Ana Sánchez Arjona ■
Los PGE de 2023 han comenzado su andadura parlamentaria. Son los terceros pactados entre el PSOE y Unidos Podemos y son unas cuentas públicas históricas en términos de gasto y recaudación, que están destinadas a combatir los efectos de la inflación y de la invasión rusa en Ucrania en las familias y las empresas. Su tramitación llega en un contexto de elevada incertidumbre, lo que ha provocado que el Gobierno haya rebajado hasta el 2,1% el crecimiento para el próximo año. Estamos ante unos presupuestos que pivotan sobre un techo de gasto récord que se fijó a principios de verano en 198.000 millones. En total, se destinarán seis de cada diez euros a gasto social al mismo tiempo que la subida de las conocidas como inversiones reales será del 33%. “Es la partida que más crece de todo el Presupuesto”, ha dicho la ministra Montero.
Las cuentas públicas ya están en el Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta Meritxell Batet, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2023. Son las terceras y últimas cuentas de la legislatura. Y se van a debatir en la Cámara Baja, a menos de siete meses de las elecciones municipales y autonómicas, a poco más de un año de las las generales.
Las cuentas son expansivas, como todas las presentadas por el Gobierno de coalición desde que llegó al poder. Contemplan un gasto social en máximos, porque crece un 10,5% respecto a los Presupuestos actuales y suponen un incremento del gasto social de hasta un 33% con respecto a los últimos presupuestos del PP, en 2018.
Nadia Calviño asegura que las cifras recientes demuestran la fuerza de la recuperación. “No hay síntomas de desaceleración económica y el mercado de trabajo sigue sólido creando un importante número de empleos”
El Gobierno logró pactar in extremis el texto con sus socios de coalición que tiene como objetivo hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania.
No solo aumenta el gasto social sino también lo hace la inversión a pesar de que habrá un crecimiento menor los precios estarán más alto de lo previsto en julio, cuando se comenzó a tramitar las cuentas y se aprobó el techo de gasto.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecieron en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta de que los Presupuestos recogen “el mayor gasto social de la historia” y “garantizarán el poder adquisitivo” de los pensionistas al tiempo que “mejorarán las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos”.
En concreto y respecto a las medidas sociales, se extenderá a más familias la ayuda de 100 euros por hijo a cargo hasta los 3 años. En estos momentos solo la reciben las madres trabajadoras. “Ya existe una prestación por crianza de 0 a 3 años para personas que están trabajando y durante el periodo que están dadas de alta en la Seguridad Social. La ley va a abundar en ampliar este colectivo, incorporar otras realidades también dentro de las prestaciones contributivas”, señalaba la ministra de Hacienda.
María Jesús Montero no ha dado todavía más detalles sobre la ley de familias con la vista puesta en el borrador de la ley que debatirá el Consejo de Ministros. Un documento que será presentado “en unos días” por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Otras medidas destacadas aprobadas son la gratuidad de los Cercanías y Media Distancia que se extiende a todo 2023. Además, se consolidan el bono joven al alquiler e incluyen un nuevo plan de arrendamiento asequible.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, señala que todos los indicadores reflejan un crecimiento fuerte y sostenido, a pesar de la incertidumbre que supone la guerra en Ucrania.
Fuerte recuperación
La vicepresidenta asegura que las cifras recientes demuestran la fuerza de la recuperación. No hay síntomas de desaceleración económica y el mercado de trabajo sigue sólido creando un importante número de empleos.
Calviño habló de la “europeización del mercado laboral español” lo que junto a la afiliación de la Seguridad Social refuerza la sostenibilidad de las pensiones.
Las cifras recogidas en el cuadro macroeconómico presentan una importante rebaja de seis décimas en la previsión de crecimiento para el próximo año, hasta el 2,1% que se justifica por la inflación disparada.
