Ana Sánchez Arjona
Lo tenía guardado en un cajón, el proyecto de armonización fiscal que ha puesto sobre la mesa, ahora, la ministra de Hacienda. Y lo ha hecho aprovechando que ERC anunciaba que éste ha sido uno de los acuerdos que ha negociado con la ministra a cambio de apoyar los PGE. Así que Mª Jesús Montero ha vuelto a insistir en que el sistema tributario tiene que ser progresivo y equitativo entre territorios. Una opinión que compartía su homólogo Cristóbal Montoro, hace apenas tres años, cuando un grupo de sabios, nombrados por el Gobierno del PP, hizo un informe sobre financiación autonómica en el que recogían la posibilidad de armonizar no sólo Patrimonio, sino también Sucesiones y Donaciones.
Tener como objetivo la armonización fiscal no es una iniciativa de Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. Es un debate recurrente entre comunidades y una vieja reivindicación del Psoe andaluz que la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero tenía guardado en el cajón desde hace meses.
Lo ha sacado ahora, fruto del pacto alcanzado con Esquerra que garantiza su apoyo a los Presupuestos, y ha echado mano de las intenciones que su homólogo en el cargo, Cristóbal Montoro, en este sentido durante el Gobierno del PP
Así que, a los populares no les pilla de nuevas. Tampoco a Ayuso, y al presidente del PP, Pablo Casado, porque no hace relativamente mucho, el Ejecutivo de Mariano Rajoy encargaba un informe a un grupo de expertos que, entre otros asuntos, planteaba si sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente a los Gobiernos autonómicos.
Algunos expertos defienden que el actual sistema de financiación tiene mecanismos para corregir estos posibles desequilibrios de renta entre los diferentes territorios, y que Madrid no se beneficia del efecto ‘sede’
El ministro de Hacienda era Montoro, cuyos impuestos viven ahora sus últimos días.
La creación de este comité de expertos fue uno de los acuerdos que se adoptó en la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en enero de 2017 cuyos representantes socialistas trasladaron al Gobierno del Partido Popular la necesidad de armonizar la fiscalidad teniendo en el punto de mira el régimen tributario de Madrid.
Por aquellas fechas era Cristina Cifuentes la que estaba al frente del Ejecutivo regional.
El debate estaba liderado por la presidenta en ese momento de la Junta de Andalucía, Susana Díaz a la que Cifuentes respondió tajante que no tenía ninguna intención de subir los impuestos a los ciudadanos madrileños.
Competencia desleal
Sucesivas bajadas de impuestos desde 2008 habían hecho de Madrid la comunidad con menor presión sobre el contribuyente: la tarifa autonómica del IRPF más baja, bonificación del 99% en el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales en mínimos y exento el de Patrimonio. De libro calificaban la competencia desleal de la que acusaban a Madrid los socialistas que se quejaban y pedían un máximo y un mínimo en determinados tributos cedidos a las comunidades.
Las críticas de Susana Díaz estaban precedidas de la postura que había adoptado la consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, que argumentaba que Díaz iba a exigir acabar con el dumping fiscal entre comunidades. Montero, que hoy es la ministra de Hacienda del Gobierno del PSOE.
Así que no es el portavoz de ERC quien ha abierto el melón cuando habla de “dumping fiscal” o “paraíso fiscal”.
Pero volviendo al documento del comité de expertos, en él se hablaba de un problema adicional en relación con los tributos cedidos totalmente que ha sido, y es, la falta de preocupación por parte del Estado que no ha actualizado las normas que, en algunos casos, tienen una treintena de años.
Concretamente, el tema que afecta a la Comunidad de Madrid es el punto 9, el que se refiere a la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio. “El Impuesto sobre el Patrimonio debe jugar un papel relevante para mejorar la legitimación del sistema tributario, contribuyendo a mejorar la equidad y la gestión administrativa de otros gravámenes. La última reforma estatal de este impuesto tiene fecha de 2011, por lo que resulta necesario actualizar sus elementos esenciales para ajustarlos a la realidad socioeconómica actual. El establecimiento de límites mínimos y/o máximos de gravamen efectivo puede evitar situaciones de competencia fiscal a la baja. Por ello, se acuerda la creación de un Grupo de Trabajo para analizar la reforma del Impuesto sobre el Patrimonio”.
