Siempre que los socios de Gobierno resuelvan sus discrepancias, el borrador de los PGE para 2021 debería llegar al Consejo de Ministros de esta semana. Pero que sea así depende de quién venza en la batalla que enfrenta a Pablo Iglesias y Nadia Calviño, que tropiezan de nuevo en el asunto de los alquileres, recurrente en lo que va de legislatura. La regulación de los precios del alquiler sigue siendo un caballo de batalla del vicepresidente segundo, mientras la vicepresidenta económica, que encabeza la parte del Gobierno, es decir, PSOE, se opone a esta herramienta de control y asegura que “las ciudades que están regulando el precio de la vivienda no están teniendo mucho éxito”.
El borrador de las Cuentas Públicas previsiblemente llegará al Consejo de Ministros del 27 de octubre, siempre que los socios de Gobierno resuelvan sus últimas desavenencias. Desde Unidas Podemos defienden que toca subir el IRPF para rentas del capital y del trabajo, además de elevar la presión fiscal sobre los grandes patrimonios.
Pablo Iglesias explica que el plan presupuestario remitido a Bruselas la semana pasada llevaba la parte fiscal “en blanco”, debido a la «discrepancia» entre socios. Un plan presupuestario que tendría que contemplar, además, la regulación de los precios del alquiler siendo un caballo de batalla de Unidas Podemos; el vicepresidente segundo ya trasladó al Sindicato de Inquilinos que pelearía por regular este mercado, y ésta es, además, una de las promesas del acuerdo de coalición. “Es un tema urgente y facilita la aprobación del borrador por parte de los grupos de la investidura, sobre todo de los catalanes, ya que la ley daría cobertura legal a la aprobada en Catalunya y que está ahora mismo recurrida”.
No es extraño, por tanto, que ERC se haya sumado a Iglesias en esta reivindicación para presionar al Gobierno.
Para los de Esquerra Republicana de Catalunya, que se han sumado a Unidas Podemos en su reivindicación, regular el control de los alquileres y que tenga todos los visos de legalidad es una prioridad absoluta en estos momentos
Para los de Esquerra, regular el control de los alquileres y que tenga todos los visos de legalidad es una prioridad absoluta y señalan que el control del precio del alquiler sí que puede ir incluido en la redacción del borrador de Presupuestos, y en la oferta a los socios. A su juicio, esto facilitaría el sí de prácticamente todos los socios de Gobierno.
Pero a la espera de lo que decida finalmente Pedro Sánchez, a lo que estamos asistiendo es a un nuevo choque entre Pablo Iglesias y Nadia Calviño que encabeza la parte del Gobierno, es decir, PSOE, que se opone no solo a que se contemple ahora en el borrador de las cuentas públicas, sino que defiende que no se opte por esta herramienta de control para ajustar los precios del alquiler porque, como ya dijo la vicepresidenta económica el pasado mes de enero “las ciudades que están regulando el precio de la vivienda no están teniendo mucho éxito”.
Dos meses después y la semana de que se decretara el estado de alarma Nadia Calviño, volvió a chocar con Unidas Podemos, que proponía aplicar una moratoria en el pago del alquiler por la propagación del coronavirus.
Calviño aseguraba que la “perjudicaría a los particulares” para añadir que, a diferencia de la moratoria hipotecaria, al aplazar los pagos del alquiler “no tienes en el otro lado a un banco, sino a un ciudadano que puede haber alquilado su vivienda y que, por tanto, se vería afectado por una moratoria en el pago”.
Es decir que el hecho de que el más del 80% del mercado del alquiler esté en manos de particulares fue lo que frenó la moratoria del sector.
Ahora, y en plena negociación presupuestaria, al parecer, la limitación de los precios del alquiler no ha estado sobre la mesa en ningún momento, ni ha sido uno de los temas centrales en las conversaciones entre el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez y la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.
