Ana Sánchez Arjona
Las negociaciones sobre la reforma del modelo de pensiones siguen a buen ritmo. A pesar del bloqueo que han sufrido en las últimas semanas, debido a los asuntos de calado que tienen entre manos el ministro y los agentes sociales, sobre la mesa está en estos momentos el futuro de la denominada hucha de las pensiones y la minipaga de enero, entre otros asuntos. Escrivá explicaba recientemente que no le preocupaba que la hucha se quedase “a cero” y que no se había planteado hacer nuevas aportaciones porque confiaba en conseguir el equilibrio del sistema, al mismo tiempo que descartaba que la minipaga de primeros de año tuviera cabida en el nuevo esquema que prepara para revitalizar el sistema.
La negociación sobre la reforma del sistema de pensiones continua, aunque es cierto que, tal y como se están produciendo los acontecimientos, haya pasado, en las últimas semanas, por algún que otro bloqueo.
Pero, en estos momentos, ha vuelto a coger ritmo, y a pesar de que es complicado aunar posturas en un asunto tan delicado como este, las conversaciones siguen su curso.
Lo que el responsable de Seguridad Social señala como su principal objetivo es que los trabajadores se retiren más tarde. Pero las cláusulas de jubilación forzosas son un impedimento que bloquea los planes del ministro
Mucho se ha filtrado a los medios sobre los temas en los que más diferencias existen entre las partes que componen la mesa de diálogo social, y mucho se ha hablado también de los cambios en el sistema están supeditados al visto bueno de Bruselas y a los fondos de recuperación de la Unión Europea, lo que supondrá un drástico cambio del actual modelo.
Un cambio que pasa por asuntos de distinto calado, algunos de menor repercusión para los perceptores y otros con mayor trascendencia para las futuras pensiones. Por ejemplo, la denominada ‘paguilla’ de enero que recibían los pensionistas para compensar la diferencia entre la revalorización aplicada a sus prestaciones parece que está destinada a desaparecer, mientras la ‘hucha de las pensiones’, que llegó a acumular 66.435 millones de euros en el año 2011, podría dejar de recibir nuevos fondos.
El Fondo de Reserva que creo el Ejecutivo de José María Aznar y que empezó su andadura en 2002 con la intención de cubrir las necesidades de gasto de las pensiones contributivas en circunstancias de desajustes del sistema de la Seguridad Social, puede dejar de dotarse con nuevos fondos. Al menos esa es la intención del ministro, que explicaba recientemente que no le preocupaba que la hucha se quedase “a cero” y que no se había planteado hacer nuevas aportaciones.
El pasado mes de diciembre, último dato disponible, el Fondo de Reserva tenía un saldo de 2.188 millones de euros, una cantidad muy pequeña en comparación con lo que llegó a acumular en épocas de vacas gordas. Desde 2011, el desequilibrio entre gastos e ingresos de la Seguridad Social ha obligado a echar mano de la hucha, que haciéndose cada vez más pequeña.
El ministro José Luis Escrivá, que hace pocas semanas parecía optimista sobre el futuro de las pensiones tras anunciar su plan para alargar la fecha de retiro de los trabajadores, aseguraba que, si la Seguridad Social conseguía equilibrar sus cuentas, no sería necesario el Fondo de Reserva que, al parecer, no le produce especial entusiasmo.
En cuanto a la mini paga de enero que no se ha hecho efectiva este año debido a que el descenso a valores negativos del Índice de Precios al Consumo no ha provocado pérdida de poder adquisitivo, no seguirá existiendo dentro del esquema que estudia Escrivá, que contempla el incremento anual de las prestaciones al mismo ritmo que la inflación del año anterior.
El pasado mes de diciembre, el Fondo de Reserva tenía un saldo de 2.188 millones de euros, una cantidad muy pequeña en comparación con lo que llegó a acumular en épocas de vacas gordas: 66.435 millones en 2011
En cualquier caso, lo que sí parece estar asegurado es que los pensionistas no perderán poder adquisitivo, aunque la inflación sea negativa. Hay que recordar que el anterior mecanismo que introdujo la reforma del PP en 2013, condicionaba el aumento de las pensiones al equilibrio de las cuentas públicas, dejando en un segundo plano el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados.
Jubilación obligatoria
Escrivá tiene la firme intención de dar portazo definitivo a la jubilación obligatoria en los convenios colectivos, que afecta a casi cuatro millones de trabajadores, que no se pueden jubilar más allá de la edad legal de jubilación. Precisamente esta medida fue resucitada en 2018 por el Gobierno del PSOE y los empresarios y sindicatos no tardaron ni seis meses en incluirla de forma casi generalizada en los convenios.
Fue el Gobierno ‘popular’ quien en 2011 dio carpetazo esta limitación para seguir trabajando después de la edad legal de jubilación.
Ahora lo que el ministro Escrivá señala como su principal objetivo que los trabajadores se retiren más tarde. Pero las cláusulas de jubilación forzosas son un impedimento que bloquea los planes del ministro. Unos planes que pasan por ofrecer una compensación de hasta 12.060,12 euros en un pago único a quienes demoren su jubilación y reducirá hasta un 21% la de quienes se jubilen anticipadamente
La fórmula para aplanar la revalorización que quieren tumbar los sindicatos
Y es posible que lo consigan porque el ministro habría reconsiderado su propuesta para la revalorización de las pensiones el punto en el que se recogía una compensación en años posteriores si se daba un aumento del poder adquisitivo de las pagas como consecuencia del desvío de la inflación prevista.
Concretamente, la propuesta de Escrivá suponía controlar las subidas realizadas cada año y que en los últimos ejercicios ha comportado un aumento del poder de compra del colectivo al haber experimentado subidas mayores a las correspondientes según el avance del IPC. De este modo, el Gobierno podría ceder ante una de las líneas rojas y discrepancias que habían expresado los sindicatos en la mesa de negociación a cerca de la fórmula de revalorización de las pagas, que podrán volver a ganar poder de compra si se sustancia este cambio de criterio del Ejecutivo.
La fórmula que propone el Ministerio de Seguridad Social se basa en que la revalorización de las pensiones futuras esté ligada a una media de la inflación de varios años. En esta línea ha puesto sobre la mesa de diálogo social dos posibilidades: la primera sobre la media de cinco años y la más reciente, sobre tres.
La última fórmula de la Seguridad Social establece la media de la inflación de los tres años anteriores al que se va revalorizar y en el caso del último año se aplicaría el IPC de enero a noviembre por la necesidad de tener una cifra de revalorización antes de que arranque el año al que se va a aplicar la subida que debe incluirse en los Presupuestos Generales del Estado.
La otra es usar la media de cinco años: los cuatro anteriores al que se va a aplicar la revalorización, con IPC reales, y el quinto sobre la previsión de la inflación que el Gobierno determine para ese año. Esta práctica provoca el rechazo de las centrales sindicales al entender que incluye un dato ficticio como es una previsión. En la mesa se estudia también si se aplica el IPC anual medio o el de cierre de diciembre de cada año.
El documento que el Gobierno discute con la Comisión Europea se refiere a un mecanismo que “que haga posible el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula vinculada al índice de precios al consumo y que al mismo tiempo evite la necesidad de reducciones nominales en la posible circunstancia de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo”.
