El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para construir más de 17.000 viviendas en régimen de alquiler social en suelo público, que se irán incrementando con el tiempo. Estas viviendas, una vez terminadas, pasarán a manos del Ministerio, que las cederá a las comunidades autónomas para su gestión.
La empresa Sepes se ha caracterizado principalmente por el desarrollo de suelos industriales, pero a partir de esta legislatura el Mitma ha empezado a encargarle la construcción de promociones de vivienda social en alquiler por iniciativa pública, ya que «el acceso a la vivienda se está viendo especialmente limitado en determinados territorios debido a la escasez de oferta y el incremento de precios», explica el departamento que dirige Raquel Sánchez. El objetivo de la iniciativa, en consecuencia, es «incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales y así facilitar el acceso a una vivienda digna a las familias o unidades de convivencia con ingresos limitados, principalmente en aquellas zonas donde el mercado del alquiler esté especialmente tensionado», añade el texto.
El Ministerio traspasará este año a Sepes 115,3 millones de euros, incluidos en los Presupuestos de 2022. El año que viene, la transferencia de fondos aumentará hasta los 260 millones de euros, tal y como consta en el proyecto de Proyecto de Presupuestos.
