El Ministerio de Hacienda ha culminado el reparto definitivo del Fondo Covid, un paquete de transferencias de 16.000 millones de euros que el Estado ha repartido entre las comunidades autónomas para reforzar su sistema sanitario y educativo o para paliar parcialmente el impacto de la pandemia del coronavirus. Un 54% del total de los fondos lo han acaparado solo tres regiones: Madrid, Cataluña y Andalucía.
Se trata de una segunda parte de la inyección destinada a reforzar los recursos sanitarios, dotado con 3.000 millones, y de una partida de 5.000 millones, que se liquidarán en diciembre, para compensar la pérdida de ingresos
La asignación se completó, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el reparto final de los dos últimos tramos pendientes de abono, cuyo pago se hará efectivo en las arcas regionales en los próximos días. Se trata de una segunda parte de la inyección destinada a reforzar los recursos sanitarios de las comunidades autónomas, dotado con 3.000 millones, y de una partida de 5.000 millones, que se liquidarán en diciembre, para compensar la pérdida de ingresos que ha supuesto para los territorios la parálisis de la actividad durante la pandemia del Covid-19.
Criterios de incidencia
Antes de estas últimas inyecciones, el Ministerio de Hacienda ya había entregado 6.000 millones de euros del tramo sanitario, durante el mes de julio, mientras que en septiembre abonó los 2.000 millones correspondientes al refuerzo de los sistemas educativos ante el arranque del nuevo curso escolar.
El conjunto de los recursos asociados al Fondo Covid se han repartido siguiendo una serie de criterios de incidencia de la propagación del coronavirus y de la población de cada región, fundamentalmente. En concreto, en el caso del último desembolso de ámbito sanitario, han pesado los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales realizadas (10%); y la población protegida equivalente (45%), con datos remitidos por las regiones al Ministerio de Sanidad a fecha de 31 de octubre.
En el caso del tramo final, a repartir en diciembre, se utilizan dos criterios. De un lado, 4.200 millones se asignan al 60% en función del peso relativo de los derechos reconocidos medios de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego, excluidos los pagos efectuados por la Agencia Tributaria a cada comunidad en los años citados, y al 40% en función de la población.
Impacto presupuestario
Los otros 800 millones de este tramo se imputan según el impacto presupuestario que ha tenido la pérdida de actividad del transporte público en cada región, distribuyéndose un 34% en función de los servicios de transporte regular interurbano de viajeros; un 13%, considerando servicios de metro, tranvía o ferroviarios; un 49%, en base a los datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona; y un 4% que se aparta para el transporte interurbano de Canarias. País Vasco, Navarra, Ceuta y Mellilla no participan del cuarto tramo en ninguna de sus dos variantes por sus regímenes fiscales específicos.
Hacienda ya había entregado 6.000 millones del tramo sanitario en julio, mientras que en septiembre abonó los 2.000 millones correspondientes al refuerzo de los sistemas educativos ante el arranque del nuevo curso
Como resultado, del reparto íntegro de los 16.000 millones de euros a Madrid le corresponden 3.346 millones, un 20,9% del total; a Cataluña, 3.166 millones, el 19,8%; y a Andalucía, 2.199 millones, el 13,7%.
A partir de ahí, los porcentajes de reparto del resto de regiones dejan de ser de doble dígito, siendo La Rioja la comunidad que menores fondos recibe, 127 millones de euros, un 0,8% del montante, solo por delante de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que obtienen un 0,2%, 25 millones de euros cada una.
En medio se sitúan la Comunicad Valenciana (con el 9,3% de los fondos); Castilla y León (5,3%; Castilla-La Mancha y Galicia (4,6% en ambos casos); País Vasco (3,6%); Canarias (3,4%); Baleares y Aragón (2,7%); Murcia (2,4%); Asturias (1,9%); Extremadura (1,7%); Cantabria y Navarra (1,1%).
