2020 se recordará como el año en el que empezó la pandemia de Covid y una crisis sin precedentes en Europa en tiempos de paz. Ello ha provocado que se hayan tenido que poner en marcha ayudas sociales masivas y que España haya tenido que alcanzar cifras históricas de gasto público en prestaciones de desempleo.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, el Gobierno dedicó a este tipo de prestaciones unos 36.396 millones de euros. Esta cifra supone un 91% más de lo que se gastó en ‘financiar’ el paro en 2019. Concretamente, 17.374 millones más.
El gasto medio por prestación también ha reflejado un importante incremento a lo largo de 2020. Desde septiembre, no baja de los 1.000 euros y en diciembre se puso en los 1.100 euros
Nunca en la historia de España se habían dedicado tantos fondos a estas prestaciones. El único año que se acerca es 2010, en plena crisis financiera. Por entonces, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dedicó unos 32.237 millones de euros.
Las prestaciones amparadas en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido las principales culpables de este incremento. Desde que se inició la pandemia y el Gobierno comenzó a aplicarlos para frenar la destrucción del empleo y el consecuente tsunami de parados, los incrementos del gasto mes tras mes no han bajado del 43% anual.
El pico se produjo en mayo, cuando el Estado desembolsó unos 5.526 millones solo en ese mes y la subida respecto al mismo mes de 2019 fue del 279%.
Sin embargo, no todo son ERTE. De diciembre de 2019 a diciembre de 2020 el paro subió un 23%, unas 724.500 personas. De hecho, el desempleo volvió a aumentar en enero y ya hay 3.964.353 personas en esta situación.
El gasto medio por beneficiario de prestación también ha reflejado un importante incremento a lo largo de 2020. Desde septiembre, no baja de los 1.000 euros y en diciembre se puso en los 1.100 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 199 euros (un 22,1% más).
Según Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, este incremento, al menos en el caso de diciembre, se debe tanto a las personas que se han incorporado a los sistemas de desempleo con rentas más altas como a la mejora sobre la cuantía de la prestación aplicada por el Gobierno para mantenerla en el 70% de la base reguladora, ya que hasta la pandemia se reducía al 50% a partir de los seis meses.
Con todo, esta medida solo se aplica en el caso de prestaciones de desempleo por ERTE, no en personas que estén en el paro, cuya prestación sí que se reduce al 50% tras seis meses, según indican desde el Ministerio de Trabajo.
Las prestaciones amparadas en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido el origen de este incremento, desde que se inició la pandemia
Aunque los ERTE han permitido que el paro se contenga, la inversión que suponen es poco sostenible y menos si se siguen teniendo que mantener en el tiempo.
Cabe recordar que las prestaciones vinculadas a los ERTE no consumen el paro de los afectados. Es decir, que si ven abocados a una situación de desempleo mantienen el periodo completo de sus prestaciones.
Hay que tener en cuenta también que solo en prestaciones de desempleo por los ERTE, el Estado gastará unos 700 millones de euros mensuales hasta mayo, que es cuando caduca la última prórroga. El problema es que las expectativas respecto a la recuperación económica no son halagüeñas, sobre todo en los sectores más afectados por la pandemia. La tercera oleada y el ritmo de vacunación se encuentran entre los factores que están haciendo que el Gobierno se vea obligado a olvidarse de que cierta movilidad se recupere en Semana Santa, con lo que ello significa para dos sectores clave como el turismo y la hostelería.
Precisamente, Servicios es el ámbito productivo más dependiente de los ERTE y del que más personas se están sumando al paro. De hecho, la práctica totalidad de las nuevas personas desempleadas en enero provienen de él, unas 78.089.
