Ana Sánchez Arjona ■
No va a ser fácil. Lo saben todos los que componen la mesa de diálogo social sobre la reforma de las pensiones y el propio José Luis Escrivá. Pero el tiempo apremia una vez que se ha cumplido el plazo que exigía Bruselas y que contemplaba los cambios en el sistema dentro del marco del despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que seguirá dando acceso a España a los Next Generation. El escenario óptimo sería que el pacto se concretará en dos o tres semanas, en cualquier caso, antes de que acabe enero, es lo que esperan en el ministerio que está siendo testigo del ritmo que se le ha imprimido a los contactos desde que comenzará el año. En este contexto de negociaciones apresuradas, el sindicato UGT explica que puede haber ‘fumata blanca’ si, entre otras cosas, se facilita el acceso a la pensión contributiva reduciendo de 15 a 12 los años cotizados para poder cobrarla. Mientras, los empresarios, que endurecían su postura tras el acuerdo entre Gobierno y EH Bildu sobre los ERE, quieren esperar, ver y analizar las nuevas propuestas del ministro.
El ministro de Seguridad Social se ha fijado una fecha límite: el mes de enero de este 2023 que acaba de comenzar. Hace algunas semanas José Luis Escrivá reconocía sin tapujos que el acuerdo para cerrar definitivamente la reforma de las pensiones no se logrará antes de que finalice el año 2022 como exigía Bruselas en el marco del despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que seguirá dando acceso a España a los fondos Next Generation. Las posturas entre Ministerio y agentes sociales, en ese momento estaban alejadas sin visos de acuerdo.
Pero ahora parece que ha habido cambios. Por ejemplo, UGT dice que puede haber pacto si se facilita el acceso a la pensión contributiva reduciendo de 15 a 12 años cotizados el periodo exigible para su cobro.
Elevar el periodo de cálculo, que no estaba contemplado en el Pacto de Toledo, según los sindicatos, provoca desencuentros en el Gobierno. Unidas Podemos no quiere oír hablar de la posibilidad de apoyar cualquier medida que pueda implicar de facto menores pensiones
De esta forma se podría solventar el asunto más complicado planteado por el Ministerio de la Seguridad Social en esta negociación, que ha sido elevar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años cotizados, sin tener en cuenta los 24 meses peores.
Hablamos de la patata caliente de esta negociación, de una propuesta, que según los agentes sociales no estaba contemplada en las recomendaciones del Pacto de Toledo y que no solo genera hostilidad entre empresarios y sindicatos, sino que ha puesto en evidencia desencuentros en la coalición de gobierno. Unidas Podemos no quiere ni hablar de la posibilidad de apoyar cualquier medida que pueda implicar de facto una menor cuantía de las pensiones, como piensa que sucederá si se aplica el nuevo cómputo.
Desde la CEOE reiteran que las nuevas medidas no contarán con su respaldo. Especialmente porque los empresarios no están dispuestos a decir “si” a las que puedan suponer un incremento adicional de los costes. Respecto a esta postura, el ministerio de Trabajo y Economía Social, también quiere cerrar antes de finales de este mes la subida del salario mínimo interprofesional. El Gobierno ya prorrogó el que coloca en 1.000 euros mensuales recogido en el real decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la inflación y que fue aprobado a finales de diciembre.
Pero volviendo a las pensiones, y según ha declarado el líder de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo no será inminente porque antes de cerrarlo los sindicatos necesitan visualizar que la norma pasará el trámite de convalidación parlamentaria con mayoría y sin abrir de nuevo la negociación “al menos sobre los elementos de equilibrio fundamentales”.
Así que, los cambios que están pendientes de pactarse y rubricarse recaen en los aspectos de las pensiones sobre los que hay posturas dispares evidentes entre los agentes sociales es más evidente aún.
Además, del cálculo del cómputo, el destope gradual de las bases máximas de cotización, es decir, de lo que inyectan los salarios más altos al sistema de la Seguridad Social, entre 2025 y 2050, se vincularía a una revisión de la cuantía de las pensiones máximas, aunque no al mismo compás. De hecho, según la última propuesta puesta sobre la mesa para que la estudien sindicatos y empresarios, Escrivá estaría dispuesto a aplazar a 2065 la subida real acumulada del 30% para las percepciones más elevadas. La idea es hacer coincidir el destopoe lo largo de las próximas décadas con el incremento previsto de las bases máximas.
Lagunas de cotización
Sobre la mesa del ministro se encuentran además la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización y otras opciones cuyo objetivo sería contribuir a reducir la brecha de género y que se sumaría al complemento que entró en vigor en marzo de 2022.
Según los datos de la Seguridad Social, la brecha de género alcanza el 27% en las de jubilación que es el plus que reciben de media los hombres que las mujeres a la hora de dejar el mercado laboral. El Ejecutivo podría también mejorar la cobertura de los tiempos perdidos por excedencia debido al cuidado de familiares y de reducción de jornada por cuidado de hijos. También estaría previsto una subida extra a la revalorización anual del 10% de este suplemento entre 2024 y 2025.
En este sentido, UGT insiste en profundizar en la cobertura de vacíos de cotización que hace que el sistema de pensiones «penalice de manera dramática» a las mujeres.
“El equilibrio entre lo que se ahorra por un lado y se gasta por otro tiene que estar en el acuerdo”, seña Pepe Álvarez, que no ve posible cerrar un acuerdo dejando cabos sueltos.
Emmanuel Macron anuncia ‘la madre de todas las reformas’ en el sistema de pensiones francés
Y mientras José Luis Escrivá se afana en cerrar la segunda pata de la reforma en las próximas semanas, en Francia, su primer ministro Emmanuel Macrom se prepara para su propia reforma cuyos intentos previos sacaron a la calle no solo a los sindicatos del país sino también a los ciudadanos.
Y a pesar de que es mucho más laxa si se compara con la propuesta del Gobierno español, la de Macron se conoce como ‘la madre de todas las reformas’.
La principal medida de Macron, es la polémica extensión de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Sin embargo, el anuncio de la considerada «la madre de todas las reformas», anticipa un periodo de tensión en la calle porque la primera huelga ya tiene fecha: el 19 de enero. Además, en el Parlamento, la derecha más extrema y la izquierda van a intentar tumbarla.
Ha sido la primera ministra, Élisabeth Borne, la encargada de presentar a los medios las líneas maestras de esta reforma. El objetivo es el “equilibrio” del sistema, ya que “hace falta que las cotizaciones de los (trabajadores) activos financien las pensiones de los jubilados”.
El déficit generado por el modelo de pensiones galo ha sido la escusa principal esgrimida tanto por Borne como por el ministro de Economía, Bruno Le Maire, quien vaticinó que el decalaje entre ingresos y gastos llegaría a 14.500 millones de euros de aquí a siete años. Con los cambios previstos en la reforma, según Le Mair, los ingresos adicionales rondarían los 18.000 millones para este mismo 2023.
“El déficit va a crecer año tras año, dejarlo crecer sería irresponsable, como también dejarse llevar por medidas demagógicas lo sería aún más…”, argumento ante los periodistas la primera ministra, quien recalcó que no se quiere financiar el agujero con más impuestos o un tijeretazo a las pensiones.
Según el guion del Ejecutivo Macron, la edad de jubilación subirá desde el próximo mes de septiembre en tres meses. Los incrementos serán iguales cada año hasta alcanzar los 64 en 2024.
