Ana Sánchez Arjona ■
Tras el arranque que supuso en julio la presentación del techo de gasto y el cuadro macro en el que se enmarcarán los Presupuestos para el año que viene, algunos detalles adicionales comienzan a conocerse. La ministra trabaja a destajo en el seno del ministerio, por supuesto con sus socios de Gobierno, y claro está con los titulares de las diferentes carteras que conforman el Ejecutivo. La primera complicación con la que se va a encontrar Montero va a ser la negociación con Unidas-Podemos sobre el presupuesto de Defensa. Fundamental también el pacto sobre los salarios públicos. La subida de sueldo de los funcionarios es trascendental ya que se trata de la principal partida del Capítulo I de los PGE que contempla todos los gastos de personal. Los presupuestos abren la puerta además a nuevos impuestos. El protagonismo se lo llevará el nuevo gravamen a las grandes compañías energéticas y financieras, por el que Hacienda espera recaudar 7.000 millones.
Las cuentas del Estado para el año que viene parece que no estarán cerradas hasta el 30 de septiembre. La ministra trabaja intensamente en las cifras al mismo tiempo que intenta encajar nuevas medidas en el texto que ha de llevar al Congreso para su tramitación que no estará exenta de complicaciones.
Tras el arranque que supuso en julio la presentación del techo de gasto y el cuadro macro en el que se enmarcarán los Presupuestos para el año que viene, algunos detalles adicionales comienzan a conocerse.
Las cuentas públicas que se trabajan sin tregua en el Ministerio, tienen diferentes aspectos en los que se concentra la negociación entre Hacienda y sus socios de Gobierno y por supuesto con el resto de carteras que forman el Ejecutivo.
Hay que recordar que, en la cumbre de la OTAN, se pactó que el gasto militar de España pasase progresivamente de aportar el 1% del PIB al 2% en 2029, lo que implicaría prácticamente duplicar los 14.000 millones de euros de 2021
Todo indica en estos momentos que la aprobación del presupuesto por el Consejo de Ministros para su presentación oficial al Congreso de los Diputado que no supere el 30 de septiembre.
Pero todo puede ocurrir. Y como ha dicho en alguna ocasión Mª Jesús Montero, no supondría ningún problema porque las cuentas tienen que estar totalmente aprobadas el 31 de diciembre próximo.
La primera complicación con el que se va a encontrar la ministra va a ser la negociación abierta con su socio de Gobierno de Unidas Podemos, sobre el presupuesto de Defensa porque discrepan en lo fundamental
La líder de Podemos, Ione Belarra, no deja de explicar en estos días que España no necesita un mayor gasto armamentístico porque no es indispensable en el actual escenario económico que determina el conflicto abierto en Ucrania.
Belarra piensa que existen muchas fórmulas de cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN de elevar el presupuesto en Defensa, y que podría hacerse a más largo plazo. Lo que rechaza de plano es que se destine a empresas armamentísticas americanas.
Hay que recordar que, en la cumbre de la OTAN celebrada en el mes de junio en Madrid, se pactó que el gasto militar de España pasase progresivamente de aportar el 1% del PIB al 2% en 2029, lo que implicaría prácticamente duplicar los 14.000 millones de euros de 2021.
Pero independiente de la cuantía final, esta no la contempla el techo de gasto, algo sobre lo que no deja de insistir en los últimos días la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Lo que sí parece estar claro, independientemente de lo que se esté trabajando en Hacienda, es que Pedro Sánchez se mantendrá firme y se decantará por una subida por encima a los 2.000 millones de euros, un promedio de lo que deberían destinarse de aquí a 7 años.
Otro de los frentes abierto que tiene el Gobierno es lograr un pacto de rentas como una de las soluciones más eficaces para enfrentarse a la inflación que se sitúa en el 10,5%.
A las puertas del verano, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y los agentes sociales, tuvieron un encuentro con la intención retomar la mesa de diálogo de cara al otoño.
Estamos en a las puertas de entrar en esa estación y de momento no hay nada nuevo, es más, las posiciones entre sindicatos y empresarios aún están muy lejos.