Desde Hacienda se asegura estos días que no hay un calendario previsto para empezar con la reforma mientras dicen que la armonización fiscal no tiene por qué ir vinculada la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque todo puede ocurrir.
Sobre todo, si tenemos en cuenta que, hace unas semanas, en un acto público en la Comunitad Valenciana, su presidente, Ximo Puig exigió la “armonización fiscal”, que se acabase con los «paraísos fiscales», el “dumping fiscal” y el “efecto capitalidad” de Madrid. Y el presidente Pedro Sánchez recogió el guante. “Me parece fundamental que renovemos después de la pandemia nuestro sistema fiscal”.
¿Es Madrid un paraíso fiscal y Cataluña un infierno para los contribuyentes?
Madrid y Cataluña se acusan de ser un paraíso o un infierno fiscal. Pero hace casi un cuarto de siglo no se habría planteado esta cuestión porque las comunidades no podían modificar impuestos. Pero, desde 1997 si pueden hacerlo y, aseguran los expertos, que los motivos van desde lo ideológico hasta la necesidad pura y dura, para subir o bajar la tributación.
Según un estudio reciente del IVIE que solicitó la Generalitat Valenciana para estudiar lo que llaman efecto ‘capitalidad’, ambas comunidades son líderes, pero en extremos diferentes. Las rebajas de impuestos en Madrid suponen renunciar a 4.100 millones al año. Las subidas de impuestos en Cataluña se traducen en 610 millones más de ingresos. Si las principales diferencias se centran en patrimonio y sucesiones y donaciones, los que salen ganando mayoritariamente son las rentas altas. “Un contribuyente podría ahorrarse cerca de 16.200 euros al año si tributa en Madrid, una cifra que puede considerarse capaz de incentivar el cambio de domicilio fiscal”, según el IVIE. Los cálculos es que 100.000 personas se han mudado a Madrid para pagar menos impuestos en los últimos años.
Las rebajas de impuestos en Madrid suponen renunciar a 4.100 millones al año. Las subidas de impuestos en Cataluña se traducen en 610 millones más de ingresos, según un estudio reciente del IVIE que solicitó la Generalitat Valenciana
Dicen los expertos que, hasta en el País Vasco, que no tiene precisamente los tipos más elevados en patrimonio, sucesiones y donaciones, miran de reojo Madrid.
Por su parte Cataluña es la que más impuestos propios ha introducido: una docena en total frente a los cuatro de Madrid. La Generalitat catalana ha introducido el canon del agua, de residuos municipales, industriales, de la construcción, impuestos medioambientales, impuestos sobre las estancias turísticas, sobre grandes establecimientos comerciales, sobre viviendas vacías… por los que ingresa cerca de 700 millones anuales.
Disparidad entre los tipos que aplican en el IRPF sobre el que las comunidades pueden tomar decisiones sobre la mitad de este impuesto. Tipo mínimo: 21,5% en Cataluña frente 18,5% en Madrid. Tipo máximo: 48% en Cataluña vs 43,5% en Madrid.
Se supone que las autonomías con gobiernos de izquierdas el impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones no está apenas bonificado porque, aseguran, el sistema es más progresivo al gravar la riqueza de los que más tienen. Sin embargo, la presión a la baja que ejerce Madrid ha obligado a mover ficha a algunas comunidades con tal de no perder más contribuyentes.
Un apunte al que se suelen referir los expertos en la materia. España es de los pocos países que mantiene un impuesto al patrimonio. Alemania se terminó eliminando y Francia lo ha reformado de tal manera que sólo se aplica a los bienes inmuebles de los más ricos. Así que, en caso de mantenerse, habría que reformarlo para que funcionara adecuadamente: no tiene sentido que cada CCAA haga de su capa un sayo.
