Ana Sánchez Arjona ■
“No hay perspectiva de cortarle el grifo a España”, declaraba la jefa de la delegación de la Eurocámara, Monika Hohlmeier, tras concluir su visita a nuestro país para controlar el buen hacer del Gobierno con los fondos europeos. Una gestión que se ha puesto en entredicho por parte de algunos eurodiputados del Parlamento Europeo por la gestión y el destino de los Next Generation. Si Valdis Dombrovskis, vicepresidente para Asuntos Económicos, tuiteaba: “Enhorabuena, España. La Comisión Europea avala la tercera solicitud de pago del Plan de Recuperación” en referencia al próximo desembolso de 6.000 millones, desde el Grupo Popular se resalta la falta de transparencia que rodea a los fondos y a su ejecución real. Mientras, el Grupo Socialista resta importancia a esos argumentos y señala que detrás de ellos sólo hay intereses políticos.
La Comisión Europea anunciaba hace poco más de una semana el desbloqueo del tercer desembolso de fondos europeos para España, de 6.000 millones de euros. Una cifra que se añadirá a los 31.000 millones que ya están en nuestro país derivados de dos pagos anteriores que estas ayudas comenzasen a movilizarse en octubre de 2021 con la llegada de una primera partida como anticipo.
Con el visto bueno de Bruselas, España pasa a situarse a la cabeza de sus socios europeos que también son perceptores de estos fondos en recibir la tercera transferencia, una circunstancia que obedece, según la Comisión, a la buena trayectoria del plan español y a un modelo de supervisión que se adapta a las normas fijadas por Bruselas.
Aun así, varios eurodiputados del Grupo Popular cuestionaban las auditorías días antes de que la comisión de control se trasladara a Madrid para supervisar el plan, en medio de una nueva polémica por este asunto.
España solicitó oficialmente el pago en noviembre de 2022, tras informar de que se había cumplido con los hitos y objetivos vinculados a este desembolso.
La evaluación positiva de Bruselas da por hecho que ya son efectivos los 120 de los 415 hitos y objetivos recogidos en el plan presentado por España de tal manera que cuando llegue este nuevo importe, se habrán recibido un importe superior a 37.000 millones a los que hay que sumar otros 12.000 que el Gobierno ha anticipado vía deuda para incluirlos en los Presupuestos Generales del Estado.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente para asuntos económicos, miembro del Partido Popular Europeo, que tuiteaba tras anunciarse la noticia: “Enhorabuena España. La Comisión Europea avala la tercera solicitud de pago del Plan de Recuperación”.
Antes, y en la última reunión del Eurogrupo, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, mantenían un encuentro para hablar, precisamente, sobre el despliegue del plan de recuperación y la solicitud de España para el tercer desembolso de fondos europeos. Gentiloni destacaba el “buen impacto” del plan español al mismo tiempo que Calviño se mostraba confiada en que la respuesta de la Comisión Europea llegara “a principios de febrero”.
“Estamos trabajando intensamente, como siempre, con las autoridades españolas”, explicaba el comisario, “que han tenido el privilegio, pero también la responsabilidad, de ser pioneros en el proceso del Plan de Recuperación y Resiliencia”.
Este nuevo pago no es solo una inyección económica sino el reconocimiento de Bruselas del sistema implantado por España para controlar la ejecución de las inversiones.
En este sentido Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han mostraban orgullosas de la validación de esa herramienta para supervisar la adjudicación de las convocatorias.
Pero este reconocimiento comunitario se produce en un momento polémico que surge precisamente por la gestión y el destino de los Next Generation. Mientras que Bruselas alaba a España, desde el Parlamento no son tan generosos con los calificativos y hablan de “poca transparencia” respecto a su ejecución.
Esta semana ha estado en Madrid una delegación parlamentaria europea para supervisar los fondos llegados a España, un control que se realiza de forma rutinaria por el Ejecutivo comunitario con Monika Hohlmeier al mando.
España fue el primer país en recibir el pago en base a los hitos conseguidos, explicó Hohlmeier en una nota difundida por la Eurocámara días antes de la llegada de la delegación. “Como representantes de la autoridad de control presupuestario de la UE, queremos ver con nuestros propios ojos lo que se está haciendo a nivel nacional para proteger los intereses financieros de la UE con este nuevo instrumento financiero”.
Desde el grupo ‘popular’ se resala la falta de transparencia que rodea a los fondos y a su ejecución real. Mientras el grupo socialista resta importancia a esos argumentos y señala que detrás de ellos están intereses políticos.
Que Bruselas apruebe al tercer pago “no hace más que rubricar que, la gestión, está siendo la que tiene que ser”.
Sin embargo, la propia Hohlmeier pidió en una carta remitida a Nadia Calviño, que facilitara la misión de control. Una carta de la que tuvieron conocimiento los medios de comunicación, algo que irritó a la eurodiputada, según informaba Europa Press.
“Resulta sorprendente que la carta se haya difundido a la prensa muy poco después de que yo la recibiera y antes de que los miembros de la Comisión y yo misma tuviéramos la oportunidad de tomar buena nota de su contenido”.
El enfado de Hohlmeier se produce a raíz de una primera carta remitida por Calviño en la que la vicepresidenta subrayaba que “el despliegue del Plan de Recuperación está sujeto a los más altos estándares de auditoría y control” al tiempo que repasaba algunas de las principales inversiones del plan y ofrecía “pleno apoyo y cooperación” de las autoridades españolas con la misión parlamentaria.
La misión de la Eurocámara pide más transparencia, pero no hay fraude en la gestión de los 31.000 millones recibidos
La delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que ha visitado esta semana España y ha concluido que no se ha hallado ningún indicio de infracciones o fraude. “No hemos descubierto casos de fraude o infracción”, ha enfatizado. Por otro lado, la misión ha lamentado que los sistemas de control de estos recursos en España sufren “una serie de retrasos” y ha pedido mejorar su transparencia.
Así lo ha señalado la jefa de la delegación, Monika Hohlmeier durante una rueda de prensa ofrecida en la oficina del Parlamento Europeo, Hohlmeier ha criticado la dificultad para encontrar los datos relativos a los fondos europeos para la población y ha lamentado que no se les haya comunicado en detalle la ejecución real contable sobre los recursos desplegados, es decir, su impacto en la economía real. Recomiendan a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los proyectos se publique de una manera más accesible y más estructurada.
La comisión de control también ha detectado que, aunque los sistemas de control de fondos están operativos y funcionan, han sufrido “una serie de retrasos”. Al mismo tiempo ha recomendado una mayor interoperatividad y que el Tribunal de Cuentas reciba un acceso permanente a estos sistemas de control.
La misión de fondos europeos considera necesario “quitar las trabas burocráticas” de los fondos con el fin de dar más apoyo a los autónomos y a las pymes que desempeñan «un papel fundamental en la economía española».
España tiene ahora por delante una tarea especialmente complicada para hacer frente a las medidas a las que está sujeto el cuarto pago: la reforma del sistema de pensiones.
Sobre esta reforma, Hohlmeier ha contado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante la reunión de ayer se mostró confiado en que en meses venideros se resolverá este problema. “Este hito aún no está cumplido y eso significa que el Gobierno debe esforzarse a cumplirlo porque si no, se arriesga a las consecuencias”, ha alertado Hohlmeier, quien, no obstante, no tiene la “sensación de que el Gobierno español se quiera quedar de brazos cruzados”. “No hay perspectiva de cortarle ahora el grifo a España”.
