El presidente del Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados un Plan Nacional de Respuesta al Impacto de Guerra, en el que incluye la propuesta de un «pacto de rentas entre los agentes sociales para aportar estabilidad y evitar caer en una espiral inflacionista».
Ese plan de choque tiene relación directa con el repunte de la energía, situación ante la que el Ejecutivo también propone medidas. Una de ellas, la prórroga hasta el 30 de junio del descuento del bono social eléctrico en el 60%, para los colectivos vulnerables, y en el 70% para los colectivos vulnerables severos. El Gobierno, además, invita a las comunidades «a impulsar la protección con los más vulnerables en la próxima Conferencia de Presidentes».
En esta misma línea, se extiende «hasta el 30 de junio del tipo reducido del IVA al 10% para la electricidad, suspensión del Impuesto al Valor de la Producción de Electricidad y del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%».
En la industria, «se protegerá a la industria electrointensiva reduciendo en un 80% los peajes a 600 consumidores, extendiendo las medidas de flexibilidad en los contratos de gas natural hasta el 30 de junio». Y en renovables, se presupuestan «500 millones de euros para acelerar el autoconsumo agilizando los trámites, y 100 millones para ahorrar un 70% del consumo en alumbrado público».
El Ejecutivo también destinará 1.000 millones de euros más para el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento con el fin de «desarrollar proyectos de renovables y almacenamiento y elevar la fabricación de sistemas fotovoltaicos y eólicos».
El Gobierno va a «acelerar» el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para permitir a las empresas afectadas por la crisis tomar medidas como la reducción de la jornada de los trabajadores
Para reforzar el empleo, el Gobierno quiere acelerar la puesta en marcha de los nuevos ERTE y también aumentará la promoción de los destinos más expuestos. Y en agricultura, se solicitará a la Comisión Europea «que utilice todos los medios para facilitar la oferta de cereales y oleaginosas».
Flexibilidad de gasto
Sánchez quiere impulsar en el ámbito de la UE y de la OCDE que se declare a Rusia «como un paraíso fiscal, incluyendo a ese país en la lista negra de paraísos fiscales». También busca que las reglas fiscales se adapten a la situación de crisis, esto es, que Europa siga siendo flexible en cuanto al gasto, la deuda y el déficit.
En la misma intervención, el presidente del Gobierno anunció que España finalmente también enviará armas de manera directa a Ucrania, de modo bilateral, al igual que está haciendo la mayoría de países de la UE.
No se canalizará la ayuda de material ofensivo solo a través del fondo europeo de ayuda a la paz. El presidente del Gobierno rectificaba, por tanto, respecto a la posición mantenida hasta ahora para que quede claro el «compromiso» de su Ejecutivo con el pueblo ucraniano. El jefe del Ejecutivo alegó que siempre ha atendido que el ataque de Rusia no es solo a Kiev, sino a Europa, a sus «principios y valores», y por eso ha defendido acciones «coordinadas a nivel europeo», y no un «sumatorio» de iniciativas de cada país, contra las que advertía, recordó, el alto representante, Josep Borrell.
Por eso el Ejecutivo apoyó la activación del fondo europeo de apoyo a la paz (FEAP), dotado con 500 millones, para la entrega de armamento ofensivo y defensivo por parte de la UE a Ucrania, fondo del que España es el cuarto donante (40 millones).
«Esta ha sido mi posición y la posición del Gobierno. Y creo que es la adecuada. Lo creo firmemente. A una amenaza europea, debemos dar una respuesta europea, coordinada y unida. Es lo que nos pidió el alto representante, Josep Borrell, y a esa llamada España respondió al instante”.
