Ana Sánchez Arjona ■
Se presentan meses complicados de aquí a finales de año para el jefe del Ejecutivo y para todo el Gobierno en pleno. A pocas semanas de que entre el otoño, bajo la incertidumbre de un apagón invernal en Europa y el miedo a la recesión, hay reformas pendientes como el segundo capítulo de los cambios en pensiones y están, cómo no, los Presupuestos para 2023 además del ineludible ahorro energético en un entorno doméstico preelectoral, por si fuera poco. Con el telón de fondo de unos precios que no dan tregua, trascendental es la carrera que se ha iniciado para la aprobación de las cuentas públicas que puede suponer un punto de inflexión en lo que resta de legislatura. A todo esto hay que sumar la batalla por la subida del SMI. Los sindicatos han anunciado movilizaciones que respalda la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El jefe del Ejecutivo. Pedro Sánchez, y el Gobierno en pleno se adentra en los próximos meses en uno de los periodos económicos más complicados de la reciente historia del país
A pocas semanas de que entre el otoño, bajo la incertidumbre de un apagón invernal en Europa y el miedo a la recesión, hay reformas pendientes, están, como no, los Presupuestos para 2023 y el ineludible ahorro energético que marcarán los próximos meses en un entorno preelectoral, por si fuera poco
En este escenario, el pistoletazo de salida al nuevo curso, después de dos años y medio de crisis consecutivas como la pandemia y ahora la guerra de Ucrania, Pedro Sánchez ha dejado atrás la mitad de la legislatura. Aunque asegura que se siente fuerte tal y como afirmó en pleno mes de agosto al decir que estábamos ante un Gobierno estable “que va a durar hasta el final de la legislatura”.
No menos importante es la segunda parte de la reforma de las pensiones que contempla ampliar el periodo de cálculo, uno de los aspectos más sensibles y controvertidos, ya que se quiere extender más allá de los 25 años cotizados
Pero no se debe olvidar que los dos socios, PSOE y Podemos, discrepan en asuntos determinantes de Estado a lo que hay que añadir la llegada de Sumar, la nueva apuesta de Yolanda Díaz con la que podría participar en las próximas elecciones las elecciones generales.
El Gobierno en pleno, tiene la mirada puesta en la evolución de los precios. Se acaba de conocer que la inflación no da tregua aunque ha bajado al 10,4%. “La ralentización de la inflación coincide con la puesta en marcha de los paquetes de medidas del Gobierno, lo que demuestra su eficacia”, asegura la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que se muestra confiada en que se conviertan en tendencia.
Trascendental es la carrera que se ha iniciado para la aprobación de los Presupuestos. Las cuentas públicas es uno de los grandes retos del Ejecutivo, ya que su aprobación, o no, en la Cámara pueden suponer un punto de inflexión en lo que resta de legislatura.
Y aunque se no contempla que Sánchez convocase elecciones en caso de que no salieran adelante porque se prorrogarían las cuentas actuales, este tropiezo complicaría las cosas para el Ejecutivo El calendario pasa por dar el visto bueno al proyecto de ley en Consejo de Ministros durante septiembre para, antes de concluir el mes, llevarlo al Congreso. En ese momento y contando con que los socios del Gobierno consigan lograr un acuerdo previo, lo que no será nada fácil, lo que dará trabajo, comenzará otro capitulo igual de difícil: iniciar negociaciones con sus aliados para sumar los votos suficientes. Dicen que, para ERC, el pulso por los Presupuestos de 2023 será una nueva oportunidad para lograr nuevas cesiones del Ejecutivo.
Reforma de las pensiones
Y no menos importante es la segunda parte de la reforma de las pensiones, el gran reto de José Luis Escrivá. Tras aprobar el Congreso los primeros cambios, que vincularon la revalorización de las prestaciones con el IPC, acabaron con el factor de sostenibilidad y fijaron alicientes para retrasar la jubilación y penalizaciones para los retiros anticipados, el Gobierno tiene que ponerse ahora con la parte trascendental de inyectar ingresos en el sistema, cuya sostenibilidad a medio y largo plazo es incierta.
