Ana Sánchez Arjona
Colchón, en la medida de lo posible, el que prepara el Ministerio de Trabajo para contrarrestar el impacto que va a tener el fin de los seis meses de blindaje del despido objetivo que instauró Gobierno, para aquellos trabajadores que dejaron el ERTE el pasado mes de mayo. Estamos, por tanto, inmersos en un mes de noviembre que se presume complicado en materia de empleo, en plena segunda ola de la pandemia que ha vuelto a poner en jaque a la economía española, pese al rebote del PIB en el tercer trimestre y la tímida recuperación del mercado laboral.
Noviembre será el mes clave para ver si se cumplen las previsiones que hablan de un incremento importante de los despidos. Hay que recordar que, a partir de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, las empresas aprobaron un aluvión de ERTE en sus plantillas. En mayo empezaron a reincorporarse a los puestos de trabajo de forma generalizada, por lo que, los 6 meses del blindaje del despido objetivo que instauró Gobierno, se han acabado. Es más, para los que se reincorporaran antes, por ejemplo, en abril, ya se habría cumplido el medio año de tregua
Por tanto, según vaya decayendo la prohibición, ¿podríamos encontrarnos con una oleada de despidos?
Es lo más probable, dada la situación de muchas empresas, y ante esta posibilidad el Gobierno trabaja para intentar mitigar el impacto en los afectados.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno contempla varias medidas. Desde un incremento general del gasto en desempleo del 21%, hasta superar los 26.000 millones de euros, para financiar la protección de los nuevos beneficiarios que resulten del impacto en el mercado laboral de la crisis sanitaria, hasta un aumento de las ayudas para los trabajadores despedidos por reestructuración y cierre de empresas. Todo ello, pasando por un refuerzo del presupuesto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y acompañado de un alza de la previsión de exenciones en el IRPF por las indemnizaciones por despido y cese.
El presupuesto en beneficios fiscales para las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, asciende a 705 millones de euros, 200 millones más que el año anterior, “debido al efecto de la crisis sanitaria y laboral”, según los PGE
En el documento de las cuentas públicas se puede leer que para el año 2021, “se espera un incremento muy importante de las solicitudes de ayudas de los trabajadores despedidos por reestructuración y cierre de empresas derivado de la crisis del Covid-19”.
El Ejecutivo ha decidido, además, reforzar de cara a 2021 el presupuesto del Fogasa, el organismo público que en última instancia asume el pago de las indemnizaciones y los salarios pendientes de cobro de los trabajadores cuando éstos pierden su empleo y las empresas no disponen de recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones legales. Situación que es previsible que se incremente en los próximos meses.
Prevé en este sentido el Consejo General de Economistas, que las insolvencias se van a disparar un 42% en 2021 y se espera una avalancha de concursos ya desde el último trimestre de este año tras el fin de la moratoria concursal.
Fondo de último recurso
Los recursos de este fondo de último recurso han sido especialmente escasos este año ya que Trabajo se ha tenido que conformar con los 150 millones que recogen los PGE de 2018, prorrogados por segunda vez para este 2020, pero las necesidades generadas por la crisis sanitaria han desbordado esa dotación y han generado un agujero considerable.
Así que, para 2021 se han presupuestado 300 millones.
Otra clave de que las cosas pueden venir mal dadas es que, en la partida de beneficios fiscales del proyecto de Presupuestos, destaca el crecimiento del 40,7% de lo que se destinará a las exenciones en las indemnizaciones por despido el año que viene. El presupuesto asciende a 705 millones de euros en beneficios fiscales para las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, 200 millones más que el año anterior “debido al efecto de la crisis sanitaria y económica sobre el mercado laboral”, explica el texto. Este beneficio fiscal exime de tributación las indemnizaciones por despido percibidas por los trabajadores hasta la cuantía de 180.000 euros. Si buscamos como referencia el documento de los PGE del año pasado en ellos se recogía una cifra de 7400.000 beneficiarios mientras que para el año que viene el Ejecutivo espera que sea 1,1 millones de trabajadores.
