Ana Sánchez Arjona ■
Con la última petición de los Next Generation por 6.000 millones de euros, España pasa a ser el primer Estado miembro en solicitar el tercer desembolso, pero esto no quiere decir que la ejecución de los fondos vaya a la misma velocidad porque España tiene serios problemas para ejecutar las ayudas que nos llegan de Europa. Los datos sobre la ejecución presupuestaria española de los fondos europeos en el último marco plurianual 2014-2020 dejan a nuestro país como el que menos partidas ha invertido. En concreto, ha ejecutado un 43% de los fondos estructurales y de inversión asignados por la UE, el porcentaje más bajo de todo el bloque. El problema radica, en buena parte y según los expertos, en que el Estado tiene serias dificultades que determinan que su capacidad administrativa sea muy baja. Teniendo en cuenta además que gestionar fondos europeos no es tarea fácil, ni la estructura laboral de nuestro país, ni los recursos, ni tampoco los medios, son los mejores para afrontar este ambicioso cometido.
El Gobierno acaba de solicitar formalmente el tercer desembolso de los fondos europeos Next Generation por 6.000 millones. La Comisión Europea tendrá tres meses para evaluar si el Ejecutivo ha cumplido con los hitos y objetivos que van vinculados a la liberación de este último pago y que se han ejecutado a lo largo del primer semestre de 2022.
Debemos recordar, sin embargo, que el desembolso más importante por parte de Bruselas es el cuarto, es decir, el del primer semestre de 2023 por importe de 10.000 millones de euros. Para poder recibirlo, el Ejecutivo habrá de presentar la documentación a finales de diciembre o principios del mes de enero de 2023, documentación que ha de demostrar una serie de inversiones establecidas en el calendario que en su día firmaron la Comisión y el Ministerio de Hacienda.
Lo cierto es que, con esta última petición, España pasa a ser el primer Estado miembro en solicitar el tercer desembolso, pero esto no quiere decir que la ejecución de los fondos vaya a la misma velocidad. Precisamente, un informe del Ministerio de Transportes realizado recientemente por esta cartera, una de las que más fondos europeos gestiona, admitía que el ritmo era insuficiente y explicaba que era urgente impulsarlo y acelerarlo.
España es el país más retrasado en la ejecución de fondos estructurales del presupuesto anterior, seguido de Eslovaquia (45%), Croacia y Rumanía (49%), Bélgica (50%) y Dinamarca e Italia (51%), Bulgaria (53%) y Polonia (55%)
Y es que España, sobre todo a partir de 2014, tiene serios problemas para ejecutar las ayudas que nos llegan de Europa. “El problema, es que desde el marco 2014 la situación se ha complicado muchísimo y no solo España tiene dificultades sino muchos países. Pero sí es cierto que nosotros tenemos más dificultades que otros que gestionan fondos europeos”, explica a El Nuevo Lunes, Manuel Hidalgo, sénior felow del Centre for Economic Policy & Political Economy de Esade (EsadeEcPol) y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
A la cola del bloque
Los datos sobre la ejecución presupuestaria española de los fondos europeos del marco plurianual 2014-2020 dejan a nuestro país como el que menos partidas ha gastado. En concreto, ha ejecutado un 43% de los fondos estructurales y de inversión asignados en el último presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, el porcentaje más bajo de todo el bloque a pesar de haber crecido en diez puntos en el último año, según la última actualización de los datos publicada por la Comisión Europea.
España había ejecutado un total de 24.040 millones de euros, un 43% de los 56.552 millones que tenía asignados a cargo de los cinco programas que componen los fondos europeos estructurales y de inversión para el periodo 2014-2020. El nivel de gasto planificado sí que alcanza a estas alturas el 100%, mientras que el nivel de gasto decidido se ha situado ya en el 93%.
España es, por tanto, el país más retrasado en la ejecución de fondos estructurales del presupuesto anterior, seguido de Eslovaquia (45%), Croacia y Rumanía (49%), Bélgica (50%) y Dinamarca e Italia (51%), Bulgaria (53%) y Polonia (55%), todos ellos por debajo de la media comunitaria, que se sitúa en el 52%
En la otra cara de la moneda, los países más avanzados son Finlandia, con un nivel de ejecución del 82%, Irlanda (76%), Austria (75%), Luxemburgo (74%) y Suecia (70%). Francia y Alemania también cuentan con un nivel de fondos ya gastados por encima de la media de la UE con un 66% y un 62%, respectivamente.
