Ana Sánchez Arjona
Cerca de dos meses de negociaciones no han sido suficientes para sentar las bases de las reformas que viene pidiendo hace tiempo Bruselas. Las propuestas planteadas por el Gobierno para garantizar la llegada de los 140.000 millones de euros en fondos que financien el Plan de Recuperación a partir del próximo verano todavía no cuentan con el visto bueno de los agentes sociales. Así que todo está aún por decidir en temas cruciales como la reforma laboral y la derogación, al menos de sus aspectos más lesivos, en opinión de los sindicatos, y el nuevo modelo del sistema de pensiones. En ambos temas hay que buscar el consenso a tres bandas, según el compromiso del Gobierno.
Arranca el Plan de Recuperación. El Consejo de Ministros autorizaba al Gobierno su remisión a la Comisión Europea, un Plan que prevé ejecutar en tres años cerca de 70.000 millones, de los que este año se confía recibir 27.000 en reformas y proyectos con los que modernizar y potenciar la economía
Pero cerca de dos meses de negociaciones no han sido suficientes para sentar las bases de las reformas integrales que quiere Bruselas. Las propuestas planteadas por el Gobierno para garantizarse la llegada de los 140.000 millones de euros en fondos que financien el Plan de Recuperación a partir del próximo verano todavía no cuentan con el visto bueno de los agentes sociales.
El Gobierno se ha comprometido y sabe que para que arranquen las reformas tiene que tener el apoyo de las patronales y los sindicatos pero, a día de hoy, eso no ha ocurrido
El Plan ha sido remitido finalmente a la Comisión Europea a la que le preocupa la posibilidad de que se consiga o no el consenso para sacarlos adelante. Es decir, que los compromisos del Ejecutivo de cara a promover cambios, sea con el respaldo más amplio posible. Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Asuntos Económicos, ya ha recibido explicaciones hace algo más de una semana por parte de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Posteriormente por parte de su interlocutora natural, Nada Calviño, vicepresidenta económica. El afán de Díaz por no ser especialmente supervisada en su trabajo y el de Calviño por encauzar dentro de su área las políticas de Trabajo promete una negociación intensa también dentro del propio Ejecutivo.
“A la Comisión Europea el Gobierno solo puede mandar los titulares de sus propuestas porque en la mesa de diálogo social, concretamente sobre la reforma laboral, no hay acuerdo ni sobre lo que tenemos que plantear y en la de pensiones los asuntos son de gran calado”, aseguran los que siguen de cerca estas conversaciones, cercanos a los empresarios.
El Ejecutivo dice, sin embargo, que el documento que enviarán desde Moncloa está sobradamente planteado y que no está escaso de detalles sobre los nuevos marcos regulatorios.
Los sindicatos piensan, por su parte, que la necesidad de negociar y pactar obliga a poner como prioridad sobre la mesa la derogación de la reforma laboral de 2012, y la de 2013, en que se refiere al sistema de pensiones. “Lo que venimos demandando es la derogación completa de la reforma del PP de 2013, y retomar el acuerdo de 2011 con todo lo que supone. Es decir, suprimir los gastos impropios que son como una losa en la Seguridad Social y no penalizar la jubilación anticipada de quienes hayan cotizado más de 40 años”, señalan los sindicatos.
Antes de que acabe el año
La intención de Yolanda Díaz pasa por que el Gobierno de el visto bueno al resultado las negociaciones que mantiene en la mesa de diálogo social y los publique con forma de decreto antes del 31 de diciembre.
Negociaciones a las que se ha comprometido y que pasan por una nueva organización de la negociación colectiva, las pautas de flexibilidad interna alternativas al despido, la simplificación de los tipos de contrato y un nuevo catálogo de las condiciones de trabajo en el caso del sector de las subcontratas.
Y todos estos cambios pasan por una derogación parcial de la reforma laboral de 2012 a lo que se tiene que sumar las medidas urgentes que exige Calviño para reducir el paro, especialmente el juvenil, y centrarse en el plan de recuperación, que pretende alcanzar un impacto macroeconómico de 800.000 empleos.
