El Gobierno ha aprobado la creación de un gran fondo de pensiones público que servirá como alternativa a los planes individuales y colectivos que ya existen pero no están al alcance de todos los trabajadores. En la actualidad, se calcula que solo el 10% de los trabajadores pueden acceder a planes de pensiones. Por ello, el objetivo del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, es que aumente este porcentaje gracias a que, además, podrán pagar menos comisiones anuales y podrán sumarse con «certidumbre y seguridad».
El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde definitiva al articulado, que pasará a tramitarse en el Congreso de los Diputados con la vista puesta en el verano, fecha en la que se cumple el plazo al que el Ejecutivo se comprometió con Europa para la aprobación de esta reforma.
Al fondo podrán adherirse libremente empleados del sector privado, del público y también autónomos. La empresa deberá aportar, al menos, la misma cantidad que el trabajador, que podrá deducirse de la base imponible del IRPF su contribución, que podrá alcanzar los 1.250 euros anuales si la empresa pone hasta 500 euros; los 2.000 euros si la empresa pone entre 501 y 1.000 euros; los 2.250 euros si la empresa aporta entre 1.001 y 1.500 euros; y la misma cantidad que la empresa si ésta aporta más de 1.501 euros. Por su parte y como novedad respecto a la primera aprobación, la empresa podrá deducirse de las cotizaciones a la Seguridad Social las aportaciones que realice, con un máximo de 115 euros al mes por empleado o 1.380 euros al año, lo que supondría un ahorro de casi 400 euros por trabajador.
el nuevo fondo también cambiará la accesibilidad que tendrán los trabajadores a los planes de empleo. Hasta ahora, los sindicatos debían negociar con la empresa, buscar asesoramiento externo, crear una comisión promotora del plan, promoverlo y seleccionar el fondo para que los empleados pudieran adscribirse.
En convenio colectivo
Cuando se apruebe el texto, bastará con que los sindicatos lo pacten con la patronal en una negociación colectiva por sectores para que los trabajadores se puedan acoger, ya que, si el convenio sectorial recoge la posibilidad de acogerse al plan, la empresa deberá ofrecerlo obligatoriamente. En caso contrario, si el convenio del sector no lo contempla, la compañía podrá ofrecerlo de forma voluntaria. En el caso de los autónomos, lo podrán promover los colegios profesionales o las asociaciones, al igual que en el caso de los empleados públicos.
Según los cálculos del Gobierno, los planes de empresa representan el 25% del mercado y solo tienen acceso a ellos el 10% de los trabajadores. El 90% restante puede optar a los planes individuales de pensiones, definidos por Escrivá como «caros» y «orientados a rentas altas y muy altas». Esas mayores comisiones se reflejan en el siguiente ejemplo: un trabajador decide aportar a un plan 1.000 euros anuales durante 35 años. La comisión en los planes individuales ronda el 1% y, en los de empleo, el 0,21%, según fuentes ministeriales. Con una rentabilidad del 3% en ambos casos, pasado ese tiempo el trabajador contará con 50.569 euros si tiene un plan individual y 59.680, uno de empleo. Una diferencia de 9.000 euros a su favor.
El Gobierno lanza ahora su alternativa, que contará con comisiones por debajo de esas cifras, aunque todavía no están definidas. Con todo, es la intención del Ejecutivo es que la ley -o en el reglamento de aplicación- se fijen las comisiones para los planes de empleo que podrán poner las empresas privadas que opten a gestionar los fondos.
