Ana Sánchez Arjona
El retraso en la recuperación tiene implicaciones para el Gobierno y sobre todo para su política fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado en varias ocasiones que la modernización del sistema tributario, es decir, la reforma fiscal, no se pondría en marcha hasta que la economía española hubiera recuperado lo perdido durante la pandemia. Y eso se va a retrasar, según las previsiones de instituciones y organismos nacionales e internacionales, que estiman que no será hasta bien entrado 2023 cuando la economía española alcance la velocidad que necesita para la remontada definitiva. Y de eso ha tomado buena nota Montero, que estaría decidida a retrasar una de las promesas estrella que firmó el Gobierno con su socio de coalición. Incluso y teniendo en cuenta el calendario, podría acabar la legislatura sin que se dieran las condiciones necesarias para que el nuevo modelo fiscal echara andar definitivamente.
“La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica”, afirmaba la ministra de Hacienda el pasado mes de mayo durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así que María Jesús Montero, atenta a los indicadores económicos de los que se desprende que el crecimiento para este año será mucho menos intenso, está dispuesta a seguir al pie de la letra sus palabras y retrasa una de las promesas estrella que firmó el Gobierno con su socio de coalición.
Aunque lo más llamativo es que, con el calendario sobre la mesa, podría llegar a su fin la legislatura antes de que se dieran las condiciones que espera el Ejecutivo para poner en marcha la reforma.
El Libro Blanco deberá tener en cuenta la situación económica del país, tal como explicó la ministra en la presentación del comité de expertos. Las propuestas para “modernizar” el sistema fiscal deberán situar a España en el camino para cumplir con las promesas del Plan de Recuperación
El Gobierno cuenta con que en 2023 la economía se habrá recuperado al menos al 80% de la crisis sanitaria y, por supuesto habra dejado atrás las consecuencias de la pandemia y alcanzado la velocidad que necesita para la remontada definitiva.
Según apuntan las previsiones de los distintos organismos e instituciones, el próximo año será, por tanto, cuando el PIB español logre recuperar los niveles previos a 2020 lo que le deja a la ministra muy poco margen para acometer los cambios en el actual modelo además de estar a las puertas de unas elecciones generales que tienen que convocarse en el último tramo del año.
Al final de la legislatura
Teniendo en cuenta las distintas estimaciones publicadas hasta ahora y las intenciones del departamento de Montero, la reforma se pondría en marcha unos meses de que los españoles tuvieran que volver a votar.
No es descartable, incluso, que no se llegara a acometer en esta legislatura.
Porque, los números son incontestables y aunque el empleo batió récords en 2021, el crecimiento del producto interior bruto no tuvo el vigor que se esperaba, según las previsiones de los distintos organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que acaba de retrasar el momento en el que calcula que el PIB volverá a los niveles pre crisis y lo sitúa en el último trimestre de este año.
La AIReF cree que la economía cerró 2021 con un incremento del 5,1% del PIB, frente al 5,5% que estimó en octubre.
La institución que preside Cristina Herrero no es la única que ha retrasado el momento en que será efectiva la recuperación. La Comisión Europea da por hecho que España la alcanzará en 2023, igual que la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) que la sitúa en los tres primeros meses del próximo año.
Este escenario de un crecimiento a menor ritmo del esperado influye en el trabajo del Comité de Expertos que trabaja para Hacienda. Parece que el grupo que trabaja en la preparación del Libro Blanco para la reforma fiscal no hará propuestas concretas al departamento de Montero sino ofrecerá varias alternativas para que sea el Ejecutivo el que elija cuales quiere poner en marcha.
La intención es no comprometer los nuevos planes de la ministra con iniciativas que chocaran o colisionaran con la hoja de ruta que se marca ahora Hacienda.
El documento de momento no está cerrado, aunque el comité tendría que entregar en unas semanas un primer borrador al Ministerio. Lo que parece estar claro es que Mª Jesús Montero quiere un documento lo suficientemente abierto para adaptarlo a las necesidades de la política fiscal que deberá caminar en sintonía con la evolución de la económica.
Al margen del grupo de expertos, el Gobierno siempre ha defendido la necesidad de acometer cambios fiscales previos a la entrega del documento definitivo. Tal es así, que en la presentación precisamente del Comité, Montero apuntaba que no renunciaría “a realizar ajustes fiscales puntuales si así lo considera oportuno, en línea con las medidas adoptadas hasta ahora”, tal y como ocurrió con la incorporación del tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades en los Presupuestos Generalesde este año además de la modificación en la tributación de los planes de pensiones privados.
En cualquier caso, el Libro Blanco deberá tener en cuenta la situación económica del país, tal como explicó la ministra en la presentación del comité. Las propuestas para “modernizar” el sistema fiscal deberán situar a España en el camino para cumplir con las promesas del Plan de Recuperación al que Bruselas que tiene el visto bueno.
Economía digital, transición ecológica y bonificaciones fiscales
El comité de expertos prevé entregar a finales de febrero el documento sobre el que trabaja y que el Gobierno tendré en cuenta para modificar el sistema tributario. Han pasado 10 meses desde su formación tiempo en el que han realizado un análisis del sistema fiscal actual y estudiado “la capacidad de los impuestos para acelerar transformaciones y fomentar la innovación, así como su capacidad redistributiva para reducir la desigualdad social o de género”, tal como les pidió el Ministerio.
El informe que reciba María Jesús Montero deberá insistir en la fiscalidad de dos asuntos concretos: la economía digital y la transición ecológica. De hecho, abordar la imposición ‘verde’ en la transición ecológica lo sugería el Fondo Monetario Internacional en de sus últimos análisis sobre España
El informe que reciba María Jesús Montero, deberá insistir en la fiscalidad de dos asuntos concretos: la economía digital y la transición ecológica. De hecho, abordar la imposición ‘verde’ en la transición ecológica lo sugería el Fondo Monetario Internacional en su último informe en el que analizaba la política económica y fiscal de España. “Entre las posibles medidas relativas a los ingresos —que podrían hacer que la relación impuestos/PIB converja hacia los niveles de países semejantes de la región— están una ampliación de las bases imponibles y un aumento de los impuestos medioambientales”.
En este sentido, el Gobierno ha querido aprobar un impuesto al diésel en varias intentonas, un impuesto que acabó descartando en 2020 para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de este año. Hacienda evitó incluirlo en los PGE de 2022 a la espera de las recomendaciones del comité de expertos, por lo que es probable que contemple alguna medida en este sentido. Hay que recordar que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye el compromiso del Ejecutivo con la Comisión Europea de “revisar las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante”.
El del diésel no es el único impuesto que el Gobierno tiene en su hoja de ruta hasta que finalice la legislatura. La «armonización patrimonial» o un impuesto a los billetes de avión también aparecen en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas
Es de esperar además que el documento reformule las distintas figuras tributarias ya existentes y también los beneficios fiscales, sobre los que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha puesto el acento. Los expertos, sin embargo, podrían no haber plasmado en el primer borrador el análisis sobre el sistema de financiación autonómico, otra de las reformas pendientes del Ministerio de Hacienda.