Trabajo ya ha trasladado estos objetivos a patronal y sindicatos en lo que se refiere a los convenios colectivos pero el planteamiento no le gusta nada a los empresarios.
En cuanto a las pensiones, el desacuerdo es compartido por ambas partes y la complejidad de las propuestas que están sobre la mesa hace dudar a los agentes sociales de que las reformas se acometan este año, tal y como ha anunciado José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Escrivá empezó de cero las negociaciones hace un par de semanas tras ser consciente de que no gustaban a ninguno de los bandos. Los empresarios se niegan a que se pueda suprimir por ley la jubilación obligatoria a la edad ordinaria si no se reconocen los gastos que sumen.
Los sindicatos califican de “irrenunciables” sus demandas de derogación de las reformas introducidas en 2013 actualmente en vigor.
En materia fiscal, el documento no contiene grandes novedades. Así lo apuntan en Hacienda, y así lo señala el hecho de que el grupo de expertos que debe asesorar en la reforma del sistema acaba de ser creado. El límite para que presenten sus conclusiones es febrero del año próximo, por lo que hasta entonces no se espera que comience la reforma integral con la que la ministra María Jesús Montero quiere adaptar la fiscalidad al siglo XXI.
Ni sindicatos ni empresarios están de acuerdo con las propuestas del Plan de Recuperación que se enviará a Bruselas Las patronales rechazan el modelo de negociación de Díaz y UGT y CCOO exigen derogar las reformas de 2012 y 2013.
Sumario:
En cuanto a las pensiones, el desacuerdo es compartido tanto por sindicatos y patronal y la complejidad de las propuestas que están sobre la mesa hace dudar a los agentes sociales que las reformas se acometan este año, tal y como ha anunciado José Luis Escrivá
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Apoyo
Desde la movilidad sostenible a la rehabilitación de edificios y medios urbanos
Tal y como la ministra de Hacienda explicó, una vez remitido el Plan a Bruselas, la Comisión tendrá en torno a dos meses para dar el visto bueno definitivo, aunque recordó que para implementarlo no es necesario que ya esté aprobado y que, por ello, el Gobierno ya ha avanzado en algunos ámbitos junto a las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales de cada ámbito de acción.
El plan, destacó Montero, servirá para “conseguir que nuestro país sea más competitivo y más equitativo” mediante el desarrollo de las 110 inversiones y 102 reformas con la finalidad de alcanzar objetivos como “la modernización del tejido productivo y la Administración, impulso hacia un empleo de calidad, avanzar en la economía verde y sostenible y la reducción de las brechas sociales”.
El pasado 13 de abril, Pedro Sánchez presentó un resumen del plan de poco más de 200 páginas y destacó que desplegará diez proyectos clave a los que se destinará cerca de 50.000 millones de euros en tres años.
Destaca entre las inversiones la que se destinará a la movilidad sostenible y al coche eléctrico, de más de 13.200 millones, dentro del eje medioambiental del plan, que copará el 39% de las inversiones. En segundo lugar, se sitúa la rehabilitación de edificios y medios urbanos, “máxima prioridad”, según Sánchez, que va a recibir 6.820 millones. A continuación, se sitúan la modernización de las Administraciones Públicas, con 4.315 millones, la digitalización de pymes, con más de 4.060 millones, y la hoja de ruta del 5G, con casi 4.000 millones.
Estas cifras recogen sus grandes ejes, ya que el Gobierno ha recibido miles de proyectos en respuesta a las catorce manifestaciones de interés que ha planteado. Sus cuatro capítulos son: el Seguimiento de las reformas europeas; los Componentes, con reformas e inversiones; la Gobernanza, y el Impacto global, es decir, los efectos en el PIB y el empleo. En este último apartado, la intención de que eleve dos puntos el PIB a partir de este año y genere 800.000 puestos de trabajo.
