La decisión del Gobierno de reducir temporalmente el IVA del recibo de la luz del 21% al 10% tendrá una repercusión de 600 millones de euros menos en las arcas del Estado en lo que queda de año, según los cálculos efectuados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y hechos públicos por su presidenta, Cristina Herrero.
La institución encargada de evaluar y medir las consecuencias de las políticas puestas en marcha por todas las administraciones públicas calcula que, en términos anuales, la bajada del IVA supondrá unos menores ingresos de 1.300 millones de euros, aunque entiende que se compensará parcialmente por un posible aumento de los gastos de los consumidores al contar con mayores recursos. Este aumento de la demanda lo cifra Herrero en unos ingresos cercanos a los 100 millones de euros para la Administración. Si además de bajar el IVA el Estado decidiera también suspender el actual impuesto sobre la generación eléctrica ello supondría 500 millones de euros menos en lo que queda de 2021. Aunque elaborará un nuevo informe sobre previsiones de crecimiento de la actividad económica española a mediados del próximo mes la institución no contempla, según su presidenta dijo en su intervención en el curso organizado por APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, una variación relevante respecto a las cifras manejadas en su informe anterior del pasado mes de marzo.
Herrero justificó esta escasa modificación al alza, a pesar de los últimos datos que se vienen conociendo, porque buena parte de las tendencias que ahora se están materializando ya las contemplaba la AIREF hace tres meses. Según esto sus previsiones para este año y el siguiente se moverán poco respecto al 6,6% y 7% de crecimiento del PIB previsto ahora.
Herrero puso el acento no tanto en las cifras concretas de crecimiento económico o de evolución de la deuda pública o del déficit de las administraciones sino en la tendencia que todas estas cifras indican. Y en este sentido llamó la atención sobre el elevado volumen de deuda pública actual, el 120% del PIB, y que, según las previsiones de evolución para los próximos años seguirá siendo muy elevada para colocarse al final de 2024 en el entorno del 112% si no se adoptan medidas estructurales que permitan una reducción más rápida.
Herrero explicó que existen dos riesgos relevantes, y relativamente posibles de materializarse, que podrían empeorar el comportamiento de la deuda pública: una posible subida de los tipos de interés y el envejecimiento de la población que implicará un gasto creciente en el capítulo de las pensiones públicas.
Si los tipos de interés subieran solamente un punto respecto a los niveles actuales el coste de intereses de la deuda pública se elevaría en 15.000 millones en tres años.
