Ana Sánchez Arjona
“Distribuir los costes ante una situación de dificultad económica” es el objetivo fundamental que debe cumplir un gran pacto de rentas. Y en eso trabaja no sólo el presidente del Gobierno, sino todos los ministros directamente o indirectamente implicados en la puesta en marcha del plan nacional para hacer frente a la actual crisis. El efecto de la invasión de Ucrania y, en particular, la inflación en máximos “tendrá un coste y exigirá sacrificios”, aseguraba Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, lo que suponía un claro aviso a empresarios y trabajadores para que no escatimaran esfuerzos. Los primeros, limitando sus beneficios, y los segundos, aceptando subidas salariales muy por debajo de los actuales rangos en los que se mueve el IPC.
Un gran pacto de rentas concebido como de uno principales elementos del Plan Nacional anunciado por Pedro Sánchez para hacer frente a la actual crisis económica provocada por la guerra de Ucrania, y como uno de los más difíciles de alcanzar por los sacrificios que supondrá para empresas, trabajadores y los demás ciudadanos.
Es decir, “un acuerdo amplio que aborde cómo se distribuyen los costes ante una situación de dificultad económica”, según lo define Unai Sordo, secretario general de CCOO.
El Gobierno puede llegar incluso a establecer una fórmula para limitar los dividendos en algunos casos tal y como ocurrió durante la pandemia en la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo, en los ERTE
Así que, como no es tarea fácil, Pedro Sánchez y todos los ministros directa o indirectamente implicados, se han puesto manos a la obra para atraer a los agentes sociales y, para ello, intentan ganarse a los empresarios con subidas salariales moderadas que eviten una espiral inflacionista y, al mismo tiempo, buscan la manera de incorporar las peticiones sindicales para que las grandes empresas que en estos momentos están obteniendo ganancias extraordinarias aporten los suyo. Es decir, que se abrochen el cinturón y renuncien, por ejemplo, al reparto de dividendos.
El Gobierno puede llegar incluso a establecer una fórmula para limitarlos en algunos casos tal y como ocurrió durante la pandemia en la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo, en los ERTE.
El efecto de la invasión de Ucrania sobre la economía española y, en particular, la inflación en máximos “tendrá un coste y exigirá sacrificios” aseguraba Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados un claro aviso a empresarios y trabajadores que no deben escatimar esfuerzos; los primeros, limitando sus beneficios; y los segundos, aceptando subidas salariales moderadas. Y así, pidió a los agentes sociales que se sumaran a “un acuerdo de país que proporcione estabilidad, tanto desde la perspectiva de los costes salariales como desde la contención de los beneficios empresariales, ajustando márgenes, evitando caer en una espiral inflacionaria que ponga en riesgo la recuperación”.
La estrategia para poner las medidas en marcha se está estudiando, pero, la intención es topar las ganancias extraordinarias de algunas de las grandes empresas como las energéticas, y limitar el reparto de dividendos, como ya hemos dicho a cambio, una subida salarial moderada, muy por debajo del IPC.
Lo que tiene claro el Gobierno, y en concreto el presidente, es que debe escuchar las propuestas de los agentes sociales antes de decidir las medidas que se van a aplicar.
Los empresarios opinan que cargar sobre las compañías buena parte de la estrategia para paliar la crisis afectaría a la competencia, mientras los sindicatos consideran que se deben reformular las herramientas de redistribución
Pérdida de competitividad
En este sentido, los empresarios piensan, al parecer, que cargar sobre las compañías que cotizan buena parte de la estrategia para paliar la crisis afectaría a la competencia y perjudicaría a los ahorradores, mientras desde la parte sindical tienen claro que se debe reformular las herramientas de redistribución para conseguir recursos quienes están obteniendo beneficios extraordinarios con la situación actual. Argumentan que es la única manera de frenar la caída del poder adquisitivo de los salarios por la escalada de los precios.
Además, pactar una subida salarial que no sea agresiva supondría conseguir el compromiso de incluir cláusulas de garantía salarial para los próximos años. Una condición que no convence a la patronal ni tampoco al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos porque, en su opinión, incrementa considerablemente el riesgo de una espiral inflacionista.
Pero no son las únicas medidas que ponen sobre la mesa los sindicatos. Unai Sordo apuesta por un mínimo vital de consumo energético gratuito para los hogares vulnerables severos además de la ampliación de un bono social eléctrico y térmico, lo que supondría elevar el nivel de consumo subvencionado, el requisito de renta para los beneficiarios y su cuantía. Además, y teniendo en cuenta que estas medias no tendrían efecto inmediato, se podría reducir la retención de los sueldos más bajos.
Las recetas de Hernández de Cos para el pacto de rentas
Y si al gobernador del Banco de España no le agradaba la idea de incluir cláusulas de revisión salarial en el pacto que alcancen los agentes sociales, ahora lo que Pablo Hernández de Cos reclama es el sacrificio de márgenes por parte de las empresas y un compromiso explícito de moderación de las ganancias. La idea es evitar que sean los trabajadores los que sufren todos los efectos negativos. “Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes”.
“Todos los agentes implicados han de asumir una pérdida”, asegura de Cos que indica, además, que, según la información de la que dispone, todo apuntaría a que por el lado de los trabajadores todo indica que están perdiendo poder adquisitivo.
“Si todo el esfuerzo lo soportasen los asalariados, se deprimiría más la demanda y si toda la carga la aguantasen las empresas, muchas podrían cerrar o perder competitividad”
El acuerdo de rentas debería tener, según Hernández de Cos, estas características: además de que todos deben asumir una pérdida sobrevenida, porque si todo el esfuerzo lo soportasen los asalariados, se deprimiría más la demanda y si toda la carga la aguantasen las empresas, muchas podrían cerrar o perder competitividad, las recomendaciones del pacto deben ser flexibles para tener en cuenta todas las situaciones de las empresas; habría que evitar las cláusulas de indexación automática a la inflación que elevarían el riesgo de una espiral de salarios y precios. El porcentaje de trabajadores con cláusula de salvaguardia ha aumentado desde el 17% del cierre de 2021 al 30% en febrero; los compromisos de alzas salariales y de protección del empleo tendrían que ser a varios años. Las referencias salariales deberían excluir los componentes energéticos, cuya volatilidad no será duradera. Es decir, recomienda usar la llamada inflación subyacente.
Por último, esta estrategia solo funcionará si hay moderación de los márgenes empresariales.
Pero, además, el Banco de España considera fundamental evitar que estas presiones inflacionistas acaben en una espiral de precios y salarios. “Me gustaría enfatizar la necesidad de alcanzar consensos para afrontar de manera eficaz el escenario al que nos enfrentamos”, señala el Gobernador para añadir: “De nuestra capacidad para lograr estos compromisos difíciles dependerá, en gran medida, la evolución del empleo y de la competitividad de la economía en los próximos años”.
