Ana Sánchez Arjona ■
Han hecho falta dos textos, casi tres años, unos cuantos ministros y muchas, muchas enmiendas, para que la Ley de Vivienda esté a punto de caramelo. Ambos socios de gobierno confían, por primera vez en doce meses, en que una de las normas estrella de la legislatura pueda presentarse, como muy tarde, a principios de febrero, incluso, superando la insistente china en el zapato que se refiere a la regulación de los precios del alquiler en los mercados tensionados. Para que se cumplan los plazos que tienen en mente tanto PSOE como Podemos, es necesario cambiar el documento que aprobó el Consejo de Ministros de tal manera que se rebaje a seis meses el plazo para poder aplicar la regulación de alquileres, en lugar de los 18 previstos inicialmente. Así, la norma arrancaría en plena precampaña de las elecciones generales. Antes, en la cita con las urnas de Ayuntamientos y CC AA, podría servir de reclamo de cara a los votantes.
El Gobierno pisa el acelerador en las negociaciones de la ley de vivienda durante las primeras semanas del año para poder tenerla lista, como muy tarde, en el mes de febrero.
El objetivo principal es el de cambiar el texto que aprobó el Consejo de Ministros de tal manera que se rebajen a seis meses el plazo desde su aprobación para aplicar la regulación de alquileres, en lugar de los 18 que se recoge en el texto
Así, la norma, una de las medidas estrella de la legislatura, arrancaría en plena precampaña de las elecciones generales. Antes, en la cita con las urnas de Ayuntamientos y CCAA, podría servir de reclamo de cara a los votantes.
Otro punto en el que está cerca el acuerdo es en la rebaja de las condiciones para ser clasificado como gran tenedor, que actualmente está en 10 viviendas, y vincular los nuevos contratos de arrendamiento al índice de precios. Respecto a los pequeños, se estudian incentivos fiscales para que bajen la renta
Porque, la aplicación de la regulación del precio de los alquileres no será obligatoria para las comunidades autónomas y tampoco la subida del IBI en las viviendas vacías para los consistorios.
La reducción del tiempo que se destina para concretar las características sobre lo que se entiende como ‘zona tensionada’ y la elaboración del índice de precios meterá presión a las diferentes administraciones.
Desde la parte socialista del Gobierno se ve cerca el acuerdo mientras los socios hablan de avances, aunque con temas que deben ser desbloqueados. Precisamente, la regulación de los precios del alquiler en mercados tensionados.
Hace algo más de un año, PSOE y Unidas Podemos ya firmaron un acuerdo de Presupuestos en el que se explicaba con concreción que la ley recogería los topes
En ese momento estaban al frente de Transportes y Derechos Sociales José Luis Ábalos y Pablo Iglesias, que nunca llegaron a ponerse de acuerdo.
Las negociaciones empezaron a fluir algo más con la llegada de Raquel Sánchez e Ione Belarra, y dicen que con ayuda del ministro de Presidencia
La intención es la de pactar la ley antes de que las elecciones les pisasen los talones y utilizar así la nueva norma en las campañas.
Los partidos no quieren que, en este momento de contactos más intensos, se frustre el posible acuerdo por las filtraciones. Aun así, y según algunas fuentes, los avances se están dejando notar en el aspecto más complicado: que la ordenación del precio se convierta en una realidad tangible.
Esto significa que la regulación de los precios debe permitir a las comunidades tener como referencia lo aprobado por el Gobierno y, sobre todo, intentar esquivar los recursos que puedan presentar las autonomías contrarias a esta fijación, como la de Madrid.
Los socios comparten planteamiento no sólo en el fondo de la medida, sino en su trámite como ya se ha explicado.
Hay que recordar, no obstante, que la ministra Belarra quiso, pero no pudo, incluir la regulación dentro del plan anticrisis presentado recientemente. Fue el propio Pedro Sánchez el consideró que lo mejor era incluirlo en la ley.
Gran tenedor
Otro punto en el que está cerca el acuerdo es en la rebaja de las condiciones para ser clasificado como gran tenedor, que actualmente está en 10 viviendas, y vincular los nuevos contratos de arrendamiento al índice de precios.
Respecto a los pequeños tenedores, la ley contemplará herramientas e incentivos fiscales para tratar de reducir los precios.
Para Podemos es importante, además, llegar a acuerdos sobre los desahucios, otro de los temas más controvertidos, para evitarlos en el caso de familias vulnerables.
La idea que tenía en mente la ministra Belarra era la de prohibirlos en todos los casos.
Partidos políticos como ERC, que es consciente de que sus votos son vitales para sacar la ley adelante, son menos optimistas con los plazos e incluso con la previsión de que el acuerdo esté cerca. Desde Esquerra Republicana de Catalunya, se han mantenido firmes en que no aceptarán ningún texto que “esté por debajo de las pautas que marca la ley catalana”. La intención es buscar un respaldo a la norma catalana recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Al respecto, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, siempre se manifiesta en relación a este asunto señalando que las líneas rojas para el acuerdo que haga posible la aprobación y aplicación de la ley vienen determinadas por la legalidad y constitucionalidad, y también del respeto que hay que tener por las competencias autonómicas y de protección al derecho a la propiedad.
El sector inmobiliario, pendiente del articulado de la ley
El sector inmobiliario está pendiente de cómo será el articulado de la nueva ley de Vivienda que prepara el Gobierno. Sobre todo, por cómo se contemplarán en el texto las medidas que topen la subida de los alquileres.
Tiene en mente lo ocurrido en Cataluña cuya ley de la vivienda aprobada en 2020 está suspendida por el Tribunal Constitucional que anulaba varios de sus artículos que tenían como finalidad limitar las rentas de los alquileres.
La ley catalana permitía limitar la renta en áreas con mercado de vivienda tensionado a un precio de referencia
Según los promotores de vivienda, las limitaciones a los precios que afectaban a municipios evidentemente tensionados en el mercado de la vivienda de alquiler, solo consiguieron que los precios bajaran entre un 4% y un 6%, según sus cálculos que además indican que se ha provocado un efecto no deseado: que la oferta de viviendas se redujera en un 14% y que los pisos situados por encima de los precios de referencia se trasvasaran al mercado de compraventa.
Hay que recordar que la Ley permitía limitar los precios de los arrendamientos en áreas con mercado de vivienda tenso a un precio de referencia, a la vez que prohibía aumentar la renta consignado en el último contrato de arrendamiento.
Esta limitación se llegó a aplicar en más de 80 municipios que decidieron prolongar los contratos hasta, al menos, 2026. Entre otros, el Ayuntamiento de Barcelona.
Sin embargo, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra varios de los preceptos del texto legal, alegando que la limitación de los precios del alquiler era contraria al ‘derecho de disfrute de una vivienda’.
La sentencia explica que suponen una invasión de la comunidad autónoma en las competencias del Estado que reconoce el artículo 149.1.8 de la Constitución, y que hace referencia a “la competencia en materia civil para regular las bases contractuales”. “Los preceptos anulados”, argumenta el Alto Tribunal, “invaden competencias reservadas al Estado… para regular las bases contractuales”, en concreto “la competencia para establecer los criterios de ordenación general del sector de la contratación privada en aquellos territorios autonómicos que cuenten con legislación propia”.
