Ana Sánchez Arjona
La convocatoria de CC OO y UGT para movilizarse contra el Gobierno el próximo 11 de febrero ha obligado al Ejecutivo a pisar el acelerador y meterse de lleno en la negociación para dar un vuelco al texto rubricado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Las negociaciones formales todavía no han comenzado pero los contactos entre Trabajo y agentes sociales, sí, y desde hace meses. Sobre la mesa, reequilibrar las relaciones laborales entre trabajadores y empresas, uno de los aspectos “más lesivos” de la reforma del PP, según los sindicatos y también en opinión de la ministra Díaz, que ya han anunciado que los cambios afectarán, de manera muy directa y especialmente, a los convenios colectivos.
Sobre la mesa del diálogo social ya está la ‘contra reforma’ laboral. O al menos, los principales aspectos que urge cambiar a juicio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La convocatoria de CCOO y UGT para manifestarse contra el Gobierno el próximo 11 de febrero ha obligado al Ejecutivo a pisar el acelerador y meterse de lleno en la negociación para dar un vuelco al texto rubricado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Trabajo ofrece la derogación parcial de la reforma laboral en una negociación que se abrirá «pronto» oficialmente, pero que ya está activa porque se han iniciado contactos, y cuyos protagonistas deberían empezar a trabajar en pocas semanas. El compromiso por escrito es «equilibrar» las relaciones laborales en el seno de las empresas e incluye la lista de demandas que los sindicatos han calificado como los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy en 2012.
Yolanda Díaz quiere regresar a la ultraactividad de los convenios, evitando así que decaigan si no hay un acuerdo de renovación; variar las relaciones actuales entre los convenios sectoriales y los convenios de empresa; limitar la capacidad empresarial de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y avanzar hacia la equiparación de las condiciones laborales para los trabajadores de las empresas subcontratadas respecto a las que tienen los trabajadores de la empresa principal.
La fecha exacta para abrir las negociaciones no se ha concretado, si bien los sindicatos indican que no se prestarán a un inicio de diálogo que sirva para desactivar las protestas convocadas para dentro de dos semanas
El Estatuto de los Trabajadores dice actualmente que los convenios vencidos se prorrogarán de año en año, siempre que no lo denuncie la empresa y los representantes de los trabajadores, y que no hubiera habido un pacto anterior sobre la duración del mismo.
Es decir que, de hecho, y según la reforma en vigor, se pueden perder las cláusulas de la empresa o del sector que podrían mejorar su protección social y los salarios, como beneficios adicionales, más allá de los derechos fundamentales que sí están en el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que pueden quedar en el limbo complementos salariales y ayudas sociales.
El Gobierno del PP, que tenía mayoría absoluta, introdujo los cambios en el Estatuto de los Trabajadores, con varios objetivos: para incentivar la renovación de los convenios y evitar que encallaran sus contenidos. Es decir, que los acuerdos alcanzados, aunque estuvieran desfasados respecto a la evolución del mercado, siguieran en vigor. Para entendernos, que el convenio bloqueara la posibilidad de las empresas reducir costes o, por ejemplo, dotar de mayor flexibilidad interna a la empresa. Sin embargo, la ley de 2012 minimiza el tiempo de garantía de las condiciones laborales pactadas a lo largo de muchos convenios, y por eso Trabajo busca el apoyo de los sindicatos, quiere cambiar este punto concreto.
También quiere modificar el Ejecutivo el artículo 84 del Estatuto, para restaurar la prioridad del convenio sectorial respecto al de empresa.
Modificar el artículo 84 del Estatuto
Es otra demanda de los sindicatos para garantizar también una protección mayor de los trabajadores.
La reforma laboral de 2012 facilitó dos cosas a las empresas: salirse del convenio sectorial en cualquier momento y regular sus propias condiciones salariales y laborales. Y, además, como consecuencia de todo ello, restó poder a las grandes patronales, dependientes de CEOE y Cepyme, y a los sindicatos más representativos, CC OO y UGT. El Gobierno del PP buscaba que las pequeñas y medianas empresas pudieran cambiar las condiciones económicas y laborales, respecto de las establecidas en el convenio del sector, si así se adaptaban mejor a una situación concreta, de crisis, o a la evolución de su mercado, al margen de lo que diga el convenio superior.
Por lo tanto, actualmente, el convenio de empresa tiene prioridad aplicativa sobre cualquier otro de ámbito superior en la regulación de las condiciones sustanciales del trabajo. Es decir, sobre el salario y sus complementos, “incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa”.
La empresa también puede regular ahora, al margen del sector, el horario y la distribución del tiempo de trabajo, los turnos y la planificación anual de las vacaciones. También, el sistema de clasificación profesional de los trabajadores, y los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen a los convenios de empresa. Este convenio también puede establecer las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
Uno de los argumentos que se ofrecen a favor de la aplicación prioritaria de los convenios sectoriales en contraposición con los convenios de empresa, es el hecho de que, al no negociarse este último por organizaciones sindicales y por la patronal, recayendo dicha transacción directamente los empleados de la empresa, estos pueden sufrir presiones a la hora de negociar con la empresa.
Los sindicatos mantienen la movilización del 11 de febrero
El documento de compromisos de reforma que ha enviado el Ejecutivo a la Unión Europea y que ha hecho llegar a los agentes sociales para su estudio plantea una serie de objetivos. Entre otros, acabar con la temporalidad en la contratación, hacer de la regulación laboral los ERTE algo permanente porque ha servido para amortiguar el impacto del Covid o actualizar las políticas activas de empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal, desbordado por la crisis sanitaria.
Los sindicatos ya le han trasladado a la ministra que el inicio de las negociaciones no será excusa para desconvocar las protestas previstas para dentro de dos semanas. Yolanda Díaz, no obstante, ha declarado que entiende el malestar de los sindicatos y sus argumentos contra Pedro Sánchez como la congelación del Salario Mínimo Interprofesional. Precisamente la responsable de Trabajo se había mostrado a favor de que las empresas accedieran a elevar en «apenas nueve euros» los salarios legales más bajos.
Tras el ‘no’ de Sánchez, que en realidad era el “no” de Nadia Calviño, Díaz ha retomado la actividad cerrando un acuerdo con empresarios y sindicatos en la que se ha mostrado inflexible a la demanda de los primeros para hacer una aplicación proporcional de las penalizaciones por despidos que incluye el pacto alcanzado en la prórroga de los ERTEs. Después de señalar que la condición permanece intacta en su «estricta literalidad», pidió a los empresarios «confianza» en el Gobierno y lanzó un aviso a navegantes cuando recordó que el diálogo social es un proceso que puede acabar con acuerdos por unanimidad o acuerdos bipartitos, es decir, que no necesariamente esperará a que CEOE y Cepyme den su visto bueno para sacar adelante los cambios previstos en la reforma laboral de 2012.
