La negociación de la Ley de Vivienda, en su recta final

Ana Sánchez Arjona

Cuenta atrás para que se apruebe la primera ley de vivienda en España. Lo importante es saber si el Gobierno cumplirá con los plazos previstos y si finalmente verá la luz y en qué términos. Ambos socios encaran estas semanas de negociación con el objetivo de tener listo el texto en el primer semestre del año, tal y como el Gobierno se comprometió con Bruselas, pero siguen tropezando en la misma piedra: la limitación de los alquileres.

Es el principal obstáculo es éste, como es público y notorio. El resto de los asuntos transcendentales de la ley cómo, por ejemplo, que se entiende por vivienda vacía, por grandes tenedores, como aplicar los desahucios o si es conveniente poner una tasa a las que están vacías parecen estar más o menos claros. Así que, lo siguiente sería limar detalles.

Ábalos propone, como complemento a los incentivos fiscales, la posibilidad de una prórroga obligatoria de los alquileres en áreas tensionadas. De tal manera que, mientras en esas zonas los alquileres fuesen muy caros, los inquilinos podrían seguir en la vivienda

Mientras tanto los sectores vinculados directamente a la vivienda, esperan molestos por estar al margen de las negociaciones y porque no tienen en cuenta su experiencia, y no les pide opinión.

Al parecer, el Gobierno adquirió el compromiso de abrir un diálogo social con los sectores implicados y eso no está ocurriendo. Sería a imagen y semejanza de lo que se hace en el Ministerio de Trabajo cuya titular Yolanda Díaz busca el consenso a través de la mesa de diálogo social lo que supone dar más legitimidad a las leyes que tiene que aprobar el Ejecutivo.

Pero lo cierto es que, y a la espera de lo que se decida en el Ministerio que dirige José Luis Ábalos, los que si se han puesto de acuerdo han sido los principales afectados, es decir, inquilinos, propietarios, empresas vinculadas al sector de la vivienda que tienen serias dudas de que la ley se aprueba en este primer semestre definitivamente.

A finales del año 2020 el Gobierno se comprometió de la mano de Pablo Iglesias, su principal impulsor, a regular los precios del alquiler y a incluir esta regulación en la ley de vivienda, llevarla al Consejo de Ministros y darle el visto bueno en tres meses.

De tal manera que el retraso es evidente si tenemos en cuenta que la vivienda y todo lo que gira entorno a ella, tiene graves problemas.

Hace un par de meses, antes de que el líder de Podemos abandonara la vicepresidencia, los dos socios de Gobierno habían rebajado su enfrentamiento público por este asunto. Pero esto no ha supuesto que las negociaciones se hayan relajado sino todo lo contrario, han pisado el acelerador.

Ley sólida y amplia

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quiere que la ley esté lista para ir al Congreso de los Diputados este mismo mes de junio y, de esta manera, poder cumplir con Bruselas.

Parece que los contactos con el equipo de Ione Belarra, que fue secretaria de Estado y ahora ministra de Derechos Sociales, siempre ha sido fluidos y siempre se ha mostrado abierta al diálogo. Postura distinta a la que mantenía Pablo Iglesias que, en más de una ocasión, amenazó con romper el acuerdo de Gobierno por este asunto. Y lo decía públicamente ante los medios de comunicación.

Su marcha parece haber quitado, sino todas, una buena parte de las piedras que había en el camino. En estos momentos, lo inquieta al principal partido de la coalición es que se debe aprobar una ley sólida, amplia y que desde el punto de vista jurídico esquive todos los problemas que pudieran resultar si se aprobara la limitación del alquiler.

Porque este es el punto más caliente que debe recoger la norma si tenemos en cuenta que Unidas Podemos quiere fijar un tope a las rentas para evitar subidas en las zonas más tensionadas, y sin embargo el PSOE lo que propone es un modelo de incentivos fiscales que anime a los propietarios a poner sus pisos en el mercado.

Hay que evitar la incertidumbre jurídica a toda costa y el Gobierno sabe que limitar los alquileres es precisamente hacer todo lo contrario y, según la mayoría de los expertos, provocar la huida de los inversores de nuestro mercado.

Ábalos ha puesto encima de la mesa, como complemento a los incentivos fiscales, la posibilidad de establecer una prórroga obligatoria de los alquileres en áreas tensionadas. De tal manera que, mientras en esas zonas los alquileres fuesen muy caros, los inquilinos tendrían derecho a seguir en la vivienda más allá del periodo que se recoge en la ley.

Prácticamente todos los implicados, excepto el partido de Iglesias, están de acuerdo en que limitar los precios del alquiler hace que disminuya la oferta, encarece los precios y no parece una medida necesaria teniendo en cuenta la actual evolución del mercado, claramente a la baja.

Incluso se habla de que puede suponer ir en contra del derecho a la propiedad privada.

El PSOE, pendiente de Yolanda Díaz y su entorno

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha pronunciado al respecto todavía. El PSOE confía en que haya acuerdo porque, precisamente es Yolanda Díaz, quien ahora lidera Unidas Podemos y a ella le atribuyen más flexibilidad de negociación.

Sin embargo, desde su entorno parece que se mantienen firmes y son tajantes en su postura de que no habrá ley de vivienda mientras su socio de Gobierno no cumpla su promesa. Aseguran que no van a aceptar contrapartidas por ceder en sus convicciones, algo que en el Ministerio de José Luís Ábalos piensan que puede ocurrir ahora que ella es la líder de UP y porque sus maneras son menos agresivas en comparación con Iglesias pero Unidas Podemos explica que, Yolanda Díaz puede ser igual de dura negociando.

Mientras la posición de la titular de Trabajo se hace pública, más pronto que tarde, a Unidas Podemos le ha salido un aliado inesperado: el FMI, que apuesta por imponer una tasa a los pisos vacíos

Así que, mientras la posición de la titular de Trabajo se hace pública, más pronto que tarde, a Unidas Podemos le ha salido un aliado inesperado: el Fondo Monetario Internacional.

“Los gobiernos podrían invertir en más viviendas sociales y ajustar los incentivos financieros, por ejemplo, gravando las viviendas desocupadas”, recomienda el organismo en un informe sobre el acceso al mercado de alquiler en Europa, publicado recientemente.

Se trata de una forma de facilitar el acceso a la vivienda en alquiler en ciudades europeas, donde la oferta es escasa y la masa de inquilinos es cada vez mayor, debido al elevado precio de los pisos en venta, que chocan con unos salarios que no han subido al mismo nivel. Un círculo vicioso que provoca que, por ejemplo en España, las rentas más bajas se dejen casi la mitad de sus ingresos (el 45%) en pagar el alquiler, según el informe.

Un impuesto a las viviendas vacías, defiende el organismo, ayudaría a sacar al mercado inmuebles que no se están utilizando. Al estar ya construidos, podría dar resultados a medio plazo, mientras que la construcción de viviendas de alquiler social puede llevar años. Países como Francia, Irlanda, Israel o Reino Unido, y algunas ciudades norteamericanas ya la aplican y, según el FMI, no se observan efectos negativos para el mercado.