El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto sobre la mesa de negociación de la segunda pata de la reforma de las pensiones un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos. La medida se sumaría a la subida de las bases máximas de cotización un 30% en 30 años y a la extensión hasta 2050 de la sobrecotización del 0,6% asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Las bases máximas han subido un 8,6%, desde los 4.139,40 euros mensuales de 2022 a 4.495,38 euros con la Ley de Presupuestos del Estado para 2023
La medida se engloba en un conjunto de iniciativas con las que se busca incrementar los ingresos de la Seguridad Social. El Ministerio que dirige el ministro José Luis Escrivá ha llevado la propuesta a la discusión que mantiene con patronal y sindicatos y en paralelo con los grupos parlamentarios.
Esta propuesta deriva de que actualmente la cuantía del salario que está por encima de la base máxima de cotización (4.495 euros en 2023) no cotiza a la Seguridad Social porque está exenta y aunque se suba la base máxima un 30% en unos 30 años, los salarios más elevados seguirán ‘escapando’ de cotizar en su totalidad.
La segunda parte de la reforma de las pensiones se retrasa por las diferencias las diferencias entre las partes y la polémica propuesta de Escrivá de ampliar del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados. La medida no gusta ni al socio de la coalición, Unidas Podemos, que rechaza cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, ni a sindicatos, que no la ven necesaria ni la consideran apropiada por no formar parte del Pacto de Toledo, ni a empresarios, que también alegan que debería ser discutida primero en ese foro.
Esta segunda parte de la reforma también aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima, pero a distintos ritmos. En su propuesta inicial, el Gobierno propuso vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones (al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre) más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050, lo que supondría un incremento de cerca del 30% en dicho periodo.
Pensión máxima
La subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. El Ministerio propuso inicialmente que la pensión máxima suba también con el IPC promedio de los doce meses anteriores a diciembre, más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas. Pero los sindicatos piden directamente que se destopen las bases máximas y los empresarios rechazan más aumentos de costes.
Las bases máximas han subido un 8,6%, desde los 4.139,40 euros mensuales de 2022 a 4.495,38 euros con la ley de Presupuestos del Estado para 2023. Pero en este año que acaba de comenzar ha entrado en vigor también el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) en sustitución del factor de sostenibilidad. Este establece una cotización adicional finalista de 0,6 puntos sobre el salario bruto, de la que un 0,5% corresponde a la empresa y un 0,1% al trabajador.
El objetivo del MEI, con los que el Gobierno prevé recaudar casi 3.000 millones de euros en 2023 para la ‘hucha de las pensiones’, es el de reforzar los ingresos de la Seguridad Social para afrontar las jubilaciones de los ‘baby boomers’ entre 2032 y 2050. Esta sobrecotización se aplicará en el apartado de contingencias comunes, por el que las empresas pagaban en 2022 un 23,6% y el trabajador, un 4,7%. En las nóminas de enero ya se ha visto reflejado el cambio: las empresas pagarán el 24,1% y los trabajadores, el 4,8%.
