Ana Sánchez Arjona
Hacienda pisa el acelerador y la reforma fiscal arranca. El ‘comité de sabios’ dará en un año su veredicto, pero Mª Jesús Montero quiere que el grueso de la reforma esté lista a principios de 2022 y en todas las comunidades. Ha sido a las puertas de que se inicie la campaña electoral en Madrid cuando se ha anunciado la constitución del grupo de expertos para abordar la controvertida armonización fiscal autonómica, a la que el Gobierno madrileño se opone de plano. Hace dos décadas que los Ejecutivos del PP en Madrid aplican rebajas de impuestos cuyo buque insignia es la bonificación del 100% en Patrimonio, por el que renuncian a más de 1.200 millones de euros de recaudación.
Será en el inicio del año 2022 y en todas las comunidades autónomas. Es la intención de la ministra de Hacienda que, ocho años después de que el comité de expertos presidido por Manuel Lagares entregara sus propuestas de reforma fiscal, presentaba en sociedad un nuevo comité con la vista puesta en la subida de sociedades, patrimonio y sucesiones y donaciones.
Y ha sido a las puertas de que se inicie la campaña electoral en Madrid cuando se ha anunciado su constitución para abordar la controvertida armonización de impuestos autonómicos, a la que el Gobierno madrileño y el Partido Popular se oponen de plano, la imposición del tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, y para trazar la hoja de ruta del futuro del sistema fiscal español.
Muchos gobiernos autonómicos, que hablan de robo y ‘dumping’ por parte de la Comunidad de Madrid, piden la armonización del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España
En realidad, lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado es que se les va a pedir a los expertos que comiencen su estudio por estas dos vertientes para tener en cuenta sus conclusiones, pero también ha dicho que su idea es que las dos reformas estén listas en 2022. Y es que, lo que el Ejecutivo tiene en la cabeza es ponerse a fondo con estos dos aspectos fiscales para que estén operativos el año que viene, sin excusas
De hecho, durante la constitución y presentación del comité, que se produjo en la sede del Instituto de Estudios Fiscales, la ministra les ha pedido que “vayan anticipando algunos de los trabajos en determinados tributos” para que los puedan recoger los Presupuestos de 2022 y los trabajos para la reforma de la financiación autonómica.
La armonización del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, por la que claman muchos gobiernos autonómicos que hablan de robo y dumping por parte Comunidad de Madrid, es una línea infranqueable para el Partido Popular y para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que juzga la intención de Haciendacomo una injerencia en las competencias autonómicas y de corresponsabilidad fiscal.
Hace casi dos décadas que los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid han aplicado una estrategia fiscal cuyo buque insignia es la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio, por el que renuncian a más de 1.200 millones de euros de recaudación. Esto ha supuesto que Madrid se haya convertido en un destino predilecto para los grandes patrimonios.
Debate filosófico/fiscal
El asunto no sólo ha provocado un agitado debate filosófico/fiscal, ya que una parte de ese ahorro juega a favor de contribuyentes con una posición económicamente cómoda, sino que también ha azuzado un duro enfrentamiento institucional entre comunidades por el supuesto desplazamiento de rentas hacia la Comunidad de Madrid.
Varios documentos académicos han acreditado la ‘deslocalización’ de contribuyentes de los rangos más altos de renta desde otras comunidades autónomas, principalmente Andalucía y Cataluña, hacia la Comunidad de Madrid atraídos por su favorable tratamiento no sólo al patrimonio sino también a las transmisiones patrimoniales tanto en vida (donaciones) como tras el fallecimiento del titular (sucesiones).
Se trata de una circunstancia que, bajo la exigencia de la corresponsabilidad fiscal, ha provocado la reacción de varios gobiernos autonómicos que acusan al Ejecutivo de Madrid de aprovechar las ventajas de la capitalidad y de unos ingresos fiscales ‘extraordinarios’, algo que María Jesús Montero siempre ha considerado rechazable.
El asunto ha permanecido en el foco de la actualidad durante meses, pero el Gobierno ha esperado a la presentación pública de su Comité de Expertos, cuya composición estaba definida desde hace más de dos meses, para anunciar su intención de abordar este asunto de manera inmediata para que esté resuelto ya en 2022 justo un día antes de revelar el contenido del Plan de Reformas e Inversiones que se remitirá a Bruselas y a apenas unos días de que arranque la campaña electoral en la Comunidad de Madrid.
La intención es, según la ministra, es transformar las figuras “vinculadas a la riqueza” y así impedir que la descentralización fiscal deje algunos impuestos “vacíos de contenido”.
Jesús Ruiz-Huerta, al mando de los 17 académicos
que reformarán el sistema tributario español
El Ministerio de Hacienda ha dejado el rediseño del sistema tributario español en manos de 17 expertos en fiscalidad, fundamentalmente procedentes del mundo académico.
Al frente a un hombre de confianza del PSOE. Además de catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, y patrono de la Fundación Alternativas, un laboratorio de ideas ligado al Partido Socialiesta en el que dirige el servicio de estudios.
La ministra de Hacienda María Jesús Montero, aseguraba, durante el acto de constitución del Comité, que la composición del grupo de expertos garantizará “pluralidad en el debate”. Se trata, dijo, de “personas que han estado trabajando tradicionalmente en el sistema fiscal a nivel europeo y español”, expertos en medidas para “combatir la desigualdad, que era un aspecto que nos interesaba que estuviera presente”, y conocedores en profundidad “del mundo de la financiación autonómica, un elemento esencial” que también se busca reformar.
Los miembros del comité serán “libres para hacer el planteamiento que estimen conveniente” si bien, matizó, sus conclusiones no serán vinculantes para el Gobierno, que tomará “su propia decisión” a la luz del libro blanco que deben presentar, como tarde, el 28 de febrero de 2022.
Además de un presidente, el comité contará con un secretario, que será Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales, y 16 vocales especialistas en materias como Hacienda Pública, Derecho Tributario o Economía, con el mandato de revisar el sistema tributario de forma integral, incluyendo desde las figuras impositivas directas e indirectas hasta las deducciones y beneficios fiscales, atendiendo a la eficiencia económica, la equidad interpersonal, territorial y de género, explica Hacienda.
El grupo lo completan Fran Adame, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla; Antonia Agulló, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra; Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares; Laura de Pablos, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense; Santiago Díaz de Sarralde, profesor titular de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos; Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo; Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo; Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra; Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública en la Universidad de Zaragoza; David López Rodríguez, economista superior en la División de Análisis Estructural del Banco de España; Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo; Saturnina Moreno, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla la Mancha; Violeta Ruiz-Almendral, profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Carlos III de Madrid; María Teresa Soler, catedrática emérita de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante; y Marta Villar, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo.
Ninguno de ellos formó parte del grupo de nueve expertos al que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó este mismo rediseño fiscal en 2013.
