Ana Sánchez Arjona
Se complica que la nueva Ley de Vivienda pueda ser aprobada, en Consejo de Ministros, antes de que se acabe el mes. Iglesias acusa ahora a Ábalos de suspender las negociaciones con la excusa de las elecciones catalanas, mientras que desde el Ministerio indican que se trata de un asunto “demasiado importante” y que “es mejor llegar tarde que hacer una mala ley”. Así que aumentan las discrepancias entre ambos socios de Gobierno sobre un texto que a punto estuvo de hacer saltar por los aires el visto bueno a los Presupuestos y que ahora amenaza la aprobación de una de las reformas estrellas que pactaron PSOE y Unidas Podemos.
Caballo de batalla en el Gobierno de coalición. Hablamos de la nueva Ley Vivienda que, recordemos, estuvo a punto de dinamitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Ya lo advertía Pablo Iglesias cuando enumeraba, durante la Ejecutiva de Podemos, los nuevos frentes que se avecinan en el Gobierno. “Tenemos profundas discrepancias y llegar a un acuerdo no va a ser sencillo”. “Está en juego que la vivienda deje de ser un activo especulativo y sea un derecho social. A nosotros no se nos compra”.
“Uno de los retos que tenemos por delante en los próximos meses es ser capaces de que algunas de estas medidas se consoliden más allá de la coyuntura de la pandemia”, y “si alguien piensa que vamos a estar de acuerdo con que, a partir del 31 de mayo, se pueda volver a desahuciar a familias sin alternativa habitacional o a dejar sin suministros básicos a hogares vulnerables, se equivoca”.
La exigencia a los grandes tenedores de vivienda de que destinen el 30% de sus propiedades al alquiler social serviría para hacer crecer en unos meses el parque público en unos 130.000 o 140.000 inmuebles, según cálculos de Podemos
Así que, las espadas están en alto. El Consejo de Ministros tendría que tener aprobada antes del 28 de febrero la norma, tal y como pactaron PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de Presupuestos. Pero las diferencias en este momento son muy profundas y, además, el jueves quedaba suspendida una nueva reunión de trabajo sobre la ley. Es más, no habrá nuevos encuentros, según explica el partido de Iglesias hasta después del 14F, y según le comunicaba a la coalición morada el Ministerio de Transportes. “Es mejor llegar un poco tarde que hacer una mala ley”.
PSOE y Unidas-Podemos mantienen fuertes discrepancias sobre qué se les debe exigir a los grandes propietarios, bancos y fondos de inversión, respecto a sus inmuebles vacíos, la posibilidad de aprobar un nuevo impuesto, o la prohibición permanente de los desahucios, entre otros asuntos.
Una de las últimas propuestas de Unidas Podemos es la de exigir a los grandes tenedores de vivienda que destinen el 30% de sus propiedades al alquiler social. Eso serviría para hacer crecer en unos meses el parque público en unos 130.000 o 140.000 inmuebles, según los cálculos de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, que exponía en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Para Ione Belarra, una decisión así podría ayudar “a poner fin a la emergencia habitacional que vive nuestro país de una vez por todas”.
Vivienda social
“Necesitamos una ley de vivienda que corresponsabilice al sector privado en la garantía del derecho a la vivienda y le comprometa a cumplir con la función social que la vivienda debe tener”. “Para ello es imprescindible que los grandes tenedores de vivienda, por ejemplo, pongan a disposición de las Administraciones Públicas un porcentaje de su parque para destinarlo a vivienda social. Es así, y no tanto apostando de nuevo por la construcción, como vamos a lograr ampliar sustancialmente el parque público de vivienda en alquiler”.
Unidas-Podemos también ha puesto encima de la mesa la aprobación de un impuesto a la vivienda vacía, pero el PSOE ha rechazado en el primer tanteo la propuesta. Este nuevo tributo también recaería sobre los grandes tenedores.
