Ana Sánchez Arjona ■
Ha habido ‘fumata blanca’ antes de que finalizara el mes de abril, tal y como quería el presidente del Gobierno. El Ejecutivo llevaba meses negociando con ERC y Bildu, aliados necesarios para desbloquear una de las leyes más importantes de la legislatura, con los que, finalmente, se ha pactado el contenido fundamental del nuevo texto. Se trata de un acuerdo por el que “todos los alquileres que se encuentren en áreas tensionadas serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios”. La puesta en escena, en la que no han participado ni PSOE ni Unidas Podemos, ha servido para que ERC y EH Bildu enfatizaran que “serán los 18 votos de sus diputados los que permitan hacer realidad esta ley de vivienda”. La norma establece, entre otros aspectos, que se eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos en todo el territorio español, al considerar que la inflación “ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes”.
Tal y como quería el presidente del Gobierno, la Ley de Vivienda estará lista para que sirva de reclamo en la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas.
El propio Pedro Sánchez ya avanzaba en su estrategia durante una intervención realizada hace pocos días en Cáceres. “Cada minuto que pasa estoy más convencido de que habrá ley de vivienda esta legislatura”
Lo cierto es que Sánchez les ha cedido el protagonismo que supone anunciar el acuerdo alcanzado a ERC y Bildu, aliados fundamentales para desbloquear el texto.
Los dos partidos han reiterado que las negociaciones se han mantenido especialmente con el Ministerio de Transportes, con Raquel Sánchez, conversaciones de las que ha estado puntalmente informado el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra
Los negociadores de los dos partidos llegaban el viernes 14 al Congreso para cerrar los últimos detalles y hacer público el pacto. “Una vez más somos las fuerzas soberanistas de izquierda las que posibilitamos y conseguimos un avance social tan importante como supone esta ley”, ha explicado Oskar Matute, de Bildu
Se establece así, según ambas formaciones políticas, “un marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan desplegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias”.
“Una de las grandes batallas en la negociación ha sido que algunos quieren que lo haga todo el Estado. La mínima soberanía hace que sea impensable que votemos una ley en la que el Estado decida políticas cuyas competencias son del calibre de la vivienda y que son de las comunidades”, señalaba Pilar Vallugera, diputada de ERC durante la presentación del acuerdo
Un acuerdo por el que “todos los alquileres que se encuentren en áreas tensionadas serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios”, concretaba Vallugera.
Puesta en escena
La puesta en escena, en la que no han participado ni PSOE ni Unidas Podemos, ha servido para que ERC y EH Bildu enfatizaran en que, “serán los 18 votos de sus diputados los que permitan hacer realidad esta ley de vivienda”.
Los dos partidos han reiterado que los contactos y las negociaciones se han mantenido especialmente con el Ministerio de Transportes, con Raquel Sánchez, conversaciones de las que ha estado puntalmente informado el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Ione Belarra.
Que la ley salga adelante es una cuestión de “flecos” decía la ministra de Transportes hace pocas semanas para explicar que el Ejecutivo iba aprobar la nueva legislación “cuanto antes”. “Se están manteniendo reuniones, aproximando posturas…” “Más importante que la atribución de medallas es que llevamos mucho tiempo haciendo un trabajo ingente. Por las fuerzas progresistas no va a quedar aprobar esta ley en las próximas semanas”.
“Vamos a ser capaces de aprobar la ley. Lo vamos a conseguir”, señalaba Raquel Sánchez en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se celebró antes de Semana Santa.
En cuanto a los tiempos, lo cierto es que son muy justos. Para el Congreso es complicado aprobar ese texto antes de que empiece la campaña, una campaña que obligará a retratarse a todos los partidos, tanto los que se han mostrado a favor como los que se han mostrado contrarios a intervenir los precios del mercado inmobiliario.
Por ejemplo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya ha dicho que no tiene intención de aplicarla.
En este sentido, Vallugera y Matute son conscientes de que las comunidades del PP no tienen obligación de aplicar la ley “pero”, advierten, “tendrán que enfrentarse al juicio de sus ciudadanos cuando vean que otras comunidades sí lo hacen y logran bajar el precio de los alquileres”.
Precisamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el acuerdo. “Intervenir en el mercado puede conllevar una disminución de la oferta de alquiler y un incremento de los precios como consecuencia de la disminución de los pisos porque los propietarios no están dispuestos a ponerlos a disposición de los ciudadanos”.
La ley limita la subida del alquiler al 3% y lo desvincula del IPC
El acuerdo alcanzado por los partidos del Gobierno de coalición y los independentistas de Esquerra Republicana y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda consolidará el tope al precio del alquiler en todo el territorio español, independientemente de que sea o no área tensionada, permitirá rebajar de diez a cinco inmuebles el concepto de grandes tenedores y extenderá a las personas físicas las restricciones para arrendadores contempladas en esas zonas tensionadas.
Según consta en el acuerdo, presentado en el Congreso por los portavoces de EH Bildu y ERC, Oskar Matute y Pilar Vallugera, respectivamente, se mantendrá el límite del 2% para este año en la subida del alquiler, un tope que se incrementará al 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año, crear un nuevo índice de referencia aplicable en todo el territorio.
En concreto, se eliminará el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos en todo el territorio español, al considerar estos grupos que la inflación “ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes”.
Además, se crea un sistema potestativo para las entidades locales, a través del IBI, para favorecer la movilización de viviendas vacías. Asimismo, se protegerán los parques públicos de vivienda y se prohibirán la venta a fondos de inversión.
Matute y Vallugera han explicado que la norma establece nuevas causas para la aplicación de medidas de control en las zonas tensionadas. Así, estas zonas serán declaradas cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración del área tensionada.
No obstante, la declaración como zona tensionada siempre corresponderá a la comunidad autónoma, han aclarado los portavoces. Así, serán regulados y topados todos los alquileres en áreas tensionadas “en todos los casos”. Esto será efectivo tanto para grandes como pequeños propietarios, así como para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.
Los topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.
Por otro lado, se prohibirán los desahucios sin fecha y hora predeterminada.
También se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política que tenga como objetivo ofrecer alternativa habitacional a estas personas y familias. Otro aspecto clave del acuerdo es que los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario. Para Bildu y ERC esto supone terminar con gastos y honorarios “abusivos” que impiden a muchas personas y especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone.
