El Gobierno aprobaba el martes, tras cerrar un nuevo acuerdo con patronal y sindicatos, la prórroga de las condiciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) asociados a la pandemia hasta el 31 de mayo. Estas son algunas de las claves de esta herramienta, esencial para proteger a empresas y trabajadores en la crisis de la covid-19, tras la nueva ampliación.
Se mantienen los tres tipos de ERTE acordados en septiembre con el mismo esquema de exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social. Por un lado el de fuerza mayor para las empresas de sectores especialmente perjudicados por la pandemia, así como aquellas de su cadena de valor o cuya facturación dependa de las primeras. En este caso, las exoneraciones son del 85 % o del 75 % en función del tamaño de la empresa.
También se mantiene el ERTE de impedimento para las empresas que vean «impedida» su actividad por las restricciones adoptadas por las autoridades con exoneración del 100 % si tiene menos de 50 trabajadores, y del 90 % si tiene más.
ERTE de limitación
En cuanto al ERTE de limitación, que también sigue igual, servirá para las empresas que vean limitada solo parcialmente su actividad por medidas administrativas, con exoneraciones decrecientes en función el tiempo que dure el expediente y que también llegan al 100 % en algunos casos. También se mantiene en esta prórroga que la prestación del trabajador sea por el 70 % de la base reguladora; así como el «contador a cero» hasta 2022, es decir que el cobro de la prestación por desempleo asociado a estos ERTE no restará derechos futuros para cobrar el paro, así como la protección a los fijos discontinuos y otros colectivos como los artistas de espectáculos públicos.
Junto a esto, sigue vigente la cláusula de mantenimiento de empleo, que impide a las empresas en ERTE despedir a trabajadores durante los siguientes seis meses o de lo contrario deberán devolver todas las ayudas.
Uno de los cambios introducidos en esta extensión es facilitar el tránsito de un ERTE de impedimento a uno de limitación o viceversa sin que sea necesario tramitar un nuevo expediente. También se ha aprobado que el SEPE garantice el acceso a toda su oferta de trámites y servicios a través de su sede electrónica y que la Inspección de Trabajo pueda extender actas de infracción automatizadas sin intervención directa de un funcionario.
Junto a esto, se flexibilizan los requisitos para que los jóvenes en ERTE puedan adscribirse al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y seguirá la atención preferente a afectados por ERTE para recibir cursos de formación.
Actualmente, hay unas 700.000 personas en ERTE, de las que 450.000 están en alguna de las modalidades que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.
