Ana Sánchez Arjona
Se abre el grifo de los Presupuestos y sin escatimar ni un euro. Y ha sido precisamente al polémico artículo 135 de la Constitución que garantiza la estabilidad al que el Gobierno se ha agarrado para poder abrir la mano, como nunca antes se había hecho, y romper el tope de gasto. Estamos ante un aumento histórico, también de déficit y deuda, que supera en un 53% el límite de 2020, y que está por encima de los 182.439 millones de 2010. Hacienda explica que se trata de un techo “inédito” por la pandemia y que, eliminado este efecto, no sobrepasaría los 137.000 millones.
Se abre el grifo, y a chorro, del gasto presupuestario. El polémico artículo 135 de la Constitución que garantiza la estabilidad presupuestaria, que fue introducido por Rodríguez Zapatero en el 2011 y aprobado con los votos de PSOE y PP, se ha convertido en el clavo ardiendo al que el Gobierno se ha agarrado para poder abrir la mano como nunca antes se había hecho.
Esto es, ha sido la herramienta empleada por el Ejecutivo para suspender las reglas fiscales, y romper así con los topes de gasto para las administraciones públicas en 2020 y 2021.
El Gobierno se ha aferrado al punto cuatro de este artículo, que dice: «Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el Gobierno ha derogado la senda de estabilidad actualmente vigente teniendo en cuenta este artículo pero que, además, ha acordado someter esta suspensión a la aprobación del Congreso de los Diputados, para que diga si hoy en España «concurren estas circunstancias excepcionales al objeto de que se pueda aplicar el artículo 135.4».
Estamos ante un aumento histórico del techo gasto, pero también de déficit y deuda, que supera en un 53,7% el límite base de 2020, lo que lo sitúa como un récord, por encima de los 182.439 millones de 2010. Montero subraya que se trata de un techo de gasto “inédito” por la pandemia y que, eliminado este efecto, sería de 136.779 millones de euros.
Una de las claves es lo extraordinario de la aportación directa de los Presupuestos que se va a hacer a la Seguridad Social por valor de 18.396 millones de euros, para recortar su déficit y cargar esa parte a la del conjunto del Estado
El techo de gasto de los Presupuestos de 2018, los vigentes de Cristóbal Montoro, fue de 125.065 millones.
En cualquier caso, la cifra de 136.779 millones supone un 7,2% más que la que se calculó para 2020 sin contar los efectos de la crisis sanitaria, alza que Hacienda atribuye a las mayores partidas para cubrir el Ingreso Mínimo Vital, incrementar las partidas en dependencia, reforzar la educación o las aportaciones a la Unión Europea.
Sin embargo, hay que añadir varios elementos que no tienen equivalencia en años anteriores. Es el caso de la transferencia extraordinaria de 31.882 millones para absorber la mitad del déficit autonómico y parte de la referencia de la Seguridad Social. Esta partida, eleva el techo de gasto hasta los 168.661 millones de euros. Además, hay que incluir una parte de los fondos europeos. La ministra de Hacienda ha recordado que el Consejo Europeoo aprobó movilizar 750.000 millones de euros, que se articularán fundamentalmente a través de un Fondo de Recuperación. En concreto, a España le corresponden 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros 12.436 millones del Programa.
El Plan de Recuperación que España presentará a Europa recogerá 25.000 millones de transferencias del Mecanismo de Recuperación en 2021, que se incorporan al techo de gasto. Además, como se informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la mayor parte de esos 12.436 millones del programa se destinarán a las CCAA, aunque habrá 2.436 millones que se incorporarán al Ministerio de Sanidad para, posteriormente, repartirlo entre los territorios para la adquisición de vacunas, reforzar la atención primaria o renovar el material sanitario.
Por tanto, el techo de gasto de 2021 incorporará un total de 27.436 millones de los fondos europeos, lo que eleva el límite de gasto no financiero hasta los citados 196.097 millones
De los PGE a la Seguridad Social
Una de las claves de las cuentas públicas es lo extraordinario de la aportación directa de los Presupuestos que se va a hacer a la Seguridad Social por valor de 18.396 millones de euros, para recortar su déficit y cargar esa parte a la de todo el Estado. Hace tiempo que se venía manejando la opción de financiar parte de la Seguridad Social con Presupuestos, y no todo mediante las aportaciones de los afiliados, si bien el enorme montante de recursos que se exige al organismo por la caída del empleo y el gasto en ERTEs ha obligado a tomar ahora esa decisión.