El por qué ocurre esto “es complejo de explicar en una sola frase”, señala Manuel Hidalgo, “pero podemos decir que la administración pública española tiene serias dificultades que determinan que su capacidad administrativa sea muy baja. Gestionar fondos europeos no es fácil y ni siquiera la estructura laboral ni de recursos, ni de medios para agilizar la gestión pública de fondos es la mejor”.
Según los expertos, es habitual en casi todos los Estados una ejecución lenta durante los primeros años del periodo presupuestario. En cualquier caso, las normas de la Comisión permiten que los fondos estructurales sigan disponibles hasta tres años después para aquellos proyectos que hayan recibido el visto bueno. En último caso, y si se sobre pasan esos tres años, es obligatorio devolver los fondos a Bruselas.
Y para que esto no ocurra, el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y responsable del informe ‘Cinco propuestas para mejorar la absorción de los fondos europeos’, publicado por Esade, señala, en este sentido, que las propuestas para solventar esta situación son varias. “No podemos tampoco hablar de una propuesta de reforma de la gestión de fondos tal cual, sino de la reforma de la administración pública en general. Tenemos falta de personal, tenemos un uso escaso de medios que en su justa medida agilizarían la gestión presupuestaria. Problemas de planificación, problemas de gestión, de responsabilidades y de equipos. En general necesitamos una nueva reformulación de la Función Pública que, entre otras cosas, facilite la gestión de los recursos de la administración”.
En cuanto a los fondos Next Generation, este experto opina que se crearon una serie de expectativas que no estaban sujetas a la realidad. “La gestión de estos fondos no parecen ir más lenta que otros fondos e incluso podríamos decir que va relativamente rápida si los comparamos con otras partidas de gasto. Lo que ocurre es que se hizo pensar y se nos hizo creer que la gestión de los fondos sería muy rápida de tal manera que en pocos meses pudiéramos haber ejecutado no menos de 20.000 millones de euros, pero es obvio que esto no sería posible. Por lo tanto, lo que podríamos hacer para gestionar más rápido los fondos europeos Next Generation es lo que acabo de contar: no hay diferencias, necesitamos articular nuevos incentivos y nuevos procedimientos con una gestión de Recursos Humanos y de medios que sea eficiente”.
Con lo que sí está cumpliendo España es con los hitos. “Cuando se dice que vamos muy adelantados en la ejecución de los NG, de lo que hablamos es precisamente de que estamos cumpliendo los distintos pasos a los que nos obliga Bruselas para poder ir liberando los recursos. El problema es que lo que nosotros llamamos ejecución de fondos europeos, es decir, gastar, sí va más lento por las razones antes descritas. Y es evidente que en algún momento Bruselas nos puede pedir responsabilidades en este sentido”.
Fondos que van a condicionar los PGE
La ejecución de los fondos Next Generation va a condicionar de manera crucial el Proyecto de Presupuestos para el año que viene, el último de la legislatura. Es la apuesta del Gobierno y el as en la manga que le queda para el ejercicio que dará por finalizada el actual periodo de gobierno, antes de las elecciones generales y ante una escalada de precios que esta mermando a gran escala el poder adquisitivo de los ciudadanos. Las prioridades son claras: el gasto social, que alcanza un máximo histórico, y la inversión apoyada en unos fondos europeos que hasta ahora no se han ejecutado como se había planeado. Lograr que se desplieguen en lo que queda de 2022 y todo 2023 es determinante para que el estancamiento que se avecina de la economía no sea tan pronunciado.
Sería además una herramienta para enmendar los pronósticos más pesimistas que empiezan a publicar organismos nacionales e internacionales.
El Ejecutivo tendrá a su disposición para afrontar este reto 25.000 millones de fondos comunitarios para este año sumado a lo que no se haya ejecutado de los dos años precedentes. El próximo curso será clave para que lo presupuestado a cargo de inversiones europeas, tenga por fin su efecto y se deje notar de manera decidida en el crecimiento.
