Ana Sánchez Arjona ■
Como todos los miembros del Gobierno, la titular de Hacienda tendrá veinte días para disfrutar de las vacaciones. Unas vacaciones que servirán a Montero para perfilar las cuentas públicas del año que viene. Así que se lleva tarea a su lugar de descanso, consciente de que está mucho en juego. Entramos en año electoral, la crisis económica es grave, la recesión está tocando la puerta y los Presupuestos tienen que concebirse como empujón que enmiende, en la medida de lo posible, las previsiones. Prioritario, mantener un gasto récord que superará los 200.000 millones bajo el paraguas fundamental de los fondos europeos. Y si la intención del Ejecutivo era la de convocar un pleno extraordinario a finales de julio para dejar zanjado el primer capítulo de las cuentas, todo indica que la aprobación del techo de gasto no se producirá hasta septiembre
La ministra Montero sabe lo importante que son las cuentas públicas del año que viene. Está mucho en juego. Entramos en año electoral, la crisis económica es grave, la recesión está tocando la puerta y, sin embargo, los presupuestos tienen que un concebirse como empujón que enmiende, en la medida de lo posible, las previsiones. Prioritario, por tanto, mantener un gasto record que se espera que supere los 200.000 millones bajo el paraguas fundamental de los fondos europeos.
Parece que finalmente la aprobación del techo de gasto se dejará para la vuelta del verano. En un primer momento se apuntó la posibilidad de convocar un pleno extraordinario a finales de este mes de julio, para dejar zanjado el primer capítulo de las cuentas públicas, pero todo indica que, finalmente, eso no se producirá hasta el mes de septiembre.
“Uno de los criterios de asignación de recursos en las cuentas públicas serán las medidas para proteger a los consumidores y a los sectores más afectados por el alza de precios provocado por la guerra”, según explica el Ministerio de Hacienda
La idea de María Jesús Montero es llevarlo al Congreso en el primer o segundo pleno, tras las vacaciones.
Pero lo cierto es que, la maquinaria ya se ha puesto en marcha y el Ministerio de Hacienda echa cuentas para ver el margen presupuestario del que disponible en un escenario de suspensión de reglas fiscales.
Aunque Hacienda explica que no está establecido el rango en el que se moverá el nuevo techo de gasto, todo apunta que estará por encima del aprobado hace un año, que se situó en máximos hasta los 196.142 millones de euros.
Así que, por la incertidumbre de si se podrá contener la inflación, Moncloa baraja un techo en niveles históricamente altos para “apuntalar el Estado de bienestar, impulsar el crecimiento y la creación de empleo”, asegura la ministra.
Sobre la asignación de los recursos públicos de los presupuestos, “uno de los criterios de asignación de recursos en las cuentas públicas serán las medidas para proteger a los consumidores y a los sectores más afectados por el alza de precios provocado por la guerra”.
De esta manera, el Gobierno ha apoyado “con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios energéticos, contribuyendo a reforzar la seguridad e interconexión energéticas y de suministro, la estabilidad de precios y reforzando las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad”.
Recuerda en un comunicado el ministerio que dirige Montero que ya ha adoptado medidas de diversa índole para combatir el aumento de la inflación provocado por la guerra mediante, “por ejemplo, una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, las ayudas directas a transportistas, agricultores o la industria gas intensiva o con la mayor rebaja de impuestos de la historia a la electricidad”. Medidas cuya prórroga acaba de convalidar el Congreso de los Diputados.
Hacienda insiste, sobre el impacto que tendrán todas estas medidas en las cuentas, que la responsabilidad fiscal de España “se mantiene y está recogida en el último Programa de Estabilidad enviado Bruselas».
Reglas fiscales
Al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023.
En esta ocasión, y según ha explicado la presidenta de la Comisión Europea, el objetivo es que los Estados puedan mantener políticas dirigidas a que la recuperación económica sea más robusta y se alcance el PIB previo a la pandemia, pero también para dar margen para actuar ante el impacto de la guerra de Ucrania y la crisis energética agravada por el conflicto.
