El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que permite a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar el precio del alquiler, ha recibido su aprobación definitiva en el pleno del Senado tras un debate marcado por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha hecho hincapié en que esta ley «no va contra nadie» y ha ofrecido «colaboración» a promotores inmobiliarios y propietarios privados, mientras que la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, se ha comprometido a hacerla cumplir «hasta la última coma».
La ley de vivienda, que ha tardado más de tres años en ver la luz, ha salido adelante en la cámara alta sin modificaciones en el texto que llegó del Congreso y con los votos a favor del PSOE, ERC, EH Bildu y partidos de la Izquierda Confederal (134 votos a favor, 117 en contra y una abstención).
En contra han votado, entre otros, el PP, PNV, Junts per Catalunya, Cs, Vox y UPN, que han sostenido que la nueva norma invade competencias, genera inseguridad jurídica, no va a bajar los precios del alquiler, permite la ocupación ilegal, desincentiva la puesta en arrendamiento de viviendas y supone injerencias en la propiedad privada.
Una de las claves de la norma es la definición de gran tenedor, aquel propietario de diez o más viviendas o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, y de cinco o más si los inmuebles están en zona tensionada.