A esa cantidad, la ministra Montero le añade los 13.486 millones que se van a destinar a las CCAA y que servirán para que puedan cumplir con una aportación al déficit del 2,2%. Con esas dos operaciones, el Estado sume una buena parte del desequilibrio de ambas instituciones (autonomías y Seguridad Social), con el objetivo de que sean más operativas y tengan sus cuentas más saneadas, pero incrementa su aportación al desequilibrio de las cuentas públicas, que para el año que viene se sitúa en un elevado 7,7% del PIB.
Calviño certifica una recesión más profunda
El Gobierno ha certificado que la crisis del coronavirus en España está resultando aún más devastadora de lo que calculó en primavera al actualizar a la baja su cuadro de previsiones macroeconómicas como paso previo al impulso del plan presupuestario para 2021. Los nuevos cálculos del Gobierno, presentados tras el visto bueno del Consejo de Ministros por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, constatan que la recesión es más profunda; el déficit y la deuda generada, más abultados; y que la reactivación es más complicada de lo que el Ejecutivo había trasladado a Bruselas en mayo. Sin embargo, y aunque admite que la salida de la crisis tardará años, concede mayor potencia al rebote inercial de la economía en 2021 y estima que el Plan de Recuperación, la hoja de ruta de la inversión que se hará con las ayudas europeas, impulsará el PIB casi a doble dígito el próximo año.
En concreto, el Ejecutivo asume ahora que el PIB español pasará de crecer un 2% en 2019 a desplomarse un 11,2% este año, frente al 9,2% estimado inicialmente, acercándose ya a la previsión de caída del 12% que dan el grueso de analistas.
La salida de la depresión arrancaría en 2021, cuando la recuperación será solo parcial, con un crecimiento económico, vinculado a la inercia, del 7,2%, frente al 6,8% anteriormente apuntado. Sin embargo, el Gobierno estima que los 27.400 millones de euros en ayudas europeas que recibiremos el año que viene, podrían incrementar el alza del PIB de 2021 en 2,6 puntos más, hasta el 9,8%, gracias al Plan anunciado por el presidente del Gobierno.
Lo que suaviza el cuadro macroeconómico son las estadísticas de empleo, con una caída del 8,4% en 2020 (en lugar del 9,7%) y una recuperación del 5,6% en el próximo año, que hará que la tasa de paro salte del 14,1% al 17,1% este año (en vez de hacerlo al 19%) y baje al 16,9% en 2021. El plan de recuperación, eso sí, podría impulsar el empleo un 7,2% y rebajar el paro al 16,3%.
Del lado de las cuentas públicas, justo cuando la Unión Europea ha suspendido las reglas fiscales en 2020 y 2021 a fin de impulsar la economía, el Gobierno prevé que el déficit se dispare del 2,8% del PIB de 2019 al 11,3% este año, frente al 10,3% que había asumido a priori.
La deuda, en el 118%
Como consecuencia, la deuda pública pasaría del 95,5% al 118% en 2020, y no el 115,5% antes planteado. De cara a 2021, el Gobierno confía en que el agujero fiscal se relaje ya al 7,7%, aunque no detalló qué parte de la mejora será inercial y cuál debido al repunte de ingresos que prevé lograr con los nuevos Presupuestos.
Aunque no ofrece cifras para los años siguientes, Nadia Calviño contempla que la recuperación inercial no se daría antes de 2024, aunque estima que su plan de medidas podría acelerar la vuelta a los niveles de 2019 a 2022.
Calviño insistió en que las medidas ya desplegadas por el Gobierno, incluyendo el uso de los ERTE para contener la destrucción de puestos de trabajo, los avales públicos para facilitar financiación a las empresas, o las diversas ayudas sociales concedidas, han permitido evitar una caída del 25% del PIB este año y la destrucción de 3,5 millones de empleos. Así, ilustró, tras la caída del 5,2% del PIB en el primer trimestre, y del 17,8% en el segundo, la economía avanzó en torno a un 13% en el tercero y 2,7 de los 3,4 millones de afectados por ERTE se han reincorporado ya a sus empleos.
La vicepresidenta económica admitió que reina la incertidumbre y que los rebrotes del virus son un riesgo para asegurar, no obstante, que es superable si se toman medidas a tiempo.
