Ana Sánchez Arjona
En un escenario de desencuentros y acusaciones mutuas entre la titular de Trabajo y el líder de los empresarios, se ha retomado el diálogo social. A pesar del recelo de la patronal por lo ocurrido con el salario mínimo, Garamendi reconocía estos días que el diálogo social ha funcionado y sigue funcionando, “incluso cuando decimos que no”. Así que, vuelta al trabajo con una agenda complicada y comprometida con Bruselas. Tanto la ‘contrarreforma laboral’ como la de pensiones han de estar listas para finales de año, según lo pactado con la Comisión. Pero, de momento, los más urgente son la prórroga de los ERTES que negocian contra reloj Gobierno, sindicatos y empresarios.
Será en el próximo Consejo de Ministros cuando se apruebe, vía decreto ley, la subida del SMI pactada por el Gobierno y los sindicatos y que ha dejado fuera la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, justificaba su decisión de negarse a cualquier subida del salario mínimo “en este momento” por las implicaciones que este incremento tiene en algunos sectores, como la agricultura, o determinadas regiones, como Canarias o Extremadura.
“Creo que en enero estaremos en una posición diferente”, explicó en una entrevista reciente, y dejó caer que los empresarios habrían estado de acuerdo con firmar la subida salarial en 2022 teniendo en cuenta la buena marcha de vacunación. Activar la subida en este momento, sostiene la patronal, implica poner en riesgo la recuperación económica.
La crisis sanitaria interrumpió los contactos que Trabajo, patronal y sindicatos mantenían para cambiar, en parte, la reforma laboral del PP
Por su parte, Yolanda Díaz explicaba que la decisión tomada era del Gobierno y aseguró sentirse “muy satisfecha” del acuerdo, que beneficia a 1,5 millones de trabajadores además de negar cualquier tipo de desacuerdo en el seno del Ejecutivo.
Eso sí, Díaz hizo “un llamamiento” a la patronal a “resituarse” frente a las negociaciones abiertas en el diálogo social. “A veces no negociando se pierde, no sé si hablo claro, esta ministra estaba dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que tenemos”, y señaló que el alza podría no haber llegado a los 15 euros de haberse sumado los empresarios a pactar una cantidad más baja.
En este escenario desencuentros se ha retomado un diálogo social en el que el Gobierno confía para pactar algunas de las reformas clave comprometidas con Europa antes de final de año, como la laboral o la de pensiones, y por supuesto, la prórroga de los ERTE, en las que la firma patronal será clave.
Posiciones divergentes
Ha sido el propio Garamendi el que ha puesto en valor estos días, precisamente, el diálogo social y ha asegurado que la patronal seguirá trabajando en las mesas «como el primer día», pese a su negativa para acordar con sindicatos y Gobierno una subida del Salario Mínimo Interprofesional para este año.
“Quiero poner en valor el diálogo social, que ha funcionado y sigue funcionando, incluso cuando decimos que no. Lo digo para que quede claro que vamos a seguir trabajando en las mesas como el primer día
“Va a ser negociaciones complejas porque las posiciones son bastante divergentes”, aseguran los sindicatos
Hasta ahora el diálogo social ha vivido una de sus mejores etapas, desde el inicio del 2020. La pandemia impuso prácticamente la necesidad de llegar a acuerdos. Pero ahora están sobre la mesa los platos fuertes.
Respecto a la reforma laboral, la crisis sanitaria interrumpió los contactos que Trabajo, patronal y sindicatos mantenían para deshacer, en parte, la reforma laboral del PP.
Los principales puntos de la reforma eran la subcontratación, la ultraactividad, la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa y la reforma de la temporalidad.
Ha sido precisamente la temporalidad la que ha protagonizado el inicio de los contactos porque es mediante la temporalidad con la que Díaz pretende acotar las causas objetivas que justifiquen firmar un contrato temporal, además de limitar y encarecer el despido. La propuesta de Trabajo pretende reducir a tres los tipos de contrato (indefinido, temporal y de formación). Lo propuesto no gusta a la patronal y tampoco a los sindicatos a las centrales.