Los peores pronósticos vienen del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. Entre 200.000 y 300.000 trabajadores como mínimo se quedarán en paro entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. A estos A estos podrían sumarse otros 150.000 empleados a cargo de trabajadores por cuenta propia, ya que, según Fernando Santiago, presidente del Consejo “por cada dos autónomos que caen, se destruye un puesto de trabajo” y la previsión es que desaparezcan hasta 300.000 negocios.
Solo sería el primer capítulo de despidos que están por venir, puesto que habrá un segundo tramo de despidos hacia febrero-marzo, tras producirse la apertura judicial de los concursos de acreedores, y un tercer tramo cuando las empresas que se acogieron a créditos ICO tengan que devolver el principal.
Y todo ello, señala, sin contar los efectos sobre el empleo de las restricciones que se están tomando a nivel autonómico para hacer frente a la pandemia, con reducciones de aforo en la hostelería o incluso el cierre de locales de determinados sectores.
Fuera ya de las cuentas públicas, el Gobierno acaba de aprobar un nuevo subsidio para otro de los colectivos afectados por la crisis. Se trata de una ayuda mensual de 430 euros destinada a personas que hayan agotado el paro durante el primer estado de alarma y no estén protegidos por expedientes de regulación de empleo temporal.
Los ciudadanos, parados de larga duración, que se podrán beneficiar de esta prestación no tienen acceso tampoco al Ingreso Mínimo Vital (IMV), por las condiciones establecidas para ello.
Desde el Gobierno destacan la importancia de esta ayuda para la población que agotó la prestación de desempleo durante el estado de alarma, en los meses de marzo a junio, cuando prácticamente era posible buscar un puesto de trabajo.
Pago inmediato del subsidio de desempleo
Los Presupuestos Generales contemplan también una subida del 20,1% en la partida de desempleo, hasta los 25.012 millones en 2021. Y es que, aunque el Gobierno calcula que la tasa de paro cierre el año en el 19% y baje el que viene al 17%, la partida de desempleo cubriría también a los afectados por un ERTE, que supondrá un gasto para las arcas públicas aproximado de 4.000 millones. Las prestaciones por paro concentran ya unos recursos superiores a los Presupuestos de 2008, cuando se dedicaron 15.777 millones.
Este aumento se podría justificar en la intención que tiene Yolanda Díaz, y sobre la que ya trabaja su departamento, de realizar una reforma integral del sistema de protección asistencial para elevar considerablemente la tasa de cobertura e incrementar el número de beneficiarios en 50.000 personas a lo largo del próximo año. Entre otras novedades, se eliminará el mes de espera en los subsidios que lo exigen para favorecer que el cobro del paro sea prácticamente inmediato.
La reforma que planea Yolanda Díaz aparece en lo que podríamos denominar la letra pequeña de los presupuestos. La ministra quiere agilizar el nivel asistencial de protección por desempleo, es decir, las prestaciones para los que han agotado sus prestaciones o no han cotizado lo suficiente como para acceder al nivel contributivo, y trabaja para que los cambios entren en vigor desde el mismo 1 de enero. Lo cierto es que la titular de Trabajo ya había avanzado sus intenciones durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados hace meses, pero hasta ahora no había entrado al detalle de modificaciones concretas. Su intención, en cualquier caso, es que la reforma pase por la mesa del diálogo social antes de ser aprobada.
El Ministerio de Trabajo tiene la voluntad de “seguir ampliando y mejorando la protección a las personas en situación de desempleo, avanzando en el marco del diálogo social en una nueva regulación del sistema de protección asistencial por desempleo, dotándolo de mayor estabilidad, de manera que haga posible elevar la tasa de cobertura y la intensidad de la protección de las personas desempleadas que lo necesiten”, según la estrategia del Ministerio.
Destaca también la subida del 23% en el presupuesto destinado al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) tras el colapso por la pandemia, hasta contar con 31.632 millones de euros.