Salarios públicos
Lo que el Gobierno tiene claro es su cometido principal es llevarlo por la senda de los salarios públicos. La subida de sueldo de los funcionarios es fundamental en este momento de la negociación de las cuentas públicas al tratarse de la principal partida del Capítulo I de los PGE que contempla todos los gastos de personal.
La subida de los funcionarios se situaría entre el 2% y el 3% lo que ha provocado que el sindicato de la función pública CSIF se movilice el próximo 24 de septiembre para exigir un alza que compense la pérdida de poder adquisitivo
En los últimos días Nadia Calviño volvía a remarcar la transcendencia de ese pacto de rentas para luchar contra la inflación y el pernicioso efecto de segunda vuelta, es decir, precios-salarios.
Calviño hablaba indirectamente del salario de los funcionarios, que no estará vinculada a la inflación tal como se había comprometido previamente y se situaría entre el 2% y el 3%.
Lo que va a hacer en este escenario el sindicato mayoritario de la función pública CSIF, es movilizarse el próximo 24 de septiembre para exigir un alza salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo.
Por último, y especialmente importante, es el compromiso del presidente del Gobierno de mantener la subida de las pensiones en función del IPC, lo que podría suponer un gasto que rondaría los 14.000 millones de euros.
Impuestos extraordinarios, IRPF y fiscalidad ambiental
El Gobierno no descarta incluir nuevas medidas fiscales en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Serán medidas que tendrán en cuenta el nivel record de inflación y, por supuesto, la situación económica. Y aunque Bruselas tienen suspendidas las reglas fiscales, la ministra no tiene mucho margen de actuación.
El pleno del Congreso de los Diputados de esta semana ha sido clave por la toma en consideración de la proposición de ley que respaldan tanto PSOE como Unidas-Podemos para implantar una nueva figura impositiva temporal sobre los beneficios extraordinarios de la banca y los de las energéticas y que estaría contenida en los Presupuestos.
Hay que recordar que desde el próximo 1 de enero y a falta aún de conocer los detalles, los bancos tendrán que hacer frente a este nuevo impuesto contarán con un tipo del 4,8% que afectará a las comisiones e intereses de las entidades que alcancen en su conjunto los 800 millones de euros. En el caso de las compañías energéticas tendrán que hacer frente a un tipo del 1,2% sobre el importe neto de su cifra de negocio anual, aunque eso sí, siempre que facturen más de 1.000 millones de euros anuales.
Se trata impuestos extraordinarios con los que el Gobierno prevé recaudar 6.000 millones de aquí a 2024 para paliar los efectos que sobre la economía española están teniendo la crisis energética y la guerra en Ucrania.
La activación de estos dos impuestos supondría para Estado de recursos suficientes para poder alargar más allá del 31 de diciembre, la rebaja del IVA del gas y del IVA eléctrico del 21 al 5% que el Gobierno no contemplaba alargarlas hasta 2023.
Sobre el IRPF, tocar a la baja la fiscalidad daría un impulso al consumo el consumo lo que no le viene nada bien a la escalada de precios. Así que el margen de maniobra es muy pequeño lo que implica dudas sobre la propuesta del Partido Popular para deflactar el IRPF.
Los ‘populares’ exigen adaptar el impuesto sobre la renta a la inflación, ajustando como mínimo los tres primeros tramos, que incluyen los ingresos hasta 40.000 euros, así como fijar un nuevo mínimo personal de carácter temporal que vaya reduciéndose al aumentar la renta, y actualizar además la tabla de retenciones.
La cuestión está en que el impuesto sobre la renta arroja nada más y nada menos que 42% de la recaudación total. Con él, el pasado ejercicio, el Estado recaudó cerca de 95.000 millones de un total de 224.000, en números redondos, en ingresos fiscales.
Sobre la fiscalidad ambiental, es previsible que las cuentas públicas de 2023 contemplen la puesta en marcha del impuesto sobre el plástico no reutilizable con el fin de reducir el consumo de este material con un tipo impositivo en fabricación en origen de 0,45 euros por kilogramo.