El debate se centra sobre todo en la ultraactividad, la madre de todas las batallas, sobre si será indefinida o se aumentarán los años de vigencia.
El calendario para acabar de cambiar la reforma laboral es limitado. El Gobierno se comprometió, en el escenario de los fondos europeos, con la Comisión a tenerla aprobada antes del 31 de diciembre. Es decir, que queda poco más de un mes de negociaciones, ya que en noviembre Trabajo quisiera llevarla al Consejo de Ministros. Existe la posibilidad de que se articule como proyecto de ley pero de esta manera, se dilataría su entrada en vigor.
En cuanto a las pensiones, el Gobierno cerró a finales de junio con los agentes sociales un acuerdo para cambiar parte de la reforma del PP.
Los principales puntos de conflicto son la subcontratación, la ultraactividad y la temporalidad
Los asuntos que están ahora sobre la mesa son el reglamento para que los becarios coticen, equiparar las pensiones de parejas de hecho a las de los matrimonios y el nuevo sistema de cotización para los autónomos.
Los cambios para este último colectivo es uno de los asuntos más complicados junto a la necesidad de determinar de qué manera se debe adaptar el elevado peso demográfico de los ‘baby boomers’ a la merma en las siguientes generaciones. En la mesa también se discute que herramienta sustituirá al factor de sostenibilidad que deberá definir Escrivá y pactar con los agentes sociales para conseguir que el mayor gasto en pensiones pueda costearse sin un riesgo para el sistema público.
Prórroga de los ERTE: exenciones menos generosas y vinculadas a la formación
Este es el acuerdo que más urge alcanzar. A día de hoy, continúan las negociaciones hasta que se encuentra una postura común o, al menos, hasta que todos se levanten, relativamente satisfechos, de la mesa. Aquí no hay opción de que el pacto se cierre sin el apoyo de CEOE, sería inviable.
Así que manos a la obra. Según fuentes del diálogo social la nueva prórroga se estructura en dos fases de vigencia: la primera extenderá los ERTE en las mismas condiciones que las actuales hasta el 31 de octubre, mientras que la segunda introducirá nuevas condiciones y estará vigente entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de enero de 2022.
El objetivo de esta doble vigencia es dar a las empresas tiempo para renovar la solicitud de los expedientes. Para ello tendrán de plazo diez días: del 1 al 10 de octubre. La administración tendrá que responder a dicha solicitud en los diez días siguientes.
Aunque en anteriores reuniones el Gobierno planteó que, en caso de no producirse una resolución en ese plazo se consideraría la renovación del ERTE como desestimada, es decir, silencio negativo, parece que el Ejecutivo ha reconsiderado su postura, de forma que el silencio administrativo se entenderá como positivo.
La formación es otro punto de conflicto porque los sindicatos no quieren vincular los ERTE a este requisito. Desde UGT aseguran que sigue habiendo «inconvenientes» en lo que respecta a las exoneraciones vinculadas a la formación. En este sentido, la llave para lograr un acuerdo la guarda Escrivá. Una vez más vuelve a ser el ministro el que complica una nueva prórroga con un cambio en las reglas. Si en las últimas negociaciones apostó por la reactivación, ahora su empeño está en vincular las exoneraciones a la formación, algo que no ven con buenos ojos ninguna de las otras partes por falta de tiempo
Además, los sindicatos aseguran que hay “resistencia” en el Gobierno a poner el ‘contador a cero’ en las prestaciones por desempleo. Desde UGT señalaron que se trata esta de una línea roja que tendrán que incorporar sí o sí al acuerdo ya que para ellos es “imprescindible que las personas no sufran merma en el desempleo”. Desde Trabajo, no obstante, han prometido estudiarlo.