La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Montero ha anticipado que, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno.
Pese a esta suspensión, la titular de Hacienda ha defendido el compromiso del Gobierno con la corresponsabilidad fiscal a lo largo de estos últimos ejercicios marcados por la pandemia.
Muestra de ello es, según la ministra, que el año pasado se produjo la mayor reducción del déficit de la historia, que pasó del 10,8% en 2020 al 6,7% en 2021
Según las previsiones que maneja Hacienda, el déficit se reducirá al 3,9% en el año 2023, al 3,3% en 2024 y al 2,9% en 2025, de forma que España no saldrá del procedimiento de déficit excesivo que marca la Comisión Europea hasta 2025, aunque Bruselas está en pleno proceso de revisión de las reglas fiscales.
Junto al déficit del 3,9%, las cuentas públicas del año que viene se sustentarán en una estimación de deuda pública del 112,4% del PIB, para disminuir al 110,9% en 2024 y al 109,7% en 2025.
El gasto en Defensa complicará la negociación
Y lo hará mucho. Lo sabe María Jesús Montero. “será duro, pero será” la negociación del proyecto de Presupuestos Generales que debe incluir el incremento del gasto en Defensa para alcanzar el objetivo de llegar a un 2% del PIB en 2029, compromiso alcanzado en la Cumbre de la OTAN en Madrid.
“Prepararemos unos Presupuestos que serán el primer paso para contemplar el objetivo de llegar al 2% en 2029”, ha dicho la ministra que ha relativizado además las diferencias con su socio de gobierno, Unidas Podemos que ha rechazado de plano la decisión de elevar el gasto militar, al argumentar que «la negociación siempre es compleja, no sólo con los socios de gobierno, sino con todos los grupos políticos que tienen que apoyar un presupuesto».
Serían los terceros Presupuestos de Pedro Sánchez y de la coalición, después de haber gobernado con las cuentas de 2018 que llevaban la firma de Cristóbal Montoro prorrogadas hasta 2021, y a pesar de las últimas discrepancias con sus socios.
Mientras se termina de definir del todo el laberinto político, con el escenario de fondo de las elecciones, la parte de Unidas Podemos del Gobierno volverá a pelear en la negociación de las cuentas públicas para lograr introducir los compromisos fiscales y medidas sociales pactados con el PSOE.
Volverán a batallar para que se incluyan medidas que contempla su reforma fiscal por valor de 25.000 millones de euros, acorde con los puntos presentados a principios de la primavera.
Entre las principales propuestas están la subida de los tipos impositivos del IRPF a los contribuyentes que superen los 120.000 euros de renta; sustituir el impuesto de Patrimonio por una tasa a grandes fortunas; aumentar un 10% el impuesto de Sociedades a las eléctricas, un impuesto estatal que grave las viviendas vacías, otro nuevo tributo para gravar los alimentos de mala calidad nutricional o un nuevo marco de fiscalidad ‘verde’.
Desde Unidas Podemos tienen claro que exigieran que se asuman los compromisos pendientes que se quedaron en la cuneta durante la negociación de los Presupuestos de 2021. Entre otras, la bajada del IVA general del 21% al superreducido del 4% para productos de higiene femenina.
Pondrán sobre la mesa, de nuevo, las acciones sociales que abandera Ione Belarra, como la prestación de 100 euros para todas las madres y la ampliación a seis meses de los permisos de paternidad y maternidad, que se debatieron para los PGE de 2022 pero se quedaron finalmente fuera.
También reclamarán la bajada del Impuesto de Sociedades a las pymes, la bajada del IVA a los servicios veterinarios del 21% que presenta desde la reforma fiscal de septiembre de 2012 al tipo reducido del 10%, y la misma disminución para el IVA de las peluquerías y centros de estética.
