Los grandes sindicatos de España y decenas de organizaciones del ámbito civil han lanzado un manifiesto conjunto en el que piden al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que la próxima Ley estatal de vivienda, cuyas negociaciones se ha retomado tras más de una semana en pausa, regule el precio del alquiler, prohíba los desahucios a familias vulnerables o aumente el parque público de vivienda sustancialmente en dos décadas, desde el 2,5% actual hasta el 20%.
Las conversaciones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la secretaría de Estado de Agenda 2030 se retomarán tras las elecciones catalanas.
El calendario fijado en octubre entre los dos socios de Gobierno establecía que el texto debería llegar al Consejo de Ministros en tres meses para llegar, en un mes, al Congreso.
