Ana Sánchez Arjona ■
Los datos no dejan lugar a duda: los alquileres han subido en España cinco veces más que los ingresos en lo que llevamos de siglo. De tal manera que vivir como arrendatario se ha convertido en misión imposible, sobre todo en la mitad del territorio español, porque, en los últimos doce meses, la parte del salario que se destina al pago del alquiler ha pasado de un 25,4% en el tercer trimestre de 2021, al 29,4% de este 2022. Sin embargo, ni los sueldos son similares en todo el territorio, ni tampoco lo es el precio del alquiler. Esto supone que el esfuerzo económico para hacer frente al pago de la renta no ha sido el mismo en todo el país. Por ejemplo, hay provincias como Barcelona o Guipúzcoa en las que sus inquilinos tienen que realizar un desembolso mucho mayor que en otras como Zaragoza o Valencia. En cualquier caso, la escalada de la inflación, que se ha colocado en el 7,3% en el mes de octubre, ha impactado de lleno en el sector inmobiliario cuyos precios siguen en máximos, y subiendo.
El problema de la vivienda, no es de ahora, es casi, casi estructural y su tendencia es que se complique aún más, auguran los expertos. Y es que, los alquileres han subido en España cinco veces más que los ingresos en lo que llevamos de siglo, mientras el consenso global de este mercado, de este sector, indica que el límite con la vulnerabilidad en el 35% del salario mensual. Es decir, que los sueldos deberían de subir alrededor de 580 euros para superar el decalaje que se ha ido agrandando en los últimos años.
En esta línea van los datos que acabamos de conocer porque vivir en alquiler en toda España es prácticamente imposible, especialmente para la mitad de los viven en nuestro territorio, que ya tienen que destinar más de un tercio de sus ingresos totales a la renta.
En los últimos doce meses, la cifra de ingresos destinados al pago del arrendamiento ha crecido de forma generalizada y ha pasado de un 25,4% en el tercer trimestre de 2021, al 29,4% de este 2022, rozando el umbral, como comentábamos, recomendado por los expertos, que fijan el umbral en el 30% y el 35%.
Lo cierto es que ni los salarios son similares en todo el territorio, ni tampoco es igual el coste del alquiler, de tal manera que el esfuerzo económico para poder pagar el alquiler no es el mismo en todo el país. Hay provincias como Barcelona o Guipúzcoa en las que los arrendatarios tienen que realizar una aportación mucho más importante que los de otras como Zaragoza o Valencia.
Se trata de los datos que ha recopilado y ha publicado por el portal inmobiliario Idealista, que evidencian como el alquiler de vivienda se ha vuelto económicamente imposible, casi inasumible, en la mitad de las provincias de nuestro país.
La subida libre de la inflación, que se ha colocado en el 7,3% en el mes de octubre, ha impactado de lleno en el sector inmobiliario, que en los últimos doce meses ha sufrido un aumento de sus precios, no solo en los alquileres sino también como en la compraventa.
A pesar del límite del 2% al incremento de los contratos de alquiler que el Gobierno sacó adelante en marzo como medida de sujeción para intentar frenar los efectos de la guerra, el precio del alquiler ha seguido subiendo y parece que, de momento, no tiene techo.
En los últimos tres meses, el precio del arrendamiento ha subido un 2,9%, y en el último año, un 6,5%, el mayor repunte interanual en todo 2022.
Si la crisis sanitaria, que todavía sigue con nosotros, supuso un paréntesis temporal en el precio de los alquileres, que bajaron como consecuencia de la menor actividad económica, la guerra de Ucrania ha supuesto la vuelta a los niveles que había antes de la crisis sanitaria que dejó el Covid-19.
La subida de precios y el impacto de la guerra han tenido como efecto colateral una pérdida del poder adquisitivo para gran parte de las familias españolas del que se ha desprende un mayor esfuerzo a la hora de alquilar una casa.
