El examen anual a España de la OCDE valora que el Gobierno se haya decidido a actuar sobre las pensiones y en concreto sobre la brecha existente entre la edad real a la que se jubilan los trabajadores españoles y la edad legal de jubilación, que en los últimos años ha venido observando como una de las principales distorsiones del sistema y como una de las principales amenazas para su sostenibilidad futura, pero desliza que España tendrá que ir más allá si se quiere contener la espiral de gasto público en pensiones que se viene por el efecto del envejecimiento de la población. Y en ese sentido apunta a medidas que no están dentro de la reforma planteada por José Luis Escrivá a Bruselas, como vincular la edad legal de jubilación – actualmente en 65 años para los que acreditan más de 38 años y medio cotizados y en 67 años para los que han cotizado por debajo de ese umbral – a la esperanza de vida o por ampliar el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra, en línea con esa extensión del periodo de cálculo a los 35 años que el departamento de Escrivá llegó a manejar pero que finalmente no se plasmó en la propuesta definitiva de reforma.
La OCDE advierte en este sentido de que las fuertes subidas del Salario Mínimo Interprofesional aprobadas en los últimos años pueden ahora actuar como un obstáculo para la reinserción laboral
El organismo advierte de que la derogación del índice de revalorización de las pensiones y la decisión del Pacto de Toledo de vincular la evolución de las pensiones al IPC disparará, en ausencia de medidas de contención, el gasto en pensiones hasta el 15% del PIB y la deuda pública hasta el 171% del PIB a la altura del año 2050, y señala la vinculación de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida como el elemento que más puede sujetar esa evolución inercial del gasto a medio y largo plazo, con un impacto estimado según la OCDE de 0,9 puntos de PIB al año siempre que la edad legal se ampliara en un año y medio respecto a su nivel actual a la altura de 2030.
Paraguas de los ERTE
El informe subraya la contundencia de la respuesta de la Administración española a la pandemia para evitar que sus efectos sobre la economía fueran aún más demoledores y aboga por priorizar la generación de empleo durante la recuperación. A esos efectos, los analistas de la OCDE advierten de que el Gobierno tendrá que reforzar sus planes de formación para facilitar la reasignación de trabajadores actualmente bajo e paraguas del ERTE desde los sectores más afectados por la crisis a otros con un horizonte laboral más alentador y también le insta a mantener la actual regulación laboral diseñada por el Gobierno de Mariano Rajoy en la controvertida reforma del año 2012. «La actual regulación laboral que da flexibilidad a nivel de las empresas puede ayudar a estas a adaptarse más fácilmente en la fase de recuperación postpandemia».
El diagnóstico del organismo multilateral señala que la crisis ha afectado especialmente a los trabajadores jóvenes y a los menos cualificados y recalca que aunque la contratación temporal puede suponer una solución a corto plazo convendría no canalizar el nuevo empleo por esa vía. Por ese motivo, apoya la iniciativa gubernamental de reducir el menú de contratos y endurecer el recurso a la contratación temporal y también recomienda al Gobierno reorientar todos los incentivos a la contratación a los trabajadores en una situación más vulnerable. La OCDE advierte en este sentido de que las fuertes subidas del Salario Mínimo Interprofesional aprobadas en los últimos años pueden ahora actuar como un obstáculo para la reinserción laboral de los trabajadores con un menor nivel de cualificación.
Los técnicos de la OCDE auguran una «sólida recuperación económica» con un crecimiento medio del 6% en los próximos dos años, lo que supone «uno de los niveles más altos de recuperación de toda la OCDE”.
