Ana Sánchez Arjona
Por la mínima que ha supuesto el apoyo involuntario del PP tras, asegura el partido, el error técnico en el voto telemático de uno de sus diputados, el Gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos, tras la espantada final de los dos representantes de Unión del Pueblo Navarro. Fuera se han quedado los socios preferentes a pesar de las intensas negociaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz para que ERC, Bildu y PNV se unieran al bloque socialista del Ejecutivo y dieran el “sí” a la reforma estrella de la legislatura. Pedro Sánchez salva así un proyecto sobre el que pretende sustentar la segunda parte de legislatura que ha de estar marcada, según palabras del propio presidente, “por la creación de empleo estable fruto de una intensa recuperación económica”.
Con varios giros de guion en las últimas 24 horas, ruptura de la disciplina de voto, por la mínima y, sobre todo, gracias a un error de un diputado del PP al emitir su voto telemático, ha salido adelante la reforma laboral
Y ha sido por un solo voto de diferencia: 175 a favor frente a 174 en contra. Para propiciar la llamada ‘mayoría transversal’, las fuerzas que han optado por el “sí”, han sido: PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Más País, Compromís, Coalición Canaría, Nueva Canarias, PRC y Teruel Existe a los que hay que sumar el voto involuntario del ‘popular’, Alberto Casero.
En el bando del “no”: ERC, Bildu, BNG, PNV, PP, Vox, JxCat, CUP y Foro Asturias y los dos representantes de UPN que han roto finalmente la disciplina de partido.
Yolanda Díaz no lo ha tenido fácil a pesar de que ha estado trabajando contrarreloj, mañana y noche, para conseguir ‘in extremis’ que la reforma se convalidara con el apoyo del bloque de la investidura
Carambolas parlamentarias aparte, la ‘vía Sánchez’ se ha impuesto durante toda la negociación con el objetivo de sacar adelante un proyecto sobre el que pretende sustentar una segunda parte de legislatura que ha de estar marcada, según palabras del propio presidente, “por la creación de empleo estable en un contexto de sólida recuperación económica”.
En este escenario, Yolanda Díaz no lo ha tenido fácil a pesar de que ha estado trabajando contrarreloj, mañana y noche, para conseguir in extremis que la reforma se convalidara con el bloque de la investidura.
Contaba a su favor los apoyos denominados excluyentes, es decir, que Ciudadanos ya había advertido de que se saldría de la mayoría si entraba ERC, objetivo que buscaba a toda costa Díaz, y que no ha conseguido.
Desde Podemos han hablado siempre de lo importante que era dejar trabajar a la vicepresidenta que, muy a su pesar, tenía las manos atadas en su negociación con los socios tradicionales del Gobierno. Yolanda Díaz quería jugar la carta que suponía respetar el contenido de la reforma laboral al mismo tiempo que prometía introducir los cambios en una hipotética tramitación posterior.
Contrapartidas
El problema es que las contrapartidas de la vicepresidenta han chocado con la oposición del propio Pedro Sánchez, que siempre se ha negado a cambiar una sola coma de lo acordado con patronal y sindicatos.
El camino para convencer al PNV pasaba por el desarrollo normativo de la negociación colectiva que regularía los distintos ámbitos y el “mucho peso” que tendría el convenio autonómico, que prevalecería sobre el estatal.
A ERC se le ofrecía también desarrollos reglamentarios y elementos de competencias en lo relativo al reforzamiento de la Inspección de Trabajo, que ya se encuentra transferida en parte a Cataluña, así como puntos en la actual negociación de la futura Ley de Empleo en lo relativo a políticas activas de empleo, ámbito en el que la Generalitat también tiene transferidas competencias.
Yolanda Díaz había incluido además una mejora en el escenario catalán de relaciones laborales, en concreto, dentro del Consejo de relaciones laborales que depende de la Generalitat. Otro de las exigencias tanto de ERC, como EH Bildu, CUP, BNG e incluso PNV, era la recuperación de la autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), lo que supondría la entrada de nuevo en vigor de las causas objetivas.
