Ana Sánchez Arjona ■
Redistribuir la carga que supone el alza de la inflación y hacerlo lo antes posible. Es la intención del Ministerio de Hacienda, que está decidido a adelantar la entrada en vigor del impuesto sobre el beneficio de las empresas eléctricas a 2022. La fórmula pasa por que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos presenten una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para aprobar este nuevo impuesto del que María Jesús Montero no ha dado datos todavía de la fórmula elegida para realizar el cálculo de los beneficios extraordinarios, y tampoco una estimación de cuánto se podría recaudar. El Gobierno dice estar convencido de que las empresas lo recurrirán a los tribunales. Lo aseguraba el propio Pedro Sánchez al insistir en que se encontrarían por el camino dificultades para poner en marcha determinadas medidas.
El Ministerio de Hacienda está decidido a adelantar la entrada en vigor del impuesto sobre el beneficio de las empresas eléctricas a 2022. Así que, María Jesús Montero estudia presentar una proposición de ley en el mes de julio, y hacerlo por la vía de urgencia.
La ministra explicaba en una reciente entrevista que las empresas energéticas están entre las interesadas en “derribar al Gobierno” de Pedro Sánchez porque su intención es preservar su margen de beneficios.
“Hay intereses económicos vinculados a las energéticas, pero no solo que quieren preservar el margen de beneficios que han tenido durante una década. Esto es una alianza que los poderes públicos percibimos con claridad fundamentalmente cuando empresarios y medios de comunicación, es decir, el conjunto de los que pretenden derribar a este Gobierno, se alían e intentan convertir todo lo que hacemos en cuestiones negativas”.
Montero subraya que “todo el mundo puede entender que el conjunto de empresas energéticas, no sólo las eléctricas, están teniendo beneficios no justificables” y considera “de justicia social” que se redistribuya la carga que supone el alza de la inflación
Montero subraya que “todo el mundo puede entender que el conjunto de empresas energéticas, no sólo las eléctricas, están teniendo beneficios no justificables” y considera “de justicia social” que se redistribuya la carga que supone el alza de la inflación.
Eso pasa, ha dicho, porque las energéticas puedan aportar de sus “abultados” beneficios a las arcas públicas para que el paquete de medidas aprobado se pueda financiar.
De este modo, anunciaba, el Gobierno trabaja en una nueva figura fiscal para gravar los beneficios que obtengan las energéticas en 2022, que entrará en vigor en enero de 2023, y señalaba que su ministerio estudia diferentes fórmulas para implantar este gravamen, como la italiana, para articularlo a través de una proposición de ley porque es «el mecanismo más rápido» para que pueda estar listo en enero del próximo año.
En las últimas semanas las dos partes del Ejecutivo se planteaban cuál era la mejor fórmula para activar el nuevo impuesto y agilizar su entrada en vigor, y barajaban un recargo en el tributo sobre Sociedades de diez puntos, como quería Unidas Podemos.
En ambas partes había consenso sobre la urgencia de que las empresas pagaran más por los beneficios obtenidos, y correr con parte del impacto económico que van a suponer las medidas aprobadas para ayudar a las familias y empresas vulnerables.
Italia, Grecia o Reino Unido ya han activado un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas, un nuevo gravamen que tiene que garantizar la seguridad jurídica por lo que se debe implantar de la manera más conveniente y correcta.
Gobierno incómodo
El Gobierno dice estar convencido de que las empresas recurrirán a los tribunales. Lo aseguraba el propio Pedro Sánchez durante la presentación de las medidas al insistir en que se encontrarían por el camino dificultades para poner en marcha determinadas medidas.
“Este es un Gobierno muy incómodo para determinados poderes económicos, que tienen sus terminales mediáticas y políticas. Esto es una realidad que venimos sufriendo desde hace cuatro años a esta parte, primero con la moción de censura y posteriormente con la formación del primer gobierno de coalición progresista”.
Hacienda ha elegido una proposición de Ley, por la vía de urgencia, y no un Real Decreto o un proyecto de Ley porque no hay que demorar su aplicación. De esta manera se reduce su tramitación y se le confiere agilidad
La fórmula pasa porque los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos presenten una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para aprobar este nuevo impuesto.
El presidente del Gobierno no ha dado datos sobre la cuantía o la manera en la que se realizará el cálculo de los beneficios extraordinarios, y tampoco una estimación de cuánto se podría recaudar.
Hacienda ha elegido una proposición de ley urgente y no un Real Decreto o un proyecto de ley porque no había que demorar su aplicación. De esta manera se reduce su tramitación y se le confiere agilidad.
La intención del ministerio es que la norma pueda concluir su tramitación antes de final de año. De este modo, se podrían gravar los beneficios que hayan conseguido de manera extraordinaria las compañías durante este año, aunque se tributaran a lo largo del año que viene.
La intención del Ejecutivo es que el nuevo texto llegue al Congreso en el mes de julio.
9.000 millones para frenar el impacto de la inflación
Contener la inflación en, al menos, 3,5% puntos hasta finales de año. Es el objetivo del paquete de ayudas aprobado por el Ejecutivo y que tendrá un coste de 9.000 millones según ha cifrado el presidente del Gobierno.
De ellos, 5.500 son gastos para proteger a las familias y a los grupos más vulnerables y 3.600 millones que se corresponden a la reducción de ingresos derivadas de las rebajas fiscales.
El presidente del Gobierno elevó hasta cerca 15.000 millones de euros el coste de los dos decretos puestos en marcha hasta el próximo 31 de diciembre.
Como medidas más destacadas el Gobierno ha aprobado la reducción del IVA de la luz del 10% al 5%, una rebaja del 50% del abono transporte y un cheque de 200 euros para autónomos y parados de bajos ingresos, además de la prórroga de la rebaja de 20 céntimos en el precio del litro de los combustibles.
La otra medida estrella, sobre la que existía cierta incertidumbre era la puesta en marcha de un cheque de ayuda. Finalmente, la decisión adoptada es que esta ayuda sea de 200 euros para asalariados, autónomos y parados de bajos ingresos.
Se trata de un pago único de 200 euros, medida que beneficiará a 2,7 millones de personas. Para su percepción los beneficiarios deben residir en hogares en los que la suma de las rentas sea inferior a los 14.000 euros en 2021 y el patrimonio descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196 euros.
Estarán excluidos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital o reciban pensiones
Además, recorta un 50% los abonos transporte de carácter estatal y un 30% los emitidos por comunidades y ayuntamientos. Todo ello a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, abriendo el camino para que estos órganos de Gobierno hagan lo propio para igualar la ayuda estatal.
El presidente del Gobierno adelantó una subida del 15% en las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, lo que supone del orden de 60 euros al mes.
La prórroga también incluye ayudas directas a sectores como el transporte, el ganadero y el lácteo, o la prohibición de subir los alquileres por encima del 2%. También se contempla prorrogar el incremento del 15% del ingreso mínimo vital, o el aumento de los beneficiarios del bono eléctrico.
En el mercado de la luz se prolongará la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, el mínimo legal, y se suspenderá el impuesto especial de generación, que tenía un gravamen del 7%.
Con el fin de abaratar el coste del recibo de la luz, el Ejecutivo ha aprobado una nueva rebaja en el IVA aplicado a la electricidad, que pasará del 10% al 5%. Se trata del segundo recorte para la luz en menos de un año, después de que el verano pasado el Gobierno rebajara el tipo de tributación general del 21%, al tipo reducido del 10%.
