Ana Sánchez Arjona
Se retrasa una vez más la aprobación de la Ley de Vivienda. Si el Gobierno esperaba poder sacar adelante esta polémica ley antes de que finalizara el año, ahora tendrá que esperar al menos hasta el mes de febrero para darle el visto bueno en Consejo de Ministros. Ha sido la decisión del Consejo General del Poder Judicial de tumbar el informe que respaldaba la norma lo que ha truncado el calendario de Raquel Sánchez, titular de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que se mostraba convencida de que su tramitación en el Congreso se iniciaría este mismo mes de enero. Ahora habrá que esperar a un nuevo dictamen del órgano judicial que ha encargado la elaboración de un texto alternativo al presentado por el vocal Álvaro Cuesta, que se debatirá el próximo 27 de enero.
Lo anunciaba la ministra la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. “El Gobierno aprobará la Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros del 18 de enero. La previsión es que podamos llevar a una segunda lectura y, por tanto, aprobar ya definitivamente en el Gobierno esa ley tan esperada. Y partir de ahí empezar lógicamente la tramitación parlamentaria”.
Sin embargo, esta norma, que ha sido objeto de mucha polémica en el sector, y todo parece indicar que lo seguirá siendo, que permitirá a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler, en las zonas tensionadas, a las empresas propietarias de más de diez viviendas, ha recibido el “no” del Consejo General del Poder Judicial.
El órgano judicial, que está en funciones, rechazaba la propuesta de informe favorable al Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda presentada por el vocal Álvaro Cuesta. El borrador ha obtenido el apoyo de sólo seis de los 21 miembros del pleno, reunido en sesión extraordinaria. Otros 14 vocales y el presidente, Carlos Lesmes, han votado el contra cuando el texto necesitaba al menos once votos para salir adelante.
Un punto de discrepancia es la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque incorpora “un evidente sesgo ideológico” que será abordado en el próximo informe
Fuentes del Consejo consultadas por Europa Press señalan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial. Estas mismas fuentes indican que durante el pleno se ha rechazado que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley de Vivienda con ese contenido, y que, dado que entienden que no son correctos “múltiples aspectos” del anteproyecto, esto obliga al órgano de gobierno de los jueves a reelaborar el informe.
Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora “un evidente sesgo ideológico” que será abordado en el informe que se presente a finales de mes elaborado por dos nuevos ponentes: José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. El nuevo texto se debatirá en el pleno del próximo día 27 de enero
Y ha sido precisamente, Enrique Lucas el que, en sus alegaciones, mostraba sus dudas sobre la competencia del Estado para legislar en materia de derecho a la vivienda, que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas. El borrador rechazado, según Lucas, “parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.
El borrador sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que preparó Álvaro Cuesta indicaba que era un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución. No obstante, entendía que se daba una “falta de concreción” en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.
En la nota que emitió el pasado 11 de enero el CGPJ se añadía que las consideraciones generales que hacía el informe sobre la norma eran “favorables» y que dado su carácter «básico”, el texto del anteproyecto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan atribuidas las comunidades autónomas.
El informe del Consejo General del Poder Judicial, es un informe preceptivo porque la norma modifica algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esperar hasta febrero
Tras esta decisión, el Gobierno tendrá que esperar hasta febrero, como mínimo, para poder aprobar la Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, contaba con llevar la Ley al Consejo de Ministros el 18 de enero, sin embargo, la decisión del CGPJ retrasará sus planes.
Esta es la segunda vez que se posterga la aprobación de esta normativa, cuyo acuerdo en 2021 sirvió a los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Sánchez expresó el pasado 10 de diciembre su intención de llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros antes de que terminara el año, pero no fue posible.
Ha sido Unidas Podemos la primera en reaccionar ante esta decisión para expresar su rechazo a los “retrasos injustificables” de la que es, dicen, “una de sus leyes estrella negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales”, Ione Belarra.
Esta ley, “permite por primera vez poner freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables y prohíva la venta de vivienda protegida” subraya el socio del Gobierno.
Cuatro aspectos fundamentales de ley
El informe que elabore de nuevo el Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Vivienda tendrá que avalar la noma y dar su visto bueno a uno de los pilares de la ley: la regulación de los precios de alquiler en las zonas de mercado tensionado, entre otros aspectos fundamentales a tener en cuenta:
- Las CCAA declaran las zonas tensionadas Las autonomías podrán declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado por un periodo de tres años tras constatar que en esa zona la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y que en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC de esa comunidad.
- Plazo de 18 meses para elaborar los índices de referencia Las rentas de las personas jurídicas propietarias de más de diez viviendas en zonas tensionadas se limitan conforme a un sistema de índices de precios de referencia para cuya elaboración, dispondrán ahora de hasta 18 meses.
- Desgravación en el IRPF para arrendadores La actual desgravación del 60% en el IRPF por rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual pasa a ser del 50%, pero se modula hasta el 90 % en las zonas tensionadas. Para nuevos alquileres de viviendas a jóvenes entre 18 y 35 años, la reducción es del 70%, mientras que para viviendas protegidas y para casas rehabilitadas en los dos últimos años es del 60%.
- Penalización a las viviendas vacíasLos ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 50% en la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas de uso residencial que permanezcan desocupadas sin justificación más de dos años; del 100% si está vacía más de tres años y del 150% si se tienen varios inmuebles desocupados en el mismo término municipal, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario.
Sobre cómo afectará la ley a los jóvenes, el Gobierno prevé dos novedades importantes de cara a este año.
La primera y controvertida es que los jóvenes puedan acceder a un bono por vivir de alquiler, el llamado Bono Social de Alquiler para Jóvenes, con una ayuda de hasta 250 euros al mes que pretende, esté disponible, a partir de este año.
Además, se creará un seguro para evitar los impagos de este colectivo que se acojan a esta ayuda y que estará financiado por los fondos del Plan Estatal de Vivienda. El seguro cubrirá la deuda en la que se ha incurrido durante 1 año.