El Ejecutivo estudia el aumento de las bases de cotización, la activación a partir del año que viene del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se resume esencialmente en un alza adicional de 0,6 puntos de las cotizaciones, el nuevo sistema de cotización de los autónomos, los nuevos planes de pensiones públicos, o la reforma del periodo de cálculo de las pensiones.
Este es uno de los aspectos más sensibles y controvertidos, ya que se quiere ampliar el periodo de cálculo más allá de los 25 años cotizados, posibilidad a la que se niegan Unidas Podemos y los sindicatos para los que supondría un recorte de la prestación. Por ello, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, que quiere arrancar las negociaciones con los agentes sociales a primeros de septiembre, acudirá a la reunión con una propuesta que pretende nivelar el aumento del periodo de cómputo con medidas que lo hagan más digerible, como “un mejor tratamiento de las lagunas, de los años que no se han cotizado, o que se excluyan algunos años del cómputo”, según dijo el propio ministro.
Se han quedado en el cajón, de momento, los cambios en el sistema tributario o de la financiación autonómica. La situación internacional ha obligado a posponer la esperada reforma fiscal que busca, según la ministra de Hacienda, acercarnos a la convergencia fiscal con Europa. Lo cierto es que la crisis ha frenado la reforma ya que subir impuestos en estas circunstancias agravaría aún más la maltrecha actividad económica.
La crisis también amenaza con dejar en el dique seco la reforma de la financiación autonómica, uno de los grandes compromisos del Gobierno de Sánchez. Con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina y las generales un poco más allá, es poco probable que el Ejecutivo decida abrir el melón de una negociación que es un auténtico rompecabezas, o un sudoku como lo denominó en su día Pedro Solbes.
Se avecina batalla por la subida del salario mínimo
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respaldado las movilizaciones sindicales para reclamar la subida del salario mínimo. “Los sindicatos tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal» porque es necesario subir los salarios en España”.
Lo primero que ha hecho Díaz ha sido convocar a la comisión de expertos que estudia cuánto y cómo debe aumentar el salario mínimo interprofesional. Su trabajo será estudiar las distintas variables a tener en cuenta para subir esta renta en 2023, sobre todo, con el objetivo de que el Gobierno cumpla con su compromiso en esta legislatura, a la que solo le queda un año.
Inicialmente, la intención es llevar el SMI al entorno de los 1.050 euros mensuales, propósito avalado por el propio jefe del Ejecutivo, que semanas atrás ya anticipó que ese nuevo incremento se abordaría en otoño, en un gesto de respaldo hacia su socia populista, pero también, y sobre todo, de reivindicación de la medida ante el propio electorado socialista. Sin embargo, Díaz ha sugerido en los últimos días que el alza podría ser mayor, al apostar por situar el SMI por encima de “la senda del 60%” del salario medio.
El nuevo aumento del SMI, que previsiblemente volverá a salir adelante con el respaldo de los sindicatos y el rechazo de la patronal (su incremento es potestad legal del Gobierno), se produce en un contexto de fuertes presiones inflacionistas, Esta fuerte pérdida de poder adquisitivo ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, que (ahora animados por la vicepresidenta Díaz) amenazan con un otoño caldeado y conflictivo para forzar a los empresarios a mayores incrementos salariales. Un tira y afloja que no cesa desde que patronal y organizaciones sindicales dieran por rotas en mayo las negociaciones salariales para este año. Y todo ello en un contexto en el que el Banco de España insiste por activa y por pasiva desde hace meses en la necesidad de un pacto de rentas que reparta los sacrificios de la crisis y evite que el virus inflacionista contagie a los salarios y derive en un problema estructural. En marzo pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso encima de la mesa la necesidad de un pacto de rentas para “evitar una espiral inflacionista”. Desde entonces, el acuerdo sigue pendiente, aunque el Ejecutivo asegura que insistirá hasta lograrlo.
