Ana Sánchez Arjona
Se trata del mismo concepto, es decir, de las pensiones, sobre el que Escrivá tiene varias negociaciones abiertas para intentar encauzar los cambios que afectarán al modelo público. Ya se ha aprobado un paquete de medidas y algunas de ellas ya han entrado en vigor, como la actualización conforme al IPC, mientras otras, de importante calado para la viabilidad del sistema, están sobre la mesa. Hablamos de la reforma del RETA, más concretamente de tocar al alza las cotizaciones de los autónomos que acusan al ministro de “tener prisa” y piden más tiempo. Idéntica acusación la de empresarios y sindicatos respecto al fondo público de pensiones, cuyo borrador califican de “confuso”. Pero lo más complicado que tiene Escrivá entre manos es convencer a sus socios de Gobierno de que respalden la ampliación del cómputo para calcular la pensión. La advertencia de Yolanda Díaz es clara: “No vamos a apoyar esta propuesta”.
El inicio del año para José Luis Escrivá era el que estaba previsto. El ministro de Seguridad Social se ha puesto manos a la obra para concluir, lo antes posible, y, en algunos casos, tal y como se comprometió con Bruselas, la reforma pendiente del sistema público de pensiones.
Y aunque, se trata del mismo concepto, es decir, de las pensiones, Escrivá tiene varias mesas de negociación abiertas para intentar encauzar los cambios que afectarán al modelo vigente actualmente en España.
Ya se ha aprobado un paquete importante de nuevas medidas y algunas de ellas ya han entrado en vigor como la actualización de las pagas conforme al IPC, otras, de importante calado para la viabilidad del sistema, se están negociando.
La ampliación a 35 años del cálculo de las pensiones impactaría negativamente en la cuantía de la prestación inicial de jubilación que bajaría hasta en un 7,9% de media
Hablamos de la reforma del RETA, más concretamente, de tocar al alza las cotizaciones de los autónomos, muy golpeados por la crisis, y a los que no le gustan nada las propuestas del Gobierno hasta tal punto que han pedido un cambio de rumbo al ministro.
Le acusan de tener prisa y ellos piden el tiempo para cerrar la reforma del sistema, que tal y como se la ha presentado Escrivá, aseguran, supondría que los autónomos en España cotizarían hasta cuatro veces más que en el Reino Unido y el doble que los autónomos franceses o alemanes.
Las diferentes asociaciones de autónomos coinciden en pedir que que sea más preciso a la hora de definir qué significa exactamente el concepto de “ingresos reales”. La llave de la negociación, pues de estos dependerá luego el cálculo de la cuota que deberán pagar mensualmente los autónomos.
“La propuesta está muy verde”, se ha quejado la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero. La asociación vinculada a la CEOE mantiene una postura ‘defensiva’ en las conversaciones, muy crítica con el previsible aumento de cotizaciones que implicará la reforma
Tampoco convence la propuesta a UATAE, organización vinculada a CCOO para la que, la cuota debería calcularse en relación a los “beneficios”, es decir, una vez descontados los gastos necesarios para el ejercicio de la actividad (aquí el concepto de deducible queda maximizado) e incluyendo las amortizaciones y las propias cuotas a la Seguridad Social. “Hay que acometer un cambio de rumbo no solo en el texto original como en la negociación en sí”, explican desde UATAE.
Si ATA y UATAE coinciden, desde posiciones diferentes, en hacer mucho más comprensible ese concepto de ingresos, UATAE y UPTA (esta última vinculada a UGT) consideran necesario un periodo de transición breve y unos tramos más beneficiosos para los autónomos de menores ingreso.
Así que, las espadas siguen en alto en esta mesa de negociación.
El fondo público
Escrivá tiene otra tarea pendiente, nada desdeñable, concretar la estructura y funcionamiento del fondo público de pensiones. Los sindicatos y también la patronal han presionado para que se aplace, de momento, su aprobación.
De tal manera que, sí en la mesa de autónomos se ha encontrado “no”, al menos en la cuestión principal de la reforma, de las asociaciones del colectivo, en la del fondo de pensiones público Escrivá se ha encontrado con que en la última reunión se constató que ni patronal ni sindicatos quieren dar su aval a un proyecto que ven «poco maduro».