El presidente del Gobierno ha señalado que la convalidación de la reforma laboral por el Congreso es “la victoria de toda España” y ha agradecido a los grupos parlamentarios que la han apoyado.
Claves para entender la reforma
La reforma laboral se publicó en el BOE el pasado 30 de diciembre y entró en vigor al día siguiente, aunque no todos los puntos aprobados se van a aplicar por ahora. En este sentido, el Gobierno estableció un periodo transitorio (‘vacatio legis’) de tres meses para que las empresas se puedan adaptar a la nueva ley.
El proyecto estrella del Ejecutivo y, especialmente, de la vicepresidenta Yolanda Díaz tiene varios puntos centrales:
Contratos temporales: La nueva reforma laboral establece que el contrato indefinido será el predominante y solo permitirá los contratos temporales por causas muy concretas como, por ejemplo, circunstancias de la producción y sustituciones. De esta forma se elimina el modelo temporal de obra y servicio que permitía alargar la precariedad del trabajador hasta cuatro años.
Contrato fijo-discontinuo: Este modelo redefinido sirve como puente entre el contrato indefinido y el vacío generado por la supresión del modelo temporal de obra y servicio. Los trabajadores sujetos a este contrato tendrán asignadas tareas de carácter estacional. Es decir, no trabajarán todo el año. En cambio, la nueva norma establece que a este colectivo se les compute su antigüedad durante todo el periodo que dure su vinculación laboral y no únicamente durante el tiempo que ha desarrollado su actividad.
Contratos de formación: De dos tipos. Alternancia, para aquellos que quieran compaginar el trabajo con los estudios. Solo podrán acceder estudiantes de hasta 30 años y durante un tiempo máximo de dos años; Prácticas profesionales por el que el estudiante podrá optar a estos contratos durante los próximos tres años, cinco si se trata de personas con minusvalía. El salario deberá estar adecuado al convenio y la vigencia del contrato será de seis meses a un año.
Subcontratación: Los trabajadores de empresas multiservicio que ofrecen su actividad a otras, por ejemplo, en materia de limpieza o mantenimiento, ya no se verán afectados por el convenio de la empresa subcontratada. Los salarios de los trabajadores quedan regulados por el convenio sectorial.
Negociación colectiva: A partir de ahora, vuelve la ultraactividad indefinida. Es decir, una vez caducado el convenio las condiciones firmadas se respetarán hasta la firma de un nuevo acuerdo, se demoren o no las negociaciones entre empresarios y sindicatos.
Los ERTE: El nuevo texto reformula la regulación de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor para incorporar algunos de los elementos y obligaciones que se instauraron en los ERTE por covid. Por ejemplo, la prohibición de realizar horas extras, establecer nuevas externalizaciones de actividad o de concertar nuevas contrataciones en el centro afectado por el ERTE, salvo razones de formación, capacitación y otras razones objetivas y justificadas, o la posibilidad de disfrutar de mayores beneficios si se realizan acciones formativas respecto del colectivo afectado.
Mecanismo RED: Se crea el mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para potenciar los ERTE en detrimento de los despidos. Permitirá a las empresas, una vez activado por el Consejo de Ministros, solicitar medidas temporales de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo. Tendrá dos modalidades: Cíclica, vinculada a la coyuntura macroeconómica y Sectorial, vinculada a un sector determinado y a sus necesidades puntuales.
Sanciones Económicas: Nuevo esquema de sanciones, que se individualizan (se abonará por cada trabajador y no por empresa, como ahora) y se elevan hasta los 10.000 euros frente a los 8.000 euros actuales. Además, el incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal conllevará que el trabajador sea considerado indefinido. Se desincentivan, además, los contratos inferiores de 30 días. A partir de ahora tendrán un coste adicional en la cotización a la Seguridad Social cuando se den de baja.
