Ana Sánchez Arjona
De llegar a buen puerto el acuerdo internacional en el seno del G-20 el próximo mes de julio, el Gobierno español quiere ser uno de los primeros países en fijar el tipo mínimo de Sociedades y hacerlo ya desde 2022, si el calendario le es favorable. La reforma de este impuesto es una prioridad para Hacienda y llegó ser incluida en el plan presupuestario para 2019 pactado por PSOE y Unidas Podemos que el Congreso acabó tumbando. Montero aboga por una “profunda reforma fiscal” que analice con detalle esta figura tributaria, “cuya recaudación”, asegura, “se ha reducido a la mitad desde 2008 mientras que los beneficios empresariales han crecido considerablemente”.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho varias veces ante la prensa, y también en algún que otro foro sobre fiscalidad, que el Gobierno tiene especial interés en el Impuesto de Sociedades. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se ha abierto debate internacional de gran interés, ya que la propia Administración norteamericana se pronunciaba, recién estrenada, en torno a la necesidad de obtener mayor eficacia en esta figura fiscal.
Y ese interés se ha traducido en que el pacto para establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades alcanzado por los ministros de Finanzas del G7 supone, desde el punto de vista global para la historia de la fiscalidad internacional, un paso hasta ahora desconocido que busca de concretar unas reglas tributarias comunes.
La medida supondría una considerable subida fiscal para las grandes compañías un año antes de la puesta en marcha de la gran reforma tributaria que Hacienda baraja impulsar en 2023, siempre que España haya recuperado el nivel de PIB precrisis
Pero lo más importante para el Gobierno español es que supone un aval para la reforma tributaria que prepara el ministerio de Hacienda. Es más, podría pisar el acelerador de una parte crucial de la reforma fiscal que planea Montero.
En concreto, si el acuerdo se materializa y se hace realidad en un consenso internacional, España trabajaría para fijar el tipo mínimo de sociedades ya desde 2022, un año antes que el resto de los grandes cambios impositivos que baraja.
Eso sí, todo va a depender de cómo vayan los pactos entre los principales países del mundo en este sentido. Después de lo acordado por los ministros de Finanzas de EE UU, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón en la capital británica, los líderes de estos Estados deberían refrendar el acuerdo en la Cumbre del G-7 del próximo fin de semana en Cornualles como aperitivo a su visto bueno definitivo en el G-20, que se reunirá en julio en Venecia.
Será entonces cuando se termine de definir a qué empresas afecta esta medida teniendo en cuenta su facturación anual y cuánto de esta facturación se obtiene fuera de su país de origen.
Tipo mínimo
Deberá cerrarse además y definitivamente el tipo mínimo a aplicar, aunque todo sugiere que el porcentaje será el 15% defendido por Estados Unidos, que no obstante ha reducido pretensiones sobre su propuesta inicial del 21% para conseguir alcanzar el consenso.
La Administración de Joe Biden no solo ha sido definitiva para dar un impulso a un frente que llevaba años abierto por la postura en contra del anterior inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, sino que se ha convertido en activista a la hora en imponer el tipo global como fórmula para financiar su ambiciosa estrategia de reactivación económica tras la crisis sanitaria.
Su afán, apuntalado ahora por el G-7 y seguramente por G-20 del de julio, es sellar un acuerdo multilateral en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos antes de que acabe 2021.
De llegar todo a buen puerto, el Gobierno español quiere, de la mano de Mª Jesús Montero, ser uno de los primeros países en fijar el tipo mínimo, y hacerlo ya desde 2022 si el calendario le es favorable.
No se debe olvidar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se mostraba a favor de establecer ese mínimo de sociedades antes incluso de que se vislumbrara un acuerdo global.
La reforma de Sociedades llegó ser incluida en el plan presupuestario para 2019 pactado por PSOE y Unidas Podemos que el Congreso acabó tumbando lo que dio paso a la primera de las dos elecciones generales ese mismo año.
Pero la intención de Gobierno se guardó en el cajón a la espera de un mejor momento.
La crisis abierta por la pandemia tampoco era el mejor escenario lo llevó de nuevo a Hacienda a posponer esta medida, sacándola de las cuentas de 2021.
Para este ejercicio se introdujo solo la reducción al 90% de la exención sobre dividendos de filiales. Un año atrás, el Gobierno preveía que ambas medidas recaudarían unos 1.800 millones mientras que el gravamen sobre dividendos estima una recaudación 573 millones.
Hasta saber si el Gobierno logra los respaldos parlamentarios necesarios para impulsar unos Presupuestos para 2022, el pacto alcanzado por el G7 y posteriormente el G20 podría acelerar la aplicación del tipo mínimo que empiece aplicarse el próximo año.
La medida supondría una importante alza fiscal para las grandes compañías multinacionales un año antes de la puesta en marcha de la gran reforma tributaria que Hacienda baraja impulsar en 2023, siempre que para entonces se haya recuperado el nivel de PIB precrisis, y que debe iniciar el recorte de la brecha de ingresos con la Unión Europea. Todo depende ahora de la cuenta atrás hacia el pacto global.
Sociedades, a un paso de un acuerdo histórico
Un acuerdo histórico que tendrá que refrendar el G20 del próximo mes de julio, pero, a día de hoy, parece que todo está encarrilado.
La idea es que las grandes multinacionales paguen al menos un 15% de impuestos de sociedades en todos aquellos países donde generen beneficiso, en lugar de tributar sólo en los territorios donde tienen establecidas sus sedes o las de sus filiales.
Es decir, que estamos ante lo que se conoce como deslocalización fiscal, permite que compañías como Facebook, Google o Apple, entre otras, tributen únicamente en Irlanda por todos los beneficios que obtienen en la Unión Europea, un país con una menor carga impositiva que el resto de estados miembro, al asignar parte de sus ganancias a su filial en ese territorio.
E G7 han establecido que el porcentaje del impuesto será mayor, de un 20%, cuando el margen de beneficio de la empresa supere el 10% en el país.
El acuerdo se alcanzaba después de varios años de negociación en los que ha habido importantes diferencias entre los distintos países. El principal problema para un pacto de estas características ha sido precisamente Estados Unidos, cuyas empresas son las grandes beneficiadas de la deslocalización fiscal que se realiza en Europa, sobre todo las tecnológicas.
Sin embargo, la presión durante años de sus aliados europeos y la voluntad de aumentar la cooperación con la Unión Europea del nuevo presidente norteamericano, Joe Biden, han hecho posible que se llegue a un consenso. De hecho, la cifra del 15% ha sido propuesta por los propios estadounidenses, ya que los países europeos pedían un impuesto del 21%, tal y como proponia hace pocas semanas secretaria del Tesoro de EE.UU, Janet Yellen, que posteriormente rebajó expectativas.
El Gobierno de Donald Trump rebajó el impuesto del 35% al 21% en su reforma fiscal de 2017 y Joe Biden pretendía incluso elevarlo al 28%. Es una de las formas con las que quiere financiar sus ambiciosos planes de gasto, como el de infraestructuras que presentó la semana pasada -más de dos billones de dólares- y el de asistencia social que introducirá en breve. Ambos tendrán una factura conjunta de alrededor de cuatro billones de dólares, que se sumarían a los 1,9 billones del paquete económico frente al Covid-19 aprobado en marzo pasado.