Hay que recordar que el asunto saltó a los medios tras la reunión que Pablo Iglesias mantuvo hace un par de semanas con representantes de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona, en la que el vicepresidente se comprometió a que el Ejecutivo llevaría a cabo esta medida, incluso en el próximo proyecto de PGE.
El asunto podría quedar zanjado a favor de Nadia Calviño si tenemos en cuenta las declaraciones de José Luis Ábalos. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asegura que la subida del IRPF a las rentas altas y la limitación al precio de los alquileres se llevarán a cabo “en el momento en el que país pueda encajarlo» y «no para hacerlo a la primera”.
La situación de emergencia y excepcionalidad que ha provocado la pandemia conduce a plantearse algunos de los compromisos del programa “para otro momento”.
En lo que respecta a la limitación de los precios de los alquileres, Ábalos ha afirmado que la Ley de Vivienda Estatal, cuyo anteproyecto se encuentra en fase de consultas, “podría ser un instrumento” donde introducir esta medida.
Pablo Iglesias se comprometió con los sindicatos de inquilinos de Madrid y Cataluña a que el Ejecutivo llevaría a cabo esta medida, incluso en el próximo proyecto de PGE
Mejoras en IPREM e IMV
Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales quieren que los Presupuestos Generales del Estado contemplen posibles mejoras del ingreso mínimo vital, la medida social estrella del Ejecutivo de coalición, que ya fue modificada en septiembre, para facilitar el acceso a esta prestación. La idea hoy es «corregir problemas en algunos requisitos de acceso que están limitando su eficacia», si bien las citadas fuentes no facilitan más detalles.
En última instancia, la formación de Iglesias defiende que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios en relación a los ingresos. «tiene que recuperar la capacidad adquisitiva de forma decidida».
Lo cierto es que el tiempo apremia y el Gobierno quiere aprobar el borrador de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2021 el próximo 27 de octubre, en Consejo de Ministros ordinario. Para entonces ya espera tener suficientes garantías de que el Congreso de los Diputados no los tumbará, y por tanto de que pasarán el debate de enmiendas a la totalidad
En el PSOE no se quiere retrasar más la aprobación para que, lo antes posible, empiecen su recorrido legislativo en el Congreso, aunque ya se asumen que, de salir adelante, no serán aprobados hasta principios del próximo año
La vivienda, batalla habitual entre PSOE y Unidas Podemos
La política de vivienda es una de las que más roces genera entre los de Sánchez e Iglesias. En el primer mandato de Sánchez, los aliados parlamentarios del entonces Gobierno monocolor del PSOE tumbaron el decreto ley de vivienda precisamente por la negativa de Ábalos a incorporar límites a los precios.
El Ejecutivo se vio entonces obligado a negociar un nuevo decreto que sí contó con el respaldo suficiente y fue pactado previamente con Unidas Podemos. Entonces se mantuvo la ampliación a cinco años en los contratos de arrendadores personas físicas y a siete en las jurídicas y los límites para viviendas turísticas y se incluyó una limitación de las subidas de precios interanuales dentro del mismo contrato, aunque no en las renovaciones, y obliga a los jueces a evaluar la vulnerabilidad de las personas que van a ser desahuciadas.
En el primer mandato de Sánchez, los aliados parlamentarios del entonces Gobierno monocolor del PSOE tumbaron el decreto ley de vivienda
De hecho, la limitación de los precios abusivos del alquiler también fue un escollo durante la negociación las cuentas públicas de 2019, que finalmente fueron rechazadas al presentar ERC una enmienda a la totalidad. En aquella ocasión, Unidas Podemos también exigió que el acuerdo incluyera explícitamente un cambio legal para frenar las «subidas abusivas» de las rentas. Finalmente, el texto lo incluyó como uno de los compromisos.
De momento, lo único que ha hecho el Ejecutivo al respecto es elaborar el Sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler, una herramienta que el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos se comprometió a elaborar para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos que así lo deseasen pudiesen declarar qué zonas de sus administraciones estaban tensionadas, y establecer de esta forma límites a las rentas del alquiler.