En cuanto al mercado laboral, el Gobierno mantiene la tasa de paro para este año en el 12,8% y la sitúa en el próximo ejercicio en el 12,2%, al tiempo que estima un menor crecimiento del empleo, desde el 3,7% de julio al 2,9% para este año, y para 2023 pasaría del 0,8% al 0,6%.
Aun así, Nadia Calviño habla de “aproximación prudente” la del cuadro macro e insiste en que incorpora el “fuerte crecimiento de actividad y empleo” y el “importante impacto” del plan de recuperación.
El consumo privado se situará 1,8 puntos inferior al previsto en julio, y 1,2 puntos inferior para 2023, hasta el1,3%.
Los Presupuestos de 2023, recogen un apartado especialmente positivo: la inversión. La formación bruta de capital fijo en bienes de equipo, que muestra la evolución de la inversión, aumenta del 3,8% estimado en julio al 9,5%, un sesgo positivo que también refleja la construcción que se incrementa para 2023 del 7,4% al 8,4%.
Respecto al déficit Calviño adelantó que se situará en el 2,9% en 2025 mientras la deuda se mantendrá por debajo del 110% del PIB.
Crecimiento de los ingresos tributarios para reducir el déficit por debajo del 4%
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año que viene contempla que los ingresos tributarios crezcan un 7,7% hasta los 262.781 millones de euros. De ser así, la recaudación mediante impuestos se situaría en los 18.711 millones de euros. Los ingresos no tributarios bajarían un 2,8% hasta los 44.654 millones, lo que supone un saldo neto en el conjunto de ingresos no financieros de 307.445 millones, un 6% más.
Con este crecimiento, más otros elementos, España reduciría el déficit público en 2023 hasta el 3,9% que prevén las cuentas. “Es un presupuesto prudente y en línea con la responsabilidad fiscal”, explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
Desde este punto, la estrategia del Gobierno tendrá como resultado la reducción paulatina del saldo fiscal negativo hasta el 3,2% en 2024 para dejar atrás la barrera psicológica del 3% un año después, hasta el 2,9%.
Bruselas exige precisamente que España cumpla con este calendario de reducción y que piden organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Banco de España o la OCDE.
En materia fiscal el acuerdo lo cerraron la semana pasada PSOE y Unidas Podemos. En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado pivotan sobre una base impositiva extraordinaria sobre las grandes rentas y en una rebaja a los ciudadanos de menores ingresos y las pequeñas empresas.
El Ejecutivo descuenta una mayor recaudación debido a estas medidas y los efectos que la inflación y la mejora del mercado laboral tienen en el IVA y el IRPF.
En concreto, explicó la titular de Hacienda, los ingresos tributarios del año que viene aumentarán un 7,6% de media. La recaudación en IRPF y Sociedades lo hará también en un 7,6% en ambos casos, hasta los 114.123 millones y los 28.419 millones de euros, respectivamente.
Sobre el IVA, el incremento será de un 5,9% hasta los 86.000 millones, y en los impuestos especiales, de un 8,2%, hasta superar los 22.000 millones. Hacienda suma además el resto de ingresos tributarios, que se elevarían casi un 21% hasta los 12.759 millones de euros.
La mayor parte del crecimiento de la recaudación será consecuencia de las medidas fiscales anunciadas por Hacienda hace algo más de una semana. Hablamos del impuesto temporal sobre las grandes fortunas y la penalización en Sociedades que impactará en los grandes grupos.
Con el impuesto sobre la riqueza, que impactará sobre cerca de 24.000 contribuyentes con más de 3 millones de euros de patrimonio neto, Hacienda recaudará unos 1.500 millones de euros anuales.
Por limitar al 50% la capacidad de compensar las pérdidas de las filiales, que afectará a 3.600 empresas, el impacto en 2023 y 2024 será de casi 2.500 millones de euros.
A todas estas cifras hay que añadir los 7.000 millones de euros que Hacienda prevé recaudar en dos años gracias a los impuestos temporales sobre los beneficios extraordinarios de banca y grandes empresas energéticas.
