El salario mínimo se situará en 1.027 euros de aquí a dos años. Antes, en los próximos meses, tal y como ha asegurado Pedro Sánchez, la subida será previsiblemente de 15 euros. Después de las discrepancias entre Economía (Nadia Calviño) y Trabajo, la mejora de los indicadores, como el empleo, han llevado a inclinar la balanza del lado de Yolanda Díaz. Y esto supone que, aunque es prioritario el acuerdo con los agentes sociales, la posición en contra de la patronal CEOE no hará replantearse al Gobierno sus intenciones. “Siguiendo la tradición del ministerio, he querido abrir el diálogo social. Las partes están tomando posiciones. Hay diálogo, ya veremos si termina con acuerdo. Me gustaría que así fuera”, ha dicho la vicepresidenta segunda.
Si antes del verano el presidente del Gobierno le daba largas a la ministra de Trabajo que pedía la subida del salario mínimo interprofesional, las vacaciones le han servido a Pedro Sánchez para reflexionar y darle el ‘sí’ a Yolanda Díaz en este asunto que ocupó portadas en los medios económicos hace un par de meses y que vuelve a hacerlo tras el inicio de temporada.
El Gobierno quiere avanzar en su agenda social acelerando decisiones en medio de un problema que toca de lleno al bolsillo de los ciudadanos. La subida sin precedentes del precio de la luz
Las alarmas están encendidas, decía la vicepresidenta segunda del Gobierno: “Es un problema de máxima importancia. Tenemos más de seis millones de personas pobres energéticamente hablando. La factura de la luz se está convirtiendo en un problema para muchos y puede derivar en un problema social. Es un asunto central y no podemos descuidarnos”.
“Estamos en un momento en el que crece la economía, vamos mejor, y los que más lo necesitan ahora mismo son los precarios, la decisión creo que es la correcta”. dice Yolanda Díaz que, sobre las reticencias de CEOE al aumento, subraya como “la mejor solución… en acuerdo”
El Ejecutivo habla de “recuperación justa”, es decir que, el empujón económico de los fondos europeos se note en el poder adquisitivo de los españoles. Por eso, se aborda de forma urgente el salario mínimo, porque un encarecimiento de los precios en los últimos días es algo que sí está afectando de forma directa a los hogares.
De lo dicho por Pedro Sánchez se desprende que es prioritario el acuerdo con los agentes sociales pero también que la posición en contra de la patronal CEOE no hará replantearse al Gobierno sus intenciones. Después de las discrepancias entre Economía y Trabajo, la buena pinta de los indicadores económicos, como el empleo, ha llevado a inclinar la balanza y aceptar las demandas de Yolanda Díaz.
De hecho, tras la reunión del 1 de septiembre, Trabajo ha convocado un encuentro para el próximo lunes del que saldrá la subida para 2021.
“La Ley exige una consulta, pero siguiendo la tradición del ministerio, he querido abrir el diálogo social. Las partes están tomando posiciones. Hay diálogo, ya veremos si termina con acuerdo. Me gustaría que así fuera para recoger la sensibilidad de las partes”, expuso Díaz en una entrevista. En la misma entrevista aseguró que “estamos en un momento en el que crece la economía, vamos mejor, y los que más lo necesitan ahora mismo son los precarios, la decisión creo que es la correcta”. La ministra, preguntada por las reticencias de CEOE al aumento, subrayó que “la mejor solución siempre es un acuerdo” y que “prima más el acuerdo que las cantidades”.
1.027 euros en 2023
Y de cantidades se habló en la reunión que mantuvo con los agentes sociales la ministra en la que propuso que la subida del salario mínimo interprofesional sea de 15 euros este año y de 31 euros en 2022 y otros 31 euros en 2023. De esta forma, el SMI se colocará en los 1.027 euros a comienzos del 2023.
Para Comisiones Obreras, el aumento propuesto por el Gobierno “es insuficiente, porque no recoge el mantenimiento del poder adquisitivo de salarios en 2021”. Los sindicatos, en los días previos a la reunión, habían alertado de que pedirían un incremento “significativo” que permitiese a los trabajadores con salarios mínimos no perder poder de compra ante la inflación más alta de la última década.
Por su parte, la CEOE, contraria a una subida este año que perjudicaría la recuperación económica, señala que les hubiese gustado “más concreción” en la oferta del Gobierno. “Es imposible no recordar que todavía tenemos poco más de cuatro millones de desempleados (…) en este contexto, sí de recuperación, pero incipiente, nosotros creemos que es imprescindible un escenario de prudencia y de consolidación del crecimiento y del empleo”, explicó la patronal nada más finalizada la reunión.
Previo a ese encuentro con el Ejecutivo, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, insistió en su negativa a un incremento. “Venimos de un año y medio horrible. Si se sube el salario mínimo va a llegar un momento donde se va a contraer el empleo, no se va a pagar, se van a contratar menos horas”.
Si se materializan estas subidas, el salario mínimo se habrá crecido casi un 38% desde que Pedro Sánchez llegó a La y un 60% en los últimos diez años. En 2010 se situaba en 643,3 euros.
Un otoño tenso para las mesas de diálogo
Abrir con el SMI la temporada del diálogo social pone en una posición complicada a los empresarios pero no solo en lo que se refiere a esta subida
El 30 de septiembre finalizan, en principio, dos herramientas vinculadas a la crisis sanitaria: los ERTE y las ayudas por cese de actividad. Sin embargo, podría ser necesaria una prórroga porque la recuperación no deja de ser parcial y las medidas de prevención se mantienen en muchos sectores.
“Mientras que en España siga habiendo restricciones, que las hay, y limitaciones en aforo que no permitan realizar actividades económicas con normalidad, las ayudas por cese de actividad se tienen que mantener”, ha dicho Lorenzo Amor, presidente de ATA. Además, preocupa la sensación de que todo ha pasado, pues la pandemia, recuerda “sigue ahí”: “No podemos no estar preparados si hay una sexta ola y por eso los mecanismos de ayuda tienen que estar articulados”.
Respecto a las pensiones, la primera fase de la reforma es la que está más avanzada pero aún queda mucho por hacer. Para empezar, aunque fue aprobada por el Consejo de Ministros, el Congreso todavía deber dar el visto bueno a la ley, por lo que habrá que negociar antes del 15 de noviembre cuál será el índice de equidad intergeneracional y qué factores tendrá en cuenta, que podrían incluir la evolución del mercado laboral, la natalidad o la inmigración. También habrá que cerrar otros temas, como la cotización por ingresos reales del trabajo autónomo.
Pero éste no es el único frente. La segunda etapa de negociación se presenta con asuntos tan conflictivos como lo son el incremento de las pensiones mínimas y de las bases máximas de cotización.
Sin embargo, va a ser la reforma laboral, el verdadero caballo de batalla. De una parte, está la presión de los sindicatos, que exigen al Gobierno valentía y derogarla en su totalidada; por otro, la patronal, que ha rechazado las propuestas. Y, en medio, las divisiones internas de un Ejecutivo que ya ha chocado en cuestiones clave fuera del diálogo social como la Ley de Vivienda.
El texto presentado a principios de julio recibió un “no” rotundo de la CEOE que lo consideraba «inaceptable» y aseguraba que parecía «responder a una motivación ideológica sin fundamentos económicos». En un duro comunicado tildaban la propuesta de «regresiva», «intervencionista» y advertían que «aboca inevitablemente al desencuentro». El Ministerio, por su parte, afirma estar dispuesto a negociar. Y eso parece ser lo que tendrá que hacer en los próximos meses.