Barcelona, donde más ha subido
Barcelona es la provincia donde más ha subido el esfuerzo para alquilar porque ha pasado del 42% de los ingresos familiares en el tercer trimestre de 2021 al 52,1% de este año. Por abajo se sitúa Gerona, donde ha subido del 33,3% al 40,8%, Cantabria, del 29% al 36%, Madrid, del 35% al 41,1%, Guipúzcoa, del 43,2% al 48,8%, Segovia y Baleares que en los dos casos han pasado del 26% al 31,6%.
Las menores subidas se han producido en Orense, del 21,5% al 22,4%, en Jaén del 19,8% al 21,2% y en Cáceres, del 21,3% al 22,9%.
La diferencia también es relevante si se tiene en cuenta lo que está ocurriendo en las capitales de provincia, donde el precio del alquiler es mucho más alto. Tal es así que, 18 capitales están por encima del 30%, y aquí Madrid y Barcelona están a la cabeza el ranking.
La excepción a lo que hay que destinar al alquiler y que ha sido menor que el año anterior, es la de Córdoba, que ha pasado del 28,20% al 28,10%, Badajoz, del 23,90% al 23,50% y Melilla, del 34,3% al 32,10%.
El informe presenta una realidad poco atractiva para conseguir un contrato de alquiler por un precio que se puede asumir en función del salario que se percibe, algo que parece totalmente imposible.
Esta circunstancia es especialmente complicada para los más jóvenes que, en su mayoría, tienen que compartir piso sobre todo en las grandes ciudades.
Esta incapacidad para acceder a una vivienda tiene consecuencias sociales y económicas, según recoge otro informe elaborado por el Instituto de la Juventud en 2020 en el marco de la Agenda 2030, según el cual “la juventud se ha visto excluida del derecho a la emancipación y al ejercicio de una vida autónoma”.
El mismo informe refleja que los jóvenes se emancipan con 29,5 años, pero si en 2010 un 53,3% de jóvenes entre 18 y 34 años vivía aún con sus padres, el porcentaje subió en 2019 hasta el 64,5%.
Mantener el límite al alquiler más allá del 31 de diciembre y aprobar la Ley de Vivienda antes de que acabe el año
Es la intención del Ejecutivo. Más fácil de adoptar en el primer caso, algo más complicado en el segundo.
Porque, el Gobierno ha confirmado que la limitación del 2 % al incremento del precio de los alquileres se mantendrá más allá del 31 de diciembre si «persisten las circunstancias que motivaron su aplicación», entre otras, una elevada inflación que suponga que las revisiones vinculadas al IPC se disparen.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, lo anunciaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se aprobaba un nuevo Real Decreto-Ley para agilizar la gestión del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y del bono joven al alquiler, y explicaba, además, que las ayudas deben llegar lo antes posible a quienes las necesitan “urgentemente”.
“La medida que limita la subida de los alquileres está vigente hasta finales de año. Somos muy conscientes del contexto de inflación y, por lo tanto, si persisten las circunstancias que motivaron su aplicación, evidentemente mantendremos esa medida”, ha dicho Sánchez, para matizar, no obstante, que es algo que “está sujeto a análisis”.
En la misma línea, Raquel Sánchez mostraba su confianza en que la Ley de Vivienda, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia y que todavía sigue en proceso de estudio de enmiendas, “pueda ver la luz antes de finalizar este año”.
“Seguimos negociando con los grupos parlamentarios. Es mucho más lo que hemos avanzado que lo que queda pendiente por resolver”, ha puntualizado, en referencia a que se han transaccionado “más de 400 enmiendas” de las más de 800 que se presentaron.
Según la ministra, las enmiendas ya estudiadas han servido para mejorar cuestiones relativas a los marcos competenciales del Estado y las comunidades autónomas, con el fin de ser “escrupulosos en el cumplimiento de las competencias en esta materia”. Asimismo, se han incorporado otras cuestiones de accesibilidad, el refuerzo a las situaciones de vulnerabilidad o la clarificación de competencias como la legislación urbanística y del suelo.
