Ana Sánchez Arjona
A la vuelta de la esquina está la firma que rubrique el pacto sobre la reforma de las pensiones. El Ministerio de Seguridad Social, con José Luis Escrivá al frente, patronal y sindicatos, llevan meses negociando, y aunque hace semanas que aseguran que parte de los aspectos más importantes ya estaban cerrados, faltaba ‘un peso pesado’ de la reforma del Gobierno Rajoy por resolver. El denominado factor de sostenibilidad, que supone ajustar las pensiones a la esperanza de vida, cuya derogación exigían UGT y CC OO como indiscutible para seguir sentados en la mesa de diálogo social. Finalmente, Escrivá ha cedido aunque su intención era aplazar esta decisión al año que viene.
Derogar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, principales elementos de las reformas realizadas en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy, es el principal objetivo de la reforma de las pensiones que están a punto de acordar Gobierno, empresarios y sindicatos. Los secretarios generales de CCOO y UGT aseguran que estamos ante la primera parte de la reforma de pensiones que las organizaciones sociales esperan cerrar en los próximos días lo que implica“conseguir” una “vuelta al año 2011” y, a partir de ahí “sentar las bases de un nuevo acuerdo”.
Pero de momento, lo que está a punto de cerrarse es el capítulo uno del paquete definitivo de la esperada reforma de las pensiones, tras meses de negociaciones, para poder llevarlo en breve al Consejo de Ministros para su aprobación.
El borrador de la nueva ley de pensiones que prepara el Ejecutivo recoge negro sobre blanco la derogación en 2021 del factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que conllevaba un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida
Este primer paquete de medidas tendrá en cuenta las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, ligará la revalorización de las pensiones con el IPC y endurecerá las prejubilaciones, mientras que incentivará retrasar las jubilaciones.
Las partes ultiman el detalle y la letra pequeña del texto que se pondrá en marcha a lo largo de este segundo semestre, tras haber logrado alcanzar el consenso sobre todos los puntos del primer paquete de la reforma. Previsiblemente la firma tendrá lugar la semana que viene.
Fundamental ha sido para cerrar el consenso que José Luis Escrivá haya cedido en lo h sido el principal problema de las negociaciones que ha ido posponiendo el acuerdo mes tras mes desde que se anunció que era inminente. Hablamos del factor de sostenibilidad.
Triquiñuela de Escrivá
El ministro insistía en su idea de aplazar la derogación del factor de sostenibilidad al año que viene, una posibilidad que los sindicatos no han aceptado desde el primer momento tildando la opción que se les proponía como de “triquiñuela” y habían exigido su derogación inmediata, en línea con lo pactado.
Así que el borrador del anteproyecto de la nueva ley de pensiones que prepara el Ejecutivo en consenso con los agentes sociales recoge negro sobre blanco la derogación en 2021 del factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que conllevaba un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida.
Tras su desaparición, señalan los sindicatos, “se establecerá en el plazo de 12 meses y “previa negociación en el marco del diálogo social” un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”, si bien, según el texto de la futura norma, el nuevo mecanismo “deberá estar definido en el momento de entrada en vigor de esta ley”.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge que, antes de que acabe 2022, habrá que sustituir el factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional en el acceso a las pensiones negociado con los interlocutores sociales y avalado por el Pacto de Toledo que, corrigiendo desequilibrios estructurales, “sin sobrecargar en las generaciones más jóvenes el ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los baby-boomers, y con capacidad de operar en los parámetros del sistema en la esfera de ingresos y/o gastos”.
Revalorización con IPC
Otro aspecto decisivo de la reforma es que se garantiza que las pensiones se revalorizarán al comienzo de cada año con el IPC. El Gobierno quiere ajustar las pensiones referenciándolas al índice de precios al consumo, que recoge la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios que adquieren las familias, al que consideran como un “mecanismo permanente de revalorización que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo”.
Además, y con la intención de “preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la suficiencia económica de los pensionistas”, el Ministerio y los agentes sociales realizarán, en el seno del diálogo social, un análisis periódico, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual.
Ese examen quinquenal se trasladará al Pacto de Toledo, al que se unirá una propuesta de reajuste si es que se detectara la necesidad de corregir alguna desviación para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Objetivo: alargar la vida laboral
Gobierno y agentes sociales han pactado dos vías para alargar la vida laboral, no sin la reticencia inicial de sindicatos y patronal: penalizando las jubilaciones anticipadas y ‘premiando’ a quién decida retrasar la suya.
Entre otras medidas, se va impedir que los convenios colectivos puedan obligar a los trabajadores a jubilarse. Por lo menos, hasta que cumplan los 68 años, en coherencia con la edad legal de jubilación, que está en los 67 años. Es José Luis Escrivá el que quiere cambiar esta disposición del Estatuto de los Trabajadores para que la edad real, 64,5 años, se acerque cada vez más a los 67 años.
Rebajas de las cotizaciones por baja laboral para los mayores de 62 años. Se establece que las empresas puedan deducirse el 75% de las cotizaciones sociales empresariales por contingencias comunes de los trabajadores de 62 o más años en baja laboral
Exenciones de cotizaciones por alargar la vida laboral después de los 65 años. La Seguridad Social rebajaría totalmente las cotizaciones de las empresas y de sus trabajadores mayores de 65 años. Tan sólo tendrán que pagar por la cuota por accidentes y enfermedades profesionales. Hasta ahora, sólo se rebajaba la cuota empresarial por mantener a los trabajadores de esta edad.
Incentivos para demorar la jubilación. Se propone incrementar adicionalmente un 4% la pensión por cada año de retraso de la jubilación, siempre que se haya cotizado el tiempo exigido para cobrar la renta. Otra propuesta de la Seguridad Social es premiar al trabajador con una paga única de hasta 12.300 euros por cada año de retraso de la jubilación. Esta cifra es para las pensiones más elevadas y tras una larga carrera de cotización. También hay un pago único comprendido entre 4.786 y 11.000 euros para salarios inferiores.
Penalización de la jubilación anticipada: Los trabajadores despedidos o aquellos para los que sea forzoso dejar el empleo. En función del periodo cotizado, la reducción de la pensión puede estar entre un 4,75% y un 5,50%, con un año de antelación. Si el trabajador se retira dos años antes de lo que le correspondería, la reducción de la pensión puede estar comprendida entre un 12% y un 15%.
Estas penalizaciones son mayores para los trabajadores que se jubilen voluntariamente de forma anticipada. De esta manera, el acuerdo contempla que el recorte de la pensión sea más importante a partir de ese momento. Por ejemplo, en el caso más habitual, de 37 años y 5 meses, si el trabajador se jubila dos años antes de cumplir la edad legal, el recorte de la pensión será del 20% de la cuantía frente al 16% actual.
De esta forma, lo que se quiere es desanimar a los que consideren que merece la pena jubilarse anticipadamente. Además, el documento de la negociación regula que en los sueldos más altos se aplique la recorete sobre el importe de la cuantía. No sobre la base de cotización, tal y como sucede en este momento. La explicación está en que los trabajadores con salarios altos no tienen prácticamente descuentos en la pensión. Sin embargo, esto si se aprecia en los sueldos medios y altos. En todo caso, lo que buscan Gobierno, patronal y sindicatos es aplicar un periodo que se podría denominar de ‘transitorio’ para a la mayor parte de las medidas, y así controlar su impacto.
