 sólo se ejecutaron 11.000 millones, reduciendo a prácticamente nada su efecto sobre el crecimiento de la economía.
Estos números se alejan bastante de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preveía en otoño de 2020 cuando aseguró que los fondos europeos aumentarían el PIB en 2,5 puntos anuales.
No hay que olvidar que los primeros 9.000 millones llegaron hasta el mes de agosto y nadie que tenga un mínimo conocimiento de los tiempos con los que se maneja la administración europea, estatales, autonómicos o municipales podía prever por un efecto importante de los fondos a final de año.
Así que, el presidente ha tocado a rebato y quiere que 2022 sea el año del gran despliegue de las ayudas y que se ejecuten al 80 % tras el bloqueo de 2021.
Hay noticias que confirman que la gestión de los fondos se está acelerando, tal y como quiere Sánchez. Bruselas avalaba en diciembre el desembolso de fondos por 10.000 tras bendecir el cumplimiento de los primeros 50 compromisos incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia además de dar luz verde al plan estratégico del automóvil que prevé más de 3.000 millones en inversiones.
En los Presupuestos de 2022 está incluida una partida de 24.145,26 millones de fondos europeos, que el Gobierno quiere movilizar prácticamente en su totalidad tras haber pisado el acelerador en los últimos meses.
Adjudicaciones
El pasado mes de octubre se firmó el último documento de supervisión por parte Bruselas que garantiza el empleo adecuado de los fondos y desde ese momento las adjudicaciones han crecido considerablemente. A finales de diciembre ya se había autorizado algo más del 75%, unos 17.000 millones, al mismo tiempo que se habían comprometido un 63%, algo más de los 15.500 millones, según el propio Ejecutivo.
Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha dejado escrito en las cuentas públicas la posibilidad de ejecutar en 2022 lo que no se hubiera ejecutado en 2021, un año en el que, a pesar de todo, se han sentado las bases y la estructura legislativa que va a permitir desplegar los fondos durante los próximos años. Un desafío nada despreciable si tenemos en cuenta que estamos ante la mayor movilización de fondos públicos de la historia.
Lo cierto es que España contará a mitad de año con 30.000 millones de euros de los Next Generation comprometidos. Gran parte de los cuales se movilizarán efectivamente durante los próximos 12 meses.
Intensa agenda por delante: reforma fiscal, ley de vivienda y financiación autonómica
Terminar lo que se empezó en 2021. Es decir, los proyectos que ha dejado sin rematar durante los últimos doce meses. Algunos ya han pasado inicialmente por el Consejo de Ministros pero deben ser aprobados definitivamente, y los hay que siguen su curso en el trámite parlamentario. Otros se encuentran en plena fase de negociación entre los ministerios del PSOE y Unidas Podemos y también están aquellos que no han visto la luz, aunque el Gobierno tiene previsto que se darán a conocer a lo largo de este año.
La Ley de Vivienda que pilota el Ministerio de Transportes ha sido uno de los grandes focos de discrepancia entre la coalición. Tanto es así que desde Unidas Podemos no se comprometieron a cerrar los Presupuestos de 2022 hasta abordar la cuestión de los alquileres, después de acumular casi un año de retraso. Finalmente, las dos partes pactaron regular el precio de los alquileres utilizando un índice de precios que solo impactará en los grandes tenedores y será de aplicación opcional en las comunidades autónomas.
Al igual que sucede con la reforma laboral los socios del Ejecutivo -en este caso, acompañados de la formación morada- quieren introducir cambios a través del trámite parlamentario, pero el texto está aún pendiente de un informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, que no llegará hasta enero.
También está pendiente la reforma fiscal que, según explica la ministra de Hacienda María Jesús Montero busca incrementar la progresividad del sistema impositivo. Esa es otra de las grandes tareas pendientes del Ejecutivo para el próximo año y que desde Unidas Podemos reclaman como prioritaria, después de haber fijado un mínimo del 15% para sociedades. En el Gobierno calculan que esas subidas se aprueben en 2022 para que entren en vigor el segundo semestre del año o directamente en 2023.
El asunto está todavía pendiente de las conclusiones del comité de sabios, pero la promesa es muy concreta: incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general del IRPF “para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros”.
También será la financiación autonómica uno de los asuntos claves para 2022. Su reforma está pendiente desde 2014 y lo que de momento ha hecho Hacienda es enviar a principios de diciembre pasado de mes una propuesta a las comunidades, aboga por abordar primero la discusión sobre el sistema de reparto.
Sin embargo, cuando hablan los barones autonómicos de los dos grandes partidos, aunque con pequeñas diferencias, todos lo tienen meridianamente claro: si hay más dinero para repartir, y, fundamental, ninguna comunidad se queda rezagada en el reparto sino todos ganan algo, es perfectamente viable un acuerdo.
No se descarta, sin embargo, que finalmente la negociación se retrase hasta el año 2024, ya con un nuevo Gobierno y un parlamento diferente. Pero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero que lleva las riendas de los cambios en el modelo, está preparado para acometer definitivamente por esta reforma además de tener claro que habrá que dotar a las comunidades con más fondos para lograr un acuerdo, como se hizo en las anteriores ocasiones, todas ellas en situación de crecimiento económico y no de crisis.