Los agentes sociales critican también en este caso prisas del Gobierno con el fondo público de pensiones. Aseguran que quieren estudiar el último texto del Ministerio, que contiene las alegaciones presentadas por los empresarios y los sindicatos.
El Ministerio de la Seguridad Social había trasladado en la mesa de diálogo social la necesidad de dar luz verde cuanto antes este fondo público de pensiones dirigido a los trabajadores asalariados y autónomos y ofrecer una opción de ahorro complementaria a las pensiones con condiciones ventajosas para impulsar los planes de empresas, en vez de los individuales.
Patronal y sindicatos se felicitan porque el Ministerio se haya transigido finalmente para otorgar más margen de negociación sobre el ‘macrofondo’ público, facilitando más tiempo para estudiar el texto remitido por el Ministerio que califican de “confuso”.
Pero el ministro también tiene que convencer no solo a los sindicatos, sino también a sus socios de Gobierno de las bondades que va a suponer la ampliación del cómputo para calcular la pensión, tal y como acordó con Bruselas. Decía en una reciente entrevista José Luis Escrivá decía que lo que está en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y se recoge en el Plan de Recuperación, “es que tenemos que reevaluar las nuevas realidades del mercado laboral…Se trata de tomar en consideración esas realidades que ahora no se tienen en cuenta para que el sistema sea más equitativo con esas situaciones, que se producen con especial intensidad desde la anterior crisis. Y esa visión integral puede potencialmente afectar a varios parámetros. Uno de ellos podría ser elegir los mejores años de la vida laboral, y eso podría ir acompañado, o no, de un período de cómputo más largo en estos casos”.
Y de eso no quieren ni oír hablar los sindicatos que advierten que no apoyarán ninguna reforma en el cómputo para calcular el importe final de la pensión que implique recortes. Aquí en El Nuevo Lunes, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha sido tajante: “No vamos a entrar a negociar ningún acuerdo, ni tan solo sentarnos en la mesa, que pase por bajar las pensiones. El sistema tiene un problema de entrada de recursos, no de salida”.
Escrivá tiene también en contra a los socios de Gobierno. Yolanda Díaz siempre ha sido clara al respecto: Unidas Podemos no apoyará una ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años. «La posición de Unidas Podemos es clara: si se mantiene un recorte de este calibre no vamos a acompañar esta propuesta».
La ampliación a 35 años del cálculo de las pensiones impactaría negativamente en la cuantía de la pensión inicial de jubilación disminuiría hasta en un 7,9% de media.
La inflación desluce la mayor subida de las pensiones en 20 años
“En el año 2022 se produce un marco de certidumbre sobre la revalorización de las pensiones”, dijo el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, al presentar el decreto aprobado en Consejo con el que por primera vez se aplica el cuarto modelo de revisión de las pensiones en una década, y que establece como referencia para su revisión la media del IPC interanual de los últimos doce meses en noviembre del año anterior.
Ese sistema conlleva una subida del 2,5% para las pensiones contributivas al que se suma otro del 3% para las mínimas, que «estamos actualizando por encima de la inflación, de su subida», insistió el ministro.
Se trata de la revalorización de prestaciones de jubilación, invalidez, orfandad y viudedad de mayor magnitud en dos décadas, desde el 3,8% de hace 20 años.
Esas medidas, acordadas en la Mesa de Diálogo Social e inspiradas en las conclusiones del Pacto de Toledo, tienen como objetivo conseguir «que las pensiones se revaloricen automáticamente para mantener su poder adquisitivo», explicó el ministro, lo que para el año que está comenzando se traduce en una subida de 400 euros para una prestación media a la que se añaden otros 250 de ‘la paguilla’ para corregir el alza de la inflación en 2021.
Sin embargo, ese mantenimiento del poder de compra al que se refería Escrivá no se cumple si se cruzar los datos de las revalorizaciones de las pensiones con la evolución del IPC, al menos en términos acumulados en diciembre y según las cifras ofrecidas por el INE. Y es que los precios se dispararon en el último mes del año un 1,2% para cerrar 2021 en el 6,7%.