La Vicepresidencia segunda quiere incluir, además, en la nueva norma la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables, y una regulación ambiciosa de los precios del alquiler en las grandes ciudades o zonas de mercado tensionadas.
Estamos ante el surtido de propuestas que están recogidas en el pacto firmado para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. De momento, el PSOE, socio de la coalición, se mantiene en silencio, aunque la cartera que dirige José Luis Ábalos, asegura que la Ley de Vivienda “es una oportunidad histórica” para el país y que, por tanto, hay que trabajarla concienzudamente.
El Gobierno insiste en que ha puesto la vivienda en el centro de sus políticas y que objetivo es claro: asegurar la función social de la vivienda y el derecho a una digna y adecuada. Así que, lo que toca es trabajar para lograr alcanzar un acuerdo.
Y trabajar, sobre todo, en el que punto en el hay grandes diferencias y que se centra en la prohibición permanente de los desahucios, en determinadas circunstancias, al que se refiere constantemente el partido de Iglesias. Se trata de un asunto que complica, y mucho, las negociaciones.
El pasado diciembre se acordó ampliar los supuestos que impedían desalojar a personas de sus casas durante la pandemia, incluyendo a quienes ocupaban viviendas sin contrato.
En el ministerio de Ábalos se apoyó la medida haciendo especial referencia a su acotación a casos extraordinarios. Es decir, que solo se aplica en pisos de grandes propietarios y en supuestos de familias vulnerables con menores, personas dependientes o situaciones de violencia de género, y en el tiempo y que solo estará en vigor durante el estado de alarma. Además, para dejarla bien atada jurídicamente, se contemplan compensaciones a los propietarios en caso de que las circunstancias se alarguen.
Podemos desmonta la fórmula del modelo portugués
En cuanto, al alquiler y sus precios, la apuesta de Transportes es el modelo portugués, modelo que ofrece incentivos fiscales a los propietarios de vivienda que de forma voluntaria decidan reducir el precio de sus arrendamientos. Se llama Programa de Arrendamiento Accesible (PAA) y en él el Gobierno de Portugal contempla exenciones en el pago del IRPF o la reducción del IBI a los propietarios que alquilen sus viviendas a un precio reducido en un 20 % por debajo del valor de referencia del arrendamiento que se calcula teniendo en cuenta la situación de la vivienda, los metros cuadrados, las instalaciones, la certificación energética y el precio de la zona.
Sin embargo, el documento, titulado La experiencia de incentivos fiscales en Portugal como medida de contención de los precios del alquiler, desbarata el modelo luso. El informe ha sido elaborado por la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y analiza el Programa de Arrendamiento Accesible
Desde la Vicepresidencia segunda se apunta a que se trata de una fórmula que poco hace para cumplir con su objetivo de dinamizar los alquileres. El informe que ha elaborado el equipo de Pablo Iglesias se centra en los datos que ofrece el Ministerio de Infraestructura y Vivienda luso, lo que aquí es el Transportes, que dice lo siguiente: “Durante el primer año (julio 2019-julio 2020) se celebraron 242 contratos de arrendamiento para 10.417 solicitudes. Es decir, se cubre al 2,3% de las personas que demandan un alquiler asequible”.
Según el documento, “el motivo principal del fracaso es que, para los propietarios, los beneficios fiscales que incluye la iniciativa no resultan atractivos y señalan que la tabla de alquileres registra precios muy inferiores a los del mercado, por lo que los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa”.
Los inquilinos, por su parte, “constatan que la iniciativa es poco realista, ya que contempla precios máximos demasiado altos, poco ajustados a los bajos salarios que existen en Portugal”. “A modo de ejemplo, el PAA establece que el precio máximo para un piso de una habitación puede llegar hasta 900 euros, unos cien euros por encima del salario medio portugués”.
La prioridad de Podemos es, por tanto, asegura el documento, aquí en España es aplicar fórmulas para sancionar o mecanismos fiscales que puedan hacer bajar los precios.
